El plan de Sánchez para "librar" a Begoña Gómez de la Justicia se tambalea: la reforma de la Lecrim se retrasa al menos un mes más

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocida como "ley Begoña", impulsada por el PSOE para tratar de cerrar la investigación judicial a Begoña Gómez y a David Sánchez, mujer y hermano de Pedro Sánchez, respectivamente, se tambalea. Los socialistas presentaron la iniciativa a principios de enero para acotar la acción popular y liquidar los procedimientos penales que se han abierto en un juzgado de Madrid y en juzgado de Badajoz contra el entorno familiar del presidente del Gobierno, pero la ley sigue en un cajón porque sigue sin concitar los apoyos de Junts. De hecho, va a seguir en un cajón durante todo el mes de marzo, según fuentes consultadas por LA RAZÓN, porque el PSOE no tiene turno para meter la ley en una de las tres sesiones plenarias que celebra el Congreso en marzo.

El PSOE podría salvar ese escenario si acordara con algún grupo cambiar el turno para que le dejara su espacio en marzo. Si no es así, la ley podría debatirse y votarse por primera vez en el Pleno en la primera semana de abril, lo que hace prácticamente imposible que esté aprobada antes de julio y eso pone en riesgo su efectividad dado que si David Sánchez o Begoña Gómez son condenados antes, la ley quedaría sin efecto ya que se pretende aplicar a investigaciones que están en curso.

En este sentido, cabe recordar que la ley tendrá que superar hasta tres votaciones plenarias dado que habrá una para la toma en consideración, otra para las enmiendas a la totalidad y otra para el conjunto del texto. Por medio, tendrá que negociarse cambios en las enmiendas parciales en la fase de ponencia y de Comisión, que suponen otras dos sesiones más. Por tanto, nada hace pensar que la ley no vaya a requerir menos de un mes de tramitación en el Congreso.

A partir de ahí, la norma pasará al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y aprobará previsiblemente un veto. Además, el Senado puede tener la ley retenida durante dos meses y probablemente se dé ese escenario.

Tras pasar por el Senado, la iniciativa requerirá otra votación en el Congreso para levantar el veto del Senado. Al ser una ley orgánica, la votación en el Pleno del Congreso requerirá de mayoría absoluta, por lo que el PSOE va a necesitar el apoyo sí o sí de Junts para superar los 176 escaños.

Sin embargo, de momento es incapaz de concitar el apoyo de sus socios de investidura ya que la norma no ha empezado a tramitarse pese a las prisas que ha mostrado siempre el PSOE: como prueba, que se ha pedido la tramitación por urgencia.