El lujoso hotel vinculado a Rafael López Aliaga en Cusco que volvería a la administración pública en 2025
Un grupo de consejeros alegaron que Werner Salcedo Álvarez, gobernador regional de Cusco, estaría intentado renovar la concesión del hotel Sanctuary Lodge. Este hospedaje se encuentra bajo la administración de la empresa Perú Belmond Hotels, vinculada con Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana.
Salcedo señaló en una conferencia de prensa que denunciaría por difamación a esas personas si no ocuparía un cargo político. También declaró que se seguirá trabajando para proteger un hotel que esté al servicio de Cusco y no "sometido a los intereses económicos de unos pocos".
¿El hotel Sanctuary Lodge volvería a la administración pública?
Werner Salcedo no ofreció detalles precisos sobre el futuro del lujoso hotel de Rafael López Aliaga que se ubica estratégicamente en la entrada de Machu Picchu. Indicó que está elaborando una propuesta que se discutirá y acordará con los habitantes locales, y que posteriormente será revisada y aprobada por el Consejo Regional de Cusco. No obstante, comentó que es poco probable que la actual administración obtenga una extensión de la concesión, que expira en mayo del próximo año.
En declaraciones hechas en enero pasado, la autoridad cusqueña afirmó que la infraestructura, propiedad del Gobierno Regional Cusco, no sería transferida a manos privadas. En su lugar, se destinaría a la creación de un centro de interpretación. Esta decisión fue confirmada en el acta de la Declaración de Machupicchu, que fue firmada conjuntamente con el Ministerio de Cultura y con las autoridades de la región imperial.
Cuestionada concesión del hotel Sanctuary Lodge de Rafael López Aliaga
Desde 1955, la cadena hotelera Belmond administra el hotel Sanctuary Lodge, vinculado con el burgomaestre Rafael López Aliaga. El año 2013, en la gestión de Jorge Acurio Tito, se firmó una cuestionada adenda que extendió el contrato hasta mayo de 2025.
Incluso un informe de la Contraloría puntualizó que Acurio Tito firmó la adenda sin contar con informes de áreas pertinentes para revisar los antecedentes del contrato, mucho menos, con un informe técnico que sustente las variaciones económicas que debían estipularse.
El contrato inicial determinaba un monto fijo mensual de US$6.000 a favor del Gobierno Regional de Cusco. La adenda modificó el monto a US$10.000, pero según la Contraloría, el incremento solo ascendió a US$761. Además, no se tomó en cuenta documentos de oposición a la renovación del contrato que emitieron algunos consejeros regionales.
Es más, el secretario técnico de la Unidad de Gestión de Machupicchu (UGM), Huber Quisocala, informó que se habría detectado ampliaciones clandestinas en el hotel Belmond, que se habrían realizado sin los permisos del Ministerio de Cultura y mucho menos de la Municipalidad Distrital de Machupicchu.