Corte IDH: familiares de las víctimas piden dictar medidas para evitar la impunidad
Jueces escucharon también a los agentes del Estado. Al culminar la audiencia, señalaron que sigue vigente el requerimiento de que se suspenda el trámite de la norma sobre lesa humanidad.
Tras escuchar a los representantes de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y a los agentes del Estado sobre el pedido de medidas provisionales contra el proyecto de ley que limita la lesa humanidad antes del 2022, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández, culminó la audiencia recordando que continúa vigente la resolución que ordena suspender el trámite de dicha norma. Por lo tanto, la Comisión Permanente no pueda ponerlo a debate para segunda votación.
Los representantes de las víctimas solicitaron al tribunal internacional que dicte medidas cautelares para evitar impunidad, pues de convertirse en ley, afectaría cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Advirtieron que en cualquier momento la Comisión Permanente puede aprobarla en segunda votación y el Ejecutivo no se ha pronunciado en contra, por lo que la promulgaría. Informaron que el abogado de Alberto Fujimori anunció que se acogerá para anular el fallo que lo condenó por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Lo mismo pasaría en otros casos.
Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados de La Cantuta, exhortó a la Corte IDH a apoyarlos para que prevalezca el derecho a la justicia.
“Las pocas sentencias que tenemos ahora corren peligro frente a este proyecto de ley de un Congreso muy activo para defender a violadores de derechos humanos”, señaló.
Por su parte, los agentes del Estado aseveraron que el proyecto de ley no está vinculado al caso Barrios Altos y La Cantuta, y que se está intentando que haya un control de convencionalidad para la aprobación de normas. Indicaron que ningún condenado en el caso Barrios Altos y La Cantuta fueron sentenciados por lesa humanidad, por lo que de aprobarse no podría aplicárseles la norma.
Asimismo, negaron que los jueces no puedan ejercer el control difuso y afirmaron que en Perú hay respeto por las instituciones.
Finalmente, los abogados de los familiares de las víctimas solicitaron que dado el grave riesgo de la inminente aprobación de esta norma, solicitaron a la Corte IDH que adopte medidas provisionales ordenando al Estado peruano que se abstenga de aprobar esta norma u otra similar.