Así trabajan los "caza-anabolizantes" de la Policía: "Esto da más dinero que la droga"

Terminaron el año pasado con 22 operaciones policiales, 69 entradas y registros, 37 inspecciones y cerca de 200 detenidos. Las cifras permiten hacerse una idea del trabajo que se lleva a cabo en la sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Policía Nacional, ubicada dentro de la UDEV Central de Policía Judicial y que tiene su centro de operaciones en Canillas. Puede que sea una de las secciones policiales más desconocidas pero lo «variopinto» de sus tareas (están acostumbrados a escuchar que son el «cajón desastre») y el volumen de trabajo que manejan les convierte en un servicio imprescindible para la ciudadanía.

Y es que son ellos quienes se encargan de retirar del mercado alimentos en mal estado, productos cosméticos con componentes cancerígenos o medicamentos que sortean los cauces legales para su venta en el mercado negro; aunque también abortan peleas de gallos o desmantelan laboratorios ilegales de anabolizantes con una estructura criminal detrás. En definitiva, productos a los que todos estamos expuestos a consumir.

Detrás de este negocio hay grupos organizados que ganan ingentes cantidades de dinero jugando con la salud de la gente y con un castigo penal quizás demasiado liviano. Es una de las dificultades con las que combaten a diario los agentes de la sección de Juan José Castro, el inspector jefe de la Sección, que tienen que lidiar con la baja percepción del riesgo y el escaso reproche social, lo que da alas a los delincuentes.

"Hay narcos que ya se han pasado a los anabolizantes"

«Traficando con anabolizantes, por ejemplo, se gana mucho más dinero que con la droga y el riesgo es mucho menor», sostiene Castro, que asegura que ya hay organizaciones de narcos que se han pasado al tráfico de anabolizantes. «También es un delito contra la salud pública pero muchas veces solo están entrando en prisión si se consigue probar la fabricación, la organización criminal u otros delitos conexos», sostiene.

A pesar de todo, detrás de un laboratorio de anabolizantes puede haber alguien sin ningún tipo de conocimiento en la materia y que lleve una vida aparentemente normal dedicado a otra cosa. Era el caso de un pintor («de brocha gorda») de Valdepeñas sin ninguna relación con el sector. Las condiciones higiénicas del laboratorio eran deplorables y, por supuesto, no pasaría ninguna inspección de Sanidad. «En uno vimos cómo hacían las mezclas en una bañera con tres dedos de polvo y la hormona, lo que se pincha, en un vial con pelos», asegura.

La sección ya ha desmantelado muchos laboratorios clandestinos dedicados a la producción ilegal de anabolizantes y ahora está cerca de otro que opera a nivel internacional y que, están convencidos, tiene su base en España.

El modus operandi suele ser calcado: traen el principio activo de países asiáticos, importan los excipientes y montan una «fábrica» en cualquier domicilio para rellenar los viales que posteriormente embalan en cajas de otras marcas comerciales, camuflando así los pedidos. Uno de los motivos por los que la sección trabaja a menudo con policías de otros países es precisamente este último: al poder realizar envíos a cualquier parte del mundo (la organización publicita su producto por redes sociales), multiplican sus beneficios.

20.000 euros al mes solo a nivel local

«Alguien que produce a nivel local puede sacarle fácilmente unos 20.000 euros al mes, así que calcula cuando se mueven ya solo a nivel nacional», apunta el inspector jefe. Por eso una de las grandes bazas de estos investigadores es atacar la vía patrimonial, ya que la organización necesita blanquear y es la única forma de acabar con el problema de raíz.

En esta vertiente «médica», el grupo trabaja codo con codo con la Agencia Española del Medicamento (donde analizan los productos incautados) y la Agencia Antidopaje. Y es que no solo se trafica con anabolizantes. Los últimos años ha habido un «boom» en el mercado negro de los medicamentos y ya hay mucha gente que trata de conseguir medicinas no solo por internet, con el peligro que eso conlleva, sino también a través del «dealer» del barrio, que consigue Rivotril, Ozempic o cualquier medicamento «legal» por la vía ilegal.

Médicos y farmacéuticos

Aquí nadie se libra porque los investigadores se han topado hasta con médicos y farmacéuticos que se sacan un sueldo extra en «modo pirata»: médicos recetando a la carta bajo precio o farmacéuticos que revenden medicinas de algunos consumidores que no han ido a retirarlos de su tarjeta sanitaria.

Pero no es tarea sencilla comenzar estas investigaciones porque raramente se cursan denuncias y esa opacidad no permite tirar del hilo con facilidad. Y es que cualquier producto que lleve un mínimo porcentaje de un medicamento debe pasar unos controles exhaustivos marcados por Sanidad y no puede comercializarse como, por ejemplo, un producto «natural» o inocuo. En el mejor de los casos, no hace absolutamente nada organismo (esta sección también lleva, por cierto, publicidad engañosa y estafas) pero podemos hablar de serias intoxicaciones.

De 9 meses a 3 años de prisión

A pesar del evidente riesgo que supone para la salud (el Código Penal lo recoge en los artículos que van de 359 al 371) este tipo de delitos no están muy castigados y los autores se enfrentan a penas que pueden oscilan de los 9 meses a los 3 años de prisión. Pero sigue costando mucho que cale la conciencia social al respecto. Incluso los propios jueces muestran a veces ciertas reticencias en asumir procesos judiciales sobre este tipo de asuntos, que suelen llevar aparejados abundante y farragosa documentación muy técnica, lo que implica que hasta los propios investigadores tengan que «hacer un máster» en la materia para poder actuar. Es otro de los hándicaps a los que se enfrenta la sección y que solo hace remar a favor del delincuente, que se siente impune y sigue operando.

Pero no solo en el área de Dopaje –incluye medicamentos y anabolizantes– tienen este problema. En el grupo de Medio Ambiente y en el de Consumo ocurre algo similar: productos cancerígenos o dañinos para el medio ambiente, según una legislación europea en constante actualización.

El grupo de Consumo hizo recientemente una operación en la que logró confiscar una enorme partida de pintauñas ("operación Nails") que llevaba productos cancerígenos y que se estaba comercializando en Madrid tras su manipulación en una nave de Cobo Calleja (Fuenlabrada). O maquillaje de Turquía que tampoco ha pasado los pertinentes cauces reglamentarios.

Son productos que están al alcance de cualquiera y que el ciudadano presupone que ha pasado los controles que marca la ley. En este grupo trabajan mucho con fraudes alimentarios y medicamentos que no son para el aumento del rendimiento (que ya serían anabolizantes y estaría vinculado al dopaje deportivo). Esto son miles de productos naturales que contienen componentes medicamentosos: supuesta proteína que contiene un «plus» para aumentar más rápido el músculo.

Le echan, por ejemplo, Episdrol, una sustancia consumida en entornos fisicoculturistas y que fue retirada del mercado por orden de Sanidad en 2013. Fue prohibida porque, asegura el experto, muchos consumidores habían estado cerca de necesitar un trasplante, por lo que no es un producto baladí.

Suelen venderse en tiendas de nutrición frecuentadas por culturistas, donde también se han encontrado productos que contenían Sibutramina, un derivado de la anfetamina que también llevó al borde de la muerte a una mujer. «Si tomas un producto natural que te hace adelgazar cuatro kilos en una semana es imposible si no lleva algún componente metabólico», insiste Castro.

Cambian la etiqueta y siguen vendiendo

El 99% de estos productos, además, se fabrican en España porque el control de los productos nutricionales es mucho más laxo. «Falta concienciación. Los jueces muchas veces los ponen en libertad porque no creen que pueda morir alguien por eso. Y si no hemos podido localizar el lugar donde almacenan el producto, las mismas personas perfectamente pueden cambiar la etiqueta al mismo, lo dan de alta en el Registro y lo siguen vendiendo. Y se pueden cargar a alguien», zanja el inspector jefe. Así de simple. Y así de peligroso.

Tampoco escapa al radar de estos agentes los delitos relacionados con el Medio Ambiente vinculada a la delincuencia organizada, donde entran algunos casos de maltrato animal (peleas de perros y gallos o tráfico de especies) y de daños al ecosistema, como la utilización de productos fitosanitarios prohibidos.

Una de las operaciones más recientes ha sido la «operación Capilla», desarrollada en la ría de Ferrol en colaboración con la Policía marítima portuguesa. Hubo 14 detenidos de una red que actuaba con mariscadores furtivos y empresas de pescado legales que utilizaban para blanquear e introducir el producto en el mercado ordinario. Los agentes llegaron a tiempo de retirar del mercado vieiras de una toxicidad muy elevada que no hubieran quedado en un simple malestar estomacal. Una «simple» red de furtivos era en realidad una organización criminal y es ahí donde la Policía quiere golpear. «No avanzamos nada si solo retiramos el producto del mercado: tenemos que dar a toda la estructura», resume el experto.