Jubilaciones, salarios, medios materiales, infraestructuras, OCON SUR...¿para cuándo Marlaska?

Se ha consumido el primer mes de 2026 y las Fuerzas de Seguridad siguen con sus reivindicaciones pendientes, que no por repetidas son menos justas. El dedo acusador se dirige siempre al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. LA RAZÓN ha preguntado a portavoces de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y y de la Confederación Española de Policía (CEP) para actualizar dichas reclamaciones y lo que esperan del año que acaba de empezar.

Para AEGC hay un asunto que es prioritario desde el punto de vista operativo. Que se dé marcha atrás a la decisión tomada en 2022 de desmantelar el OCON SUR y que se vuelva a reactivar para poder poner cerco a las mafias del narcotráfico que vienen operando en todo el litoral andaluz y en el curso del Guadalquivir. "El desmantelamiento del OCON SUR fue un despropósito porque estaba resultando muy efectivo en la lucha contra estas mafias que mueven la droga que entra en Europa por el sur”.

Desde el punto de vista profesional, recuerdan que el Parlamento Europeo, "tras reunirse con una delegación de nuestra asociación y de la CEP, mostró “su acuerdo con nuestra defensa de esta unidad y también pidiera, como venimos haciendo de la consideración de profesión de riesgo y consideración de autoridad para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, medidas que pronto se verán recogidas en una Directiva comunitaria, ante el abandono absoluto del ministro Marlaska en este asunto”.

Igualmente, destacan que "con la plantilla actual somos incapaces de garantizar la Seguridad Ciudadana en el mundo rural, ante el aumento de los delitos y la población en nuestro país, por lo que es urgente la incorporación de al menos 14.000 guardias civiles”.

Subrayan la necesidad de mejorar las infraestructuras. “Los cuarteles que caen con este Gobierno y ya no levantan cabeza. Por poner ejemplos de la desastrosa gestión: la comandancia de Toledo, el cuartel de Cartagena o los cuarteles afectados por la DANA en Valencia, especialmente alarmante el caso de Utiel, en ruinas”.

Por no hablar del “alarmante déficit de medios materiales y vehículos, que afecta a todas las especialidades, no pudiendo parchear esta situación con fondos europeos, con un parque móvil envejecido, embarcaciones del Servicio Marítimo al final de su vida útil; o el limbo en la renovación de armamento, ya que la Guardia Civil ha optado por una empresa israelí para sus pistolas, fusiles y munición”.

Los agentes incluyen algunos asuntos cuyo cumplimiento se dilata en el tiempo: la jubilación digna para los guardias civiles; “nulos avances como en el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación, lo que nos obliga a reclamar en los Tribunales”.

Por su parte, la Confederación Española de Policía sitúa en primer lugar que “los policías y guardias civiles seamos considerados profesión de riesgo, mediante una Directiva, y que agredir a un policía sea un eurodelito con un castigo penal de suficiente entidad en toda la Unión Europea”. “En Europa ya han visto cómo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se escaqueaba y evitaba comparecer esta semana ante el Parlamento Europeo para dar explicaciones sobre el motivo por el que sigue ignorando estas dos reivindicaciones tan importantes para la seguridad de los que protegemos a los demás”.

Consideran, asimismo, prioritario “aumentar los equipos de protección e intervención de los policías para reforzar su seguridad. Y en este apartado, potenciar las compras de dispositivos electrónicos de control -coloquialmente conocidos como pistolas eléctricas o ‘táser’- porque constituyen una herramienta esencial para reducir a individuos violentos sin tener que realizar disparos. En este momento sólo hay 1.600 unidades de este tipo para toda la Policía Nacional y, de ellas, hasta 123 se encuentran fuera de servicio por estar averiadas”.

Si hay algo en lo que coinciden todos los agentes es en la necesidad de “acabar con un sistema de dietas absolutamente desfasado, que es el que te permite pagar el hotel y las comidas cuando te desplazas por motivos de trabajo y que incluye unas cuantías congeladas desde hace veinte años. En este momento sólo se puede pagar 48,92 euros diarios en concepto de alojamiento y 28,21 euros para el desayuno, comida y cena de cada día. Son 77,13 euros para ambos conceptos que resultan no ya insuficientes sino escandalosos. Porque el colectivo de policías y guardias civiles es el que más se desplaza por motivos oficiales y el más perjudicado por un sistema de dietas que 3l Gobierno puede y debe modificar ya mismo, sin esperar”.

Inciden en que hay que “conseguir una jubilación digna y no que décadas de trabajo jugándote la vida supongan que pierdes cientos de euros mensuales porque el sistema de determinación de la pensión de dos tercios de nuestro cuerpo es el del régimen de clases pasivas, que es mucho más perjudicial que el de la Seguridad Social. Queremos pensiones dignas y tener la posibilidad, sin perder dinero, de acogernos a esa situación (como las Policías locales y autonómicas) varios años antes de cumplir los 65, debido al riesgo y penosidad de nuestra profesión”.

Y, en el mismo sentido, “tener un régimen salarial propio, diferente al del resto de los funcionarios del Estado, atendiendo a las peculiaridades de la profesión. Sólo de esa manera podremos tener unas retribuciones dignas, que no sean inferiores a las que cobran en otros Cuerpos de seguridad. Hay que actuar sobre las pagas extra para que no sean testimoniales. Hay que actualizar y ampliar el régimen de complementos de territorialidad, trabajo a turnos, productividades y complementos específicos singulares. Y hay que tener un Plan de Acción Social que no siga dotado con un presupuesto vergonzosamente ridículo, potenciando el dedicado a ese fin hasta multiplicarlo, como medida de urgencia, por cinco veces su cuantía actual y llegar a los 60 millones de euros como mínimo”.

Reformar el sistema de concesión de condecoraciones –subrayan-–para que se rija por un procedimiento objetivo, transparente y que impida cualquier tipo de atajo como los que se vienen produciendo en estos años con la concesión de Medallas de Plata pensionadas (con un 15% del sueldo adicional) a determinados mandos jubilados por el mero hecho de dejar el Cuerpo.