Marlaska desinfla ahora las pretensiones de Junts en materia migratoria: "No hay cesión en fronteras"
Batalla argumental entre el Gobierno y Junts como consecuencia de la delegación de competencias en materia migratoria a Cataluña. Desde que se conoció la nueva cesión, la formación de Carles Puigdemont ha insistido en vender que se trata de una delegación completa para avanzar en su objetivo de la independencia. Sin embargo, han sido muchas las voces que han rebajado sus aspiraciones. Además de las protestas que han llegado de diferentes sectores.
El Gobierno también ha estado estos días tratando de desmentir los argumentos de Junts y el último en hacerlo, después de días de silencio, ha sido el responsable de este ámbito, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha venido a desmentir las afirmaciones de los independentistas.
"No hay cesión sobre el control de fronteras y los flujos migratorios irregulares", ha señalado tajante el titular de Interior, tras participar en la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, en el Museo Arqueológico Nacional.
Avance en el autogobierno
El ministro ha comentado que lo que quiere decir es que "la Policía y la Guardia Civil seguirán haciendo las funciones que desarrollan en fronteras una vez que se apruebe la ley", ya que los Mossos d'Esquadra asumirán funciones complementarias dentro de un acuerdo que supone un avance en el "autogobierno" de Cataluña, informaEp.
"La Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional y, por ser muy expresivo, será quien ponga el sello en los pasaportes", ha añadido Marlaska al ser preguntado si ha cambiado de opinión tras negar en septiembre que el control de fronteras y sobre flujos migratorios fueran susceptibles de ser transferidos o delegados.
En este sentido, Marlaska ha limitado el papel que jugarán los Mossos en temas como las devoluciones, insistiendo que el Estado asume aquellos casos de situación irregular. "Una persona en situación de irregularidad, es decir, que ha entrado irregularmente en España, y la sanción que conlleva esa irregularidad es la expulsión, será la Administración General del Estado", ha dicho.
"Los Mossos actuarán en fronteras en el marco de las competencias que finalmente reseñe esa proposición", ha añadido, hablando de las devoluciones pero limitándolo a los casos de "aquellas personas que tienen la prohibición expresa de entrar en España".
Y ha insistido para desinflar las pretensiones y publicidad de los secesionistas: "Otra cosa son las devoluciones que no exigen expediente y las devoluciones de aquellas personas que tienen la prohibición expresa de entrar en territorio nacional", ha continuado, poniendo un ejemplo: "Aquellos que la pena privativa de libertad se les ha sustituido por la expulsión y que, normalmente, lleva también una prohibición de entrada en territorio nacional por un tiempo".
El requisito del catalán
Al ser preguntado sobre otros puntos polémicos como el control en los CIE por parte de los Mossos o la necesidad de aprender catalán por parte de los extranjeros como un requisito, como esgrime Junts, el ministro se ha remitido a la "defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales" que menciona el texto de la futura ley, "y más de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad".
"Y respecto al uso del catalán, creo que la legislación actual determina claramente lo que son el uso de las lenguas oficiales, como en este caso el uso del conocimiento del catalán", ha indicado.
Según Marlaska, "es un elemento que determina circunstancias como el arraigo y susceptible de ser valorable; en modo alguno, y también va a ser determinante de que una persona tenga la residencia o que una persona sea expulsada, eso es algo obvio".
Dicho esto, Marlaska ha defendido la proposición de ley pactada entre socialistas y el partido de Carles Puigdemont porque con la delegación en materia migratoria y la incorporación de los Mossos en puertos y aeropuertos lo que se quiere es dar "un paso más en algo tan importante en un Estado autonómico como mejorar el servicio público a la ciudadanía y la coordinación y cooperación del conjunto de administraciones".