Las claves de la nueva ley de "buen uso" de la IA que ha aprobado el Gobierno y que prevé sanciones de hasta 35 millones de euros
El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes el anteproyecto de ley para un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de la Inteligencia Artificial (IA), cuyo fin último es establecer la obligatoriedad de etiquetar los contenidos que hayan sido generados y creados con esta nueva herramienta tecnológica.
Además, esta nueva normativa pretende adaptar la legislación española a lo estipulado en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que se aprobó en el Parlamento Europeo el 13 de marzo del año pasado.
"La IA es una herramienta muy poderosa, que puede servir para mejorar nuestras vidas o atacar a la democracia; puede tener buenos usos o malos usos. La IA puede ser utilizada para investigar el cáncer o el Alzhéimer, para prevenir catástrofes naturales, para descubrir nuevos medicamentos; o puede ser usada para difundir bulos y mentiras, esparcir odio y atacar a nuestra democracia. Por eso es oportuno su buen uso y gobernanza", explicó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las claves de la nueva ley de "buen uso" de la IA
Según el ministro López, este nuevo anteproyecto de ley supone el remate final al "gran escudo europeo" que defiende los "derechos digitales en un contexto como el actual", tras los anteproyectos de ley que regulan los servicios digitales y los medios de comunicación. Así, esta normativa busca proteger los derechos digitales "frente a un uso negativo" de la inteligencia artificial, y lo hace "identificando prácticas prohibidas y también sistemas de alto riesgo".
Entre sus prácticas prohibidas, la nueva normativa establece que queda restringido el uso de técnicas subliminales, como imágenes o sonidos imperceptibles, para manipular las decisiones de las personas sin su consentimiento, como sería el caso de un chatbot que identifica a usuarios con adicción al juego y les incita a entrar en plataformas de juego online.
Además, también se prohíbe la clasificación biométrica de las personas por raza u orientación política, religiosa o sexual, así como la puntuación de individuos o grupos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales como método de selección para, por ejemplo, denegarles la concesión de subvenciones o préstamos.
También, entre otras restricciones se encuentra valorar el riesgo de que una persona cometa un delito basándose en datos personales como su historial familiar, nivel educativo o lugar de residencia, con excepciones legales. Aunque, sin embargo, una de las máximas es la obligatoriedad de etiquetar e identificar correctamente cualquier imagen, audio o vídeo que haya sido creado, generado o manipulado con inteligencia artificial, sobre todo después de los recientes casos de vídeos difundidos por los partidos políticos como parte de su estrategia de comunicación.
Sanciones de hasta 35 millones de euros
Según explicó el ministros para la Transformación Digital y de la Función Pública, las prácticas prohibidas entraron en vigor el 2 de febrero de 2025, y no será hasta el 2 de agosto del mismo año cuando se empiece a sancionar mediante multas u otras medidas a los infractores.
Así, Óscar López desgranó que las sanciones oscilarán entre los 7,5 y los 35 millones de euros, aunque dependerán de la gravedad de la infracción cometida. Todo ello mientras explicó que las autoridades encargadas de vigilar los sistemas prohibidos serán la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para sistemas biométricos y gestión de fronteras; el Consejo General del Poder Judicial (CJPG) para sistemas de IA en el ámbito de la justicia, la Junta Electoral Central para sistemas que IA que afecten a procesos democráticos y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) en el resto de los casos.