Los congresistas han vuelto a hacernos retroceder a 1940, año en que se colocó a la Policía a cargo de las investigaciones preliminares que se practican al iniciarse un proceso penal. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que con el nuevo Código Procesal Penal, que se puso en práctica en el 2006, la responsabilidad de la conducción de la causa penal recayó en el fiscal.
Las razones abundaron. Los policías fueron acusados de utilizar métodos inadecuados para obtener las declaraciones, a veces mediante coacción, amedrentamiento y golpes. Ese material obtenido de forma inadecuada era recusado por el abogado defensor y se lograba que no valiera como prueba. Frente a esa realidad que afectaba directamente a la justicia, es que se modifica, se le entrega la rectoría de la investigación al fiscal y se realiza todo tipo de capacitaciones con una enorme inversión del Estado para lograr que se aplique en todos los distritos judiciales el nuevo código.
Los fiscales pertenecen a un organismo independiente y, por definición, ajeno al poder político. Es inevitable a esta altura recordar a fiscales de la Nación que no cumplieron con este rol y entregaron la organización a los poderes de turno. Desde Blanca Nélida Colán hasta Patricia Benavides, ha sido la propia organización, y en algunos casos la misma sociedad, la que se ha encargado de sancionar esta falta que deja de ser de carácter ético para convertirse en delito, por la gravedad de los cargos. Esta contrarreforma que ayer los congresistas han sancionado con 80 votos a favor, además de inconstitucional y de ir en contra de las recomendaciones de especialistas y las críticas del colegiado, propone que sea el cuerpo policial, que está bajo las órdenes del Ejecutivo, del cual forma parte, el que realice las investigaciones preliminares. Quizá con la esperanza de que sus casos judiciales reciban el trato benévolo o que los actuales procesos de corrupción en el poder puedan ser digitados desde Palacio o el Congreso. Como ha ocurrido en la historia reciente, no pasará mucho tiempo para deshacer este legicidio.
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