Cada 15 minutos muere en España una persona en lista de espera de la dependencia
En 2024, más de 34.000 personas fallecieron en España mientras esperaban ser valoradas o atendidas por el Sistema de Atención a la Dependencia, lo que equivale a una muerte cada 15 minutos. Además, más de 270.000 personas siguen siguen a la espera de ser valoradas o atendidas, según el XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España y presentado este viernes en el Congreso de los Diputados.
El informe, consultado por Ep, detalla que entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 murieron 34.252 personas en la lista de espera: 17.158 pendientes de resolución y 17.094 con su situación de dependencia reconocida pero sin recibir atención. Desde la aprobación de la Ley de Dependencia hace 18 años, 3.699.078 personas han sido atendidas, pero 900.000 han fallecido sin recibir ayuda.
El presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, ha criticado duramente la situación, señalando que la elevada cifra de fallecimientos en listas de espera es una realidad incómoda para los gobiernos autonómicos y nacionales. Además, ha denunciado que el tiempo medio de resolución de expedientes en 2023 fue de 334 días, diez más que el año anterior, lo que ralentiza la atención y prolonga el sufrimiento de las personas dependientes.
"Este es un dato terrible, cuando nosotros decimos esto los ministerios, desde que se hacen públicos estos datos, es lo que más les fastidia a los gobernantes que se hablen de los muertos en su comunidad autónoma, de los muertos en el país, hasta el propio ministro en una rueda de prensa decía 'sólo habláis de muertos'. Coño pues que no haya listas de espera. Si no hubiera 270.000 personas en lista de espera no habría tantos muertos", ha denunciado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe en el Congreso de los Diputados.
A pesar de la reducción de 26.106 personas en la lista de espera con respecto a 2023, la Asociación advierte que el ritmo actual haría falta más de una década para alcanzar la plena atención. El Ministerio de Derechos Sociales, sin embargo, ha desmentido las cifras, asegurando que el número real de personas en espera es de 193.745. Según la Asociación, 2024 cerró con 270.325 personas en espera, de las cuales 142.466 tienen derecho reconocido pero sin atención y 127.879 aún están pendientes de valoración, , 10.698 más que hace un año.
El informe también destaca que en 2024 el número de personas atendidas aumentó hasta 1.518.424, un 7,55% más que al inicio del año. Sin embargo, la Asociación critica que el sistema funciona con un modelo "low cost", con prestaciones y servicios de baja intensidad que no cubren las necesidades reales de los dependientes. "Ni siquiera el importante incremento de financiación que recibió el Sistema entre los años 2021 a 2023, en el Plan de Choque, ha logrado impedir que el Sistema se desarrolle con un modelo 'low cost', con prestaciones y servicios de muy baja intensidad o cuantía, que no responden a las necesidades de las personas en situación de dependencia", critican.
Uno de los ejemplos más alarmantes es el servicio de teleasistencia, del cual 65.973 personas lo reciben como única prestación. Asimismo, el 41,9% de los beneficiarios del sistema reciben la prestación de cuidadoras familiares, con un importe medio mensual de 264,11 euros, lo que sigue siendo insuficiente.
En cuanto a la ayuda a domicilio, la intensidad horaria media en 2024 fue de 35,65 horas mensuales, lo que se traduce en apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para los Grado III, quienes requieren apoyo constante.
La Asociación también ha denunciado la reciente reforma de la Ley de Dependencia, aprobada sin incremento presupuestario, exigiendo una inversión adicional de 1.000 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Consideran fundamental agilizar los procedimientos, aumentar las cuantías de las prestaciones y mejorar la compatibilidad de los servicios.
Finalmente, el informe subraya las desigualdades entre comunidades autónomas en cuanto a cobertura y gestión. Castilla y León y Castilla-La Mancha lideran el ranking con 8,3 puntos, mientras que Murcia (3,1), Canarias (3,3), Cataluña (3,6) y Cantabria (3,6) se encuentran en los últimos puestos. La clasificación se basa en 18 indicadores, entre ellos el número de beneficiarios con prestación efectiva y el gasto público en dependencia.