Presidente argentino veta ley de aumento de jubilaciones
El presidente argentino, Javier Milei, vetó un aumento del 8,1% a las jubilaciones y pensiones aprobado por amplia mayoría en el Legislativo, según su decisión publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El veto, que se da en un contexto de más de 250% de inflación anual en Argentina, alcanza a toda la ley aprobada por el Congreso, que establecía además una nueva fórmula para el cálculo de las actualizaciones de jubilaciones en función de la evolución de precios y el índice de salarios.
La jubilación mínima en Argentina es de 225.454 pesos, unos 230 dólares al cambio oficial.
Pero la canasta básica de los jubilados medida por la Defensoría de la Tercera Edad más que triplica esa cifra, ubicándose en 685.041 pesos en marzo, unos 700 dólares en la última medición publicada. Estimaciones privadas apuntan que ese monto básico superó los 900.000 pesos, 918 dólares, a julio pasado, por el incremento de los precios de medicamentos, alquileres y servicios públicos.
Según el decreto, el ultraliberal Milei vetó la norma por ser "manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento".
En contraste, a finales de julio, Milei decretó un aumento de unos 102 millones de dólares para los gastos reservados -sin rendición de cuentas- de la Secretaría de Inteligencia, lo que representó un incremento de su presupuesto de más de 700%.
El Congreso puede revertir el veto presidencial y dejar en firme la ley si alcanza los dos tercios de los votos en ambas Cámaras, donde el oficialismo es minoría y se encuentra dividido.
Desde que llegó a la presidencia el 10 de diciembre pasado, el presidente enarboló la meta del equilibrio fiscal como una de las principales de su gobierno.
En el primer semestre de este año Argentina obtuvo el primer superávit fiscal desde 2008 con la implementación de un drástico recorte del gasto estatal que supuso la paralización de obras públicas, decenas de miles de despidos en el Estado y congelamiento de fondos para educación y salud y de ayudas sociales.
Pero estudios privados estimaron que más del 33% del ajuste fiscal recayó, por falta de actualización, en el sistema de jubilaciones y pensiones que beneficia a unos 7 millones de personas.
La inflación pasó de 20,6% mensual en enero a 4,0% en junio, en una economía que atraviesa una profunda recesión con derrumbe del consumo y aumento del desempleo.
El PIB se redujo 5,1% interanual en el primer trimestre y más de la mitad de la población se encuentra en la pobreza.