A las 9 a.m., en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
Hoy se inicia el juicio contra Keiko Fujimori y otros 48 inculpados por su participación en el caso denominado Cócteles. Este proceso ha tardado 7 años en llegar a esta etapa y pondrá a la tres veces candidata presidencial ante el colegiado compuesto por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
El caso se denomina Cócteles porque se usó esa figura de reuniones en las que se debía pagar una cantidad para ingresar y que sirvió para que una importante suma de dinero aportada por empresarios nacionales y extranjeros pasara bajo el radar de los controles propios de las normas de las campañas electorales y también de operaciones de lavado de activos. La modalidad fue la del “pitufeo” porque se pretendió justificar el dinero de campaña con pequeños aportes falsos que masivamente ingresaron al sistema bancario.
Es finalmente por el delito de lavado de activos y también por obstrucción de la justicia por los que hoy Keiko Fujimori acudirá a los tribunales, a partir de las 9 a.m.
Se estima que fueron 17,3 millones de dólares entregados a la candidata presidencial para la campaña electoral, dinero que se ingresó a su fortuna personal y a la de alguno de sus allegados, según versión de la Fiscalía.
Esta enorme suma fue pagada por empresarios que tenían expectativas en un gobierno fujimorista en los periodos 2011 y 2016. Ahora su testimonio sirve a la Fiscalía que los tiene como testigos por el aporte realizado. También cuentan con declaraciones de alrededor de 16 colaboradores eficaces, quienes aportarán sus versiones en esta etapa del juicio oral.
La defensa de Keiko Fujimori y sus coacusados ha planteado una serie de apelaciones con la intención de posponer el inicio del juicio y retroceder a la etapa anterior, señalando que no están debidamente tipificados los delitos de los que los acusan. El colegiado ha decidido sesionar dos veces a la semana para garantizar el debido proceso. Es fundamental que los cargos de la acusación estén plenamente justificados para evitar la victimización de una inculpada que mantiene pretensiones electorales y niega la existencia del delito.
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