Congreso acelera proceso de denuncia constitucional contra el expresidente Francisco Sagasti
El abogado del exmandatario, José Elice, indicó, a este medio, que el Parlamento buscaría inhabilitar de la función pública a su cliente al ver que figura en las últimas encuestas de intención de voto.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) citó al expresidente Francisco Sagasti y a los extitulares de la cartera del Interior Rubén Vargas Céspedes y José Elice Navarro para que respondan sobre las denuncias en su contra el próximo miércoles 24 de julio.
La acusación a la que hace referencia la SAC fue presentada en enero del 2023 por el congresista José Cueto, cuando este integraba la bancada de Renovación Popular, y se formuló por la presunta disposición “arbitraria y en abierta violación de la Constitución” tras el pase a retiro de tres Tenientes Generales y 16 generales de la Policía; medida que fue adoptada por el entonces presidente de la República Francisco Sagasti y los titulares del sector Interior.
En ese marco, la denuncia se produce por las presuntas infracciones a los artículos 45; 139 (inciso 3) y 172 de la Constitución. Además, los hechos referidos también constituyen ilícitos penales contemplados en el artículo 376 del Código Penal en la modalidad de Abuso de Autoridad. Asimismo, sobrepasan los artículos 99° y 100° de la Constitución y 89° del Reglamento del Congreso de la República.
Tras esto, la acusación siguió su curso y en mayo de este 2024, la décimo octava sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP) realizó por tercera vez una audiencia relacionada con las DC 285, 287 y 369.
En esa oportunidad, el legislador José Cueto Aservi (RP) y el abogado Aníbal Quiroga León, participaron de la audiencia en calidad de denunciantes. Por la parte denunciada, se presentaron José Elice Navarro e Ismael Rubén Vargas Céspedes, este último acompañado de su abogado José León Pacheco. En cambio, a diferencia de los extitulares del Mininter, Francisco Sagasti Hochhausler no asistió, pero fue representado por su abogado José Elice.
Luego de escuchar los alegatos de ambas partes, la SAC acordó invitar a la referida audiencia, en calidad de testigos, a todos los generales involucrados, toda vez que son parte denunciante de la DC 287, este pedido había sido solicitado por el legislador Cueto Aservi.
"El objetivo es inhabilitar a Francisco Sagasti", dijo su abogado
Esta vez, la próxima citación coincide con el resultado de una encuesta del Ipsos que sitúa al expresidente Francisco Sagasti en cuarto lugar de intención de voto (3%), siendo superado por Keiko Fujimori (10%), Antauro Humala (6%) y Hernando de Soto (4%).
Al respecto, la defensa de Sagasti, José Elice, comentó a este medio que considera que el objetivo del Parlamento sería inhabilitar de la función pública al exjefe de Estado. "Lo quieren inhabilitar. No está primero en las encuestas, ni segundo, ni tercero. Pero basta que esté, que sea una posibilidad, para que ya se le vayan encima, sin siquiera saber si va a postular. Que yo sepa él no va a postular. Él ya ha manifestado de que no va a postular. Es la manera de actuar de este Congreso. A cualquiera que levante la cabeza y aparezca como enemigo, inmediatamente, se le lanzan encima", dijo.
Sin embargo, también consideró que la citación podría responde únicamente al curso natural del proceso de denuncia. "Es curioso que después de todos estos sucesos (porcentaje de intención de voto a favor de Sagasti) se de la citación. Yo no tengo la seguridad de que sea una reacción frente a eso, pero, de todas maneras, es un poco extraño. Es la cuarta vez que nos presentaremos, así que sería parte del proceso", expresó.
Referente a su rol como denunciado, explicó que la decisión de despido se dio cuando él no ejercía como titular del Mininter. "Para empezar yo no era ministro cuando se tomó la decisión, pero me han denunciado porque dicen que no hice nada para revertir esa situación. Sin embargo, ya hemos comprobado que la decisión no es anticonstitucional, no es antirreglamentaria ni ilícita. Las reglas vigentes en ese momento permitían que se tomen tales decisiones. El Poder Judicial ya desestimó el proceso que iniciaron los supuestos agraviados", manifestó.