Sentencian a campesinos por protesta contra Las Bambas y crímenes de represión están impunes

Setiembre, 2015: tres comuneros fallecieron con impactos de bala en Cotabambas, Apurímac, víctimas de la represión policial durante un paro ambiental contra Las Bambas. Han transcurrido nueve años y la justicia acaba de dictar condena, pero no para los autores de estos crímenes, sino para once comuneros que acataron la medida de fuerza. Las muertes, en cambio, continúan en la absoluta impunidad.

Virginia Pinares Ochoa, mujer campesina de 65 años, recuerda que aquel mes de setiembre del 2015 se vivía momentos de tensión con Las Bambas, por los sorpresivos cambios en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y sin la consulta previa. El Frente de Defensa de la Provincia de Cotabambas convocó a reuniones y ella fue incorporada como dirigenta, debido a su perfil como exregidora e impulsora de una organización distrital de mujeres.

“Nosotros enviamos un documento el 25 de setiembre a la empresa, pidiendo diálogo”, recuerda. La minera Las Bambas no aceptó: “Dijeron que solo hablarían con dirigentes de la zona de influencia y con los alcaldes”.

Fue entonces que las comunidades optaron por la paralización. La medida fue acatada durante los días 25, 26, 27 y 28 de setiembre. Virginia tuvo un rol de liderazgo. “Nuestro reclamo era ambiental. Nosotros somos agropecuarios y con eso nos alimentamos y educamos a nuestros hijos. El ambiente siempre tiene que ser protegido”, reflexiona ahora la dirigente, desde el huerto que cuida cerca de su vivienda, en el distrito de Haquira (Cotabambas), a más de seis horas de viaje por tierra desde Cusco.

En junio del 2023, Virginia Pinares Ochoa recibió el premio “Mamá Angélica”, que otorga la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por su trayectoria como lideresa y por su lucha en defensa del ambiente. Ha pasado un año y ahora acaba de ser sentenciada a ocho años y diez meses de prisión, por su participación en el paro contra Las Bambas.

Esta tarde de agosto, Virginia está acompañada de una nieta en su vivienda de Haquira, un distrito cercano a Challhuahuacho, epicentro de la actividad minera de Las Bambas.

Según confiesa, la sentencia que fue leída el pasado 25 de julio la ha afectado emocionalmente. También a sus hijos que estudian en la universidad. Sin embargo, ella reafirma sus convicciones en defensa del ambiente.

“Desde el 2015 nos han arrastrado nueve años con estas investigaciones. Ahora nos han dictado sentencia. Yo, la verdad, me siento muy indignada. Nos están sentenciando por defender nuestros derechos ambientales”, protesta.

Desde su punto de vista, la sentencia tiene como propósito generar miedo y evitar que surjan nuevos liderazgos. “Me dicen delito de disturbio y autor mediato. La verdad yo, como mujer campesina, no conozco qué significará autor mediato. Pero la convención 169 de la OIT nos ampara y tenemos derecho a reclamar nuestros justos derechos”, comenta.

Luego, en su idioma quechua, insta a las mujeres del país y a las comunidades a mantenerse vigilantes, ya que todavía falta el pronunciamiento del Poder Judicial en segunda instancia, para saber si la pena de cárcel se hace efectiva.

Deficiencias en la sentencia

De momento solo hubo una lectura de adelanto del fallo, en una audiencia realizada el 25 de julio. Así lo precisa el abogado David Velazco Rondón, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).

Todavía no ha recibido el texto íntegro de la sentencia, pero desde ya advierte serias deficiencias en la decisión del juez unipersonal de Tambobamba, Andrés Flores Aguilar, quien dictaminó que los dirigentes cometieron los delitos de disturbios, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y daños agravados, en agravio del Estado y Las Bambas. Todo esto bajo la modalidad de autoría mediata.

El juez también dispuso el pago de 50.000 soles al Estado y 8.000 dólares a la minera Las Bambas, por concepto de reparación civil.

La protesta acatada por los comuneros en el 2015 fue contundente, con participación de los distritos de Haquira, Mara, Cotabambas, Progreso, Grau y Challhuahuacho. Hubo bloqueo de vías. Y hubo también graves agresiones contra el personal policial y esto está documentado en la investigación fiscal. Sin embargo, el Ministerio Público no ha identificado a los autores directos de estos ataques. Por esta razón, solo formuló acusación contra los dirigentes, bajo la figura de autoría mediata.

David Velazco explica, por un lado, que fueron quince los dirigentes procesados por los mismos hechos, pero cuatro fueron absueltos por el juez.

En segundo lugar, en una audiencia del 12 de abril, la Procuraduría Especializada en Delitos contra el Orden Público pidió cambiar la modalidad de “autoría mediata” por “coautores no ejecutivos”. Esto fue aceptado por el representante de la Fiscalía.

“Si el procurador y el fiscal asumieron esta posición, es porque ellos estaban convencidos de que no iba a haber condena por autoría mediata”, apunta Velazco. Pero, en contradicción con la postura de ambas instituciones, el juez dictó sentencia por autoría mediata.

Impunidad absoluta

Si bien hubo policías heridos en las protestas del 2015, hubo también tres personas asesinadas con impactos de bala, como producto de la represión del Estado. ¿Y cómo van las investigaciones? El avance es nulo.

“Mi hermano fue asesinado cuando tenía 22 años. Recibió una bala a la altura de una pierna y se quedó alojada entre la cintura y la columna. Lo estábamos trasladando de emergencia a Maras pero se desmayó en el camino y falleció a eso de las ocho de la noche”. José Cárdenas recuerda con tal nitidez la muerte de su hermano Alberto Cárdenas. Cuenta que luego de los hechos acudió con su padre a declarar a la Fiscalía, pero nunca más supo del caso.

A veinte minutos antes de Challhuahuacho, en el centro poblado de Arcospampa, ubicamos a Agustina Llusca Aguilar. Ella recuerda que su esposo Beto Chahuayllo recibió una bala por la costilla izquierda y traspasó el abdomen. Tras dos días de agonía, murió en Cusco. Ella tampoco sabe nada de la investigación. Todo sigue en la impunidad. Ocurre lo mismo con la tercera víctima: Exaltación Huamaní.

Los tres eran campesinos. La justicia para ellos es distinta y distante. Más célere fue la atención a la denuncia de Las Bambas para condenar a los líderes campesinos.