Las comunidades autónomas gastaron en 2024 más de 100.000 millones en gasto de personal
Las comunidades autónomas (CC AA) destinaron en el año 2024 más de 100.000 millones de euros a sufragar el coste de su empleados públicos, lo que ha supuesto un nuevo récord que, por otra parte, se supera año tras año. En el ejercicio pasado, el capítulo dedicado a sueldos y salarios, a falta del cierre definitivo, rondará los 105.000 millones de euros y, por segundo año consecutivo, rebasará la cifra psicológica –sin mayor relevancia económica– de los 100.000 millones. Los gobiernos autonómicos, hasta noviembre de 2024, gastaron un total de 94.825 millones de euros en pagar a su personal –funcionarios, contratados, interinos, laborales, etc-, según los datos de la Intervención General del Estado (IGAE).
En el mismo periodo de 2023, el gasto por el mismo concepto fue de 89.274 millones, cantidad que al finalizar el ejercicio llegó hasta los 101.916 millones, siempre según las mismas fuentes oficiales. Es decir, en diciembre de 2023, el coste de personal de las administraciones autonómicas rondó los 12.000 millones. Eso significa que en el último mes de 2024, las nóminas de las CCAA crecieron un mínimo similar, en el mejor de los casos –será superior al final–, lo que supone que el gasto anual en sueldos y salarios se habrá situado por encima de los 105.000 millones de euros. La aritmética, como el algodón, no miente.
Los costes de personal de las regiones son, más o menos, 3,5 veces superiores a los de la Administración Central del Estado (AGE), también según los registros oficiales de la IGAE y, además representan más de 62% de todo el capítulo de sueldos y salarios de todas las Administraciones Públicas. En 2023, por ejemplo, a falta del cierre de 2024, que no altera los porcentajes, el conjunto de Administraciones destinó 163.373 millones a remunerar al personal, de distinta naturaleza, que tenía contratado. De esa cifra, 101.916, correspondió a las autonomías, 29.626 millones a las Administraciones Locales –ayuntamientos y cabidos, sobre todo–, 28.781 a la Administración Central y 2.960 al personal correspondiente a la Seguridad Social.
En 2024, según los datos de la IGAE hasta noviembre, la relación es más o menos la misma, aunque todavía se ha desequilibrado algo más hacia el coste soportado por las Administraciones autonómicas que, por otra parte, soportan los gastos, sobre todo, de sanidad y educación, con todos sus empleados. De hecho, el personal autonómico dependiente de forma directa de suma 1,85 millones, frente a los 599.532 empleados de las corporaciones locales y los 529.565 de la Administración Central, según los datos del último Boletín del Personal del Servicio Público del Estado.
El incremento continuado del gasto en personal de las CC AA, hasta cierto punto lógico, en la medida que asumían competencias estatales, no ha sido compensado con una reducción de los costes por el mismo concepto de la Administración Central. Otra vez, los datos son apabullantes. En 2015, por tomar como referencia diez años atrás, las comunidades dedicaron 71.375 millones de euros a retribuir a sus empleados. Ese mismo año, el Estado dedicó 23.607 millones a atender a sus necesidades laborales. Un decenio después, ambas cifras han crecido, aunque es cierto que en mucha mayor medida la autonómica que la estatal que, en último extremo, podría justificarse por las actualizaciones de las tablas salariales, aunque no en el número de efectivos, que ha continuado en aumento, lo que ha permitido, de alguna manera, contribuir a que las cifras de desempleo sean menores.
La radiografía laboral del sector de las distintas Administraciones Públicas españolas tampoco presenta mayores secretos, tanto desde del punto de vista numérico como el de los costes. Responde, con algunas matizaciones, al peso en la economía nacional y, sobre todo, a la población. Así, en 2024, y siempre hasta noviembre –no hay datos posteriores–, Andalucía, con 16.042 millones, es la que más gasta en sueldos y salarios de empleados públicos. Le sigue Cataluña, con 15.855 millones y, ya a bastante distancia, Madrid, con 10.862 millones. La Administración autonómica que gasta menos en este concepto en términos absolutos –otra cosa en relación con el tamaño de su economía– es La Rioja, con 762 millones, mientras que en la Comunidad Valenciana ese capítulo llega a los 9.392 millones y en el País Vasco a 6.002 millones. En conclusión, las CC AA son las grandes empleadoras públicas del país y, en 2024, incrementaron ese capítulo en más de un 6%, muy por encima, por ejemplo, de la inflación y también del crecimiento de la economía. Son los datos asépticos, aislados de mayores interpretaciones.