Familiares del víctimas de masacre en Huanta piden a Gobierno: “no se burlen de nosotros”
En pocas horas se cumplirán 40 años del asesinato a seis jóvenes cristianos en Callqui y la desaparición del periodista de La República Jaime Ayala. Además, culminará el plazo para que la presidenta Dina Boluarte promulgue u observe la ley de lesa humanidad.
La noche del 1 de agosto del 1984, miembros de la Marina de Guerra del Perú ingresaron a la Iglesia Presbiteriana de Callqui (Ayacucho), sacaron a seis jóvenes y los asesinaron al considerarlos presuntos terroristas. Un día después, el corresponsal de La República en Huanta, Jaime Ayala, ingresó a la base de la Marina y desapareció. Hasta hoy no se han hallado sus restos.
Han transcurrido cuatro décadas, pero las familias de las víctimas aún no encuentran justicia y temen que en las próximas horas, el gobierno peruano promulgue una ley de impunidad, que busca prescribir los delitos de lesa humanidad ocurridos antes de julio del 2002.
Cómo ocurrieron los hechos
“Aquel 1 de agosto, estaban en la congregación un promedio de 28 personas, entre ellos, mi prometido, cuñado, primo hermano y sobrino, que fueron asesinados. Yo estaba en mi casa, cuando escuchamos los disparos y al salir nos sumergimos en un profundo dolor. Ellos eran estudiantes, jóvenes, llenos de vida y futuro, pero ahí terminó”, relató Amira Quispe. “Cuando esto ocurrió yo estaba embarazada y ahora mi hijo tiene 39 años, pero hasta ahora no sentimos el respaldo de las autoridades”, agregó.
A su vez, Vicente Saico, periodista jubilado y autoridad de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Cristo Rey de Huanta, recuerda que, el 2 de agosto de 1984, junto a un colega llegó hasta los exteriores de la base militar contrasubversiva de la localidad para recoger mayor información sobre la tragedia de Callqui y en el lugar tomó conocimiento que Jaime Ayala, ingresó 30 minutos antes y nunca más volvió a salir. “Ni con vida, ni sin vida, hasta ahora no se a encontrado su cadáver, desapareció totalmente”, añadió.
Rechazo a ley de impunidad
La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Publico mostró su rechazo al proyecto de ley de impunidad, debido a que se archivarían un promedio de 600 procesos tipificados como delitos de lesa humanidad, entre los cuales, se encuentran el caso Huanta. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le ordenó al Perú suspender el trámite de esta iniciativa legisla
No obstante, el Congreso lo aprobó en segunda instancia y ahora está en manos del Ejecutivo.
“No nos han tomado en cuenta, a pesar que somos ciudadanos y necesitamos que el Estado nos proteja. Quizá desconocemos de leyes, pero lo único que pedimos es que no se burlen de nosotros”, precisó Amira Quispe.
Henry Mercado, de Paz y Esperanza, defensa legal de las familias de las víctimas del caso Huanta, mencionó que se está atentando contra el sentido de hacer justicia y que la insistencia por aprobar esta autógrafa y no obedecer a entes internacionales es una decisión que está fuera de derecho. Agregó que el abogado del marino Luis Celis Checa, condenado a 10 años de prisión por el homicidio de seis evangélicos de Callqui, ha precisado que presentará una nulidad de la sentencia.
Refirió además que existe preocupación porque hace un mes se ha declarado como desactivada la cuarta sala transitoria de la Corte Nacional de Justicia. “Es una prueba de que están buscando no solo aprobar leyes, sino de desactivar el sistema especializado en derechos humanos. En vez de avanzar, estamos retrocediendo”, precisó.
El abogado de la Asociación Paz y Esperanza, Henry Mercado, sostiene que en este momento, se encuentran en el segundo año de juicio del caso Huanta, que comprende el asesinato a seis miembros de una congregación, desaparición del periodista Jaime Ayala y la fosa de Pucayacu donde se encontró 60 cadáveres.
En el 2014, se sentenció a Jesús Vilca Huincho (guia) a cuatro años y en el 2021 a Luis Celis Checa (jefe de patrulla) a 10 años por homicidio, tipificado como delito de lesa humanidad.
En tanto, en el actual juicio, el fiscal solicita 25 años de prisión para los dos únicos acusados Gabilondo García del Barco y Rivera Valdeavellano, quienes son altos mandos de la Marina de Guerra del Perú.