"Caso Negreira": los expresidentes del Barça Bartomeu y Rosell declararán como imputados en junio
Los expresidentes del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell declararán como imputados en el "caso Negreira" -en el que se investigan los pagos de más de siete millones de euros por parte del club blaugrana entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira cuando era vicepresidente de los árbitros- el próximo junio. Así lo ha decidido la instructora del procedimiento, que cita también a declarar como investigado a Javier Enríquez, hijo de Negreira, a cuyas empresas fueron a parar parte de esos pagos, y a otros tres investigados, entre ellos el exdirectivo culé Albert Soler.
Según una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, Enríquez, Rosell, Grau y al exdirectivo de Bartomeu Óscar Grau deben comparecer en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona el próximo 30 de junio. Antes, el día 17, lo harán Bartomeu y la también imputada Ana Paula Rufas.
La magistrada Alejandra Gil -sustituta del anterior instructor Joaquín Aguirre tras su jubilación- expone en ese auto que el procedimiento "podría dilatarse" si no se llevan a cabo estos interrogatorios pendientes, pues hasta el momento el único imputado que ha comparecido ante el instructor es el propio Enríquez Negreira.
La instructora anticipa, además, que a raíz de sus declaraciones puede ser necesario abrir nuevas líneas de investigación "como rastreo del dinero" o la citación de más testigos "que pudieran corroborar, por ejemplo, la versión que sobre determinados hechos puedan dar los investigados". En previsión de que haya que acordar nuevas diligencias, el juez amplía seis meses más la investigación.
No en balde, la Guardia Civil ya puso de manifiesto que los pagos del club azulgrana a Negreira y su entorno presentan "una opacidad económica significativa" que acarrea una "dificultad para rastrear el flujo real de los fondos", hasta el punto de que no se ha podido determinar "el motivo real por el que se efectuaron los pagos". De hecho, se desconoce dónde han ido a parar al menos 3,2 millones.
La magistrada investiga la supuesta comisión de delitos de cohecho, corrupción en el deporte, administración desleal y falsedad documental a raíz de los pagos efectuados por el Barça a Negreira y su hijo, Javier Enríquez. Ambos están imputados, al igual que el club azulgrana como persona jurídica, Joan Laporta y sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, entre otros.
No se sabe el destino de 3,2 millones
El último informe de la UCO, adelantado por LA RAZÓN el pasado diciembre, concluye que los pagos del Barça a Negreira se duplicaron sin causa justificada durante el primer mandato de Laporta (2006-2009) -pasando de 67.625 euros en 2004 a 364.954 en 2008- y bajo la presidencia de Sandro Rosell de 2010 a 2013 (sumando en 2010 777.607 euros).
Según señala, entre el FC Barcelona y las sociedades vinculadas al exvicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira y su entorno subyacía "un patrón claro de transferencias financieras". Ese dictamen, que fija el volumen de esos pagos en 8.389.599, 73 euros, sostiene que esos desembolsos y las "salidas de dinero en forma de cheques y retiradas de efectivo" apuntan a una "intención deliberada y fraudulenta de obtener beneficios no justificados" bajo el pretexto de una actividad mercantil.
La Guardia Civil identificó 135 transferencias al entorno del exvicepresidente de los árbitros entre 2003 y 2018, unos pagos que -dejaba claro- la investigación ha demostrado "de manera objetiva".
El informe policial cuestiona la imparcialidad de las evaluaciones del Comité Técnico de Árbitros (CTA) controlado por Negreira, quien según pone de relieve utilizaba como "intermediario financiero" al entonces informador arbitral del CTA José Martínez Alfonso (amigo del ex "número dos" de los árbitros y antiguo linier), algo que la Guardia Civil considera "incongruente" dado que se encargaba, aseguran los agentes, de retirar cheques de empresas de Negreira y su entorno -Nilsad y Dasnil, que se nutrían de ingresos del FC Barcelona- al mismo tiempo que "simultáneamente" ejercía esas funciones para el CTA, "demostrando una existencia de subordinación respecto al entonces vicepresidente arbitral.
Para la Guardia Civil, esa "dualidad de roles" "pone en cuestión la transparencia de las propias actividades financieras y, además, compromete su propia imparcialidad de las evaluaciones arbitrales realizadas". Y es que durante ese tiempo, subrayaba el informe, percibió de la RFEF, el Comité Técnico de Árbitros y el FC Barcelona al menos 6.142,09 euros "por realizar informes arbitrales, informes con los que se evalúa a los árbitros".