Los jueces de 'viogen' avisan de que colapsarán con la reforma del Gobierno: un 20% más de trabajo
Los jueces y juezas de violencia de género han emitido un comunicado conjunto con motivo del 8M para advertir de que una de las últimas reformas del ministro de Justicia, Félix Bolaños, tendrá como "efecto inmediato el colapso total" de unos juzgados "ya de por sí sobrecargados" dado que supondrá un "aumento de la carga de trabajo de al menos el 20%".
El incremento de los casos a atender lo explica que la reforma legislativa (llamada Ley Orgánica en materia de eficiencia para el Servicio Público de Justicia) impulsada por el Gobierno implica que los delitos sexuales también serán competencia de estas instancias especializadas en violencia contra la mujer. Hasta ahora conocían los asuntos de violencia sexual siempre y cuando entre la víctima mujer y el agresión varón hubiese un vínculo afectivo, y ahora recaerán sobre ellos con independencia de la existencia de este vínculo.
Especialmente gravoso será que esta fuerte subida de los asuntos incluirá "múltiples actuaciones inmediatas y urgentes", como la valoración de entradas y registros o intervenciones telefónicas, por parte de unos juzgados que en su inmensa mayoría no tienen servicio de guardia. Solo 30 de los 88 tribunales exclusivos de violencia de género tienen este servicio excepcional.
"Lo que significa que deben realizarse al tiempo que se celebre una vista de divorcio, una declaración testifical o un juicio de tráfico por ejemplo", lo que se traduce, explican estos 135 miembros de la judicatura, que estos quedarán aplazados en muchas ocasiones.
Quedarán en un más que frágil situación unos tribunales que, recuerdan, llevan "asuntos tan sensibles como los relacionados con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas".
Los jueces advierten así públicamente de que "lo que no se cuenta a la ciudadanía" es que "en estos casi 20 años se ha aumentado progresivamente y exponencialmente tanto el tipo de delitos como el número de denuncias, sin que este aumento haya ido acompañado de una correlativa ampliación" de los tribunales.
Las condiciones actuales son, denuncian los jueces, de tal "precariedad de medios" que no cuentan con "los preceptivos equipos de valoración forense, para atender a las víctimas", los dispositivos telemáticos de control tienen un "más que deficiente funcionamiento", no hay "forenses de guardia" y las salas dedicadas a la exploración a menores no presentan las "condiciones idóneas en atención a su edad y vulnerabilidad".
Estos problemas, que avisan de que existen desde hace años, han sido traslados a las autoridades con peticiones sucesivas de dotación de personal y medios sin que hayan sido nunca atendidas, tal y como denuncian por medio de este comunicado.
Para dejar patente que este problema es "sobradamente conocido y denunciado" se remiten a que han sido recogidas en los informes tanto del Defensor del Pueblo como del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y Doméstica (Grevio).
En definitiva, los jueces especializados en violencia de género muestra en esta carta pública su total oposición a esta "reforma a coste cero" porque "supone un desbordamiento en la propia configuración de estos órganos". Que conllevará, además de "saturación y colapso", la "absoluta imposibilidad material" de seguir proporcionando a la víctimas "un trato adecuado y sosegado".