Carlincatura de hoy jueves 9 de enero de 2025

Por María Goreti y Paul Tuesta

“Tajimat pujut”, vida plena, es un derecho que protege desde hace siglos el pueblo awajún, el más numeroso en Perú después del asháninka. Lo defendió luchando contra los incas, el imperio español, y ahora contra las organizaciones ilegales que amenazan su supervivencia en sus territorios, en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto.

 “Nuestra visión ancestral del territorio es tridimensional”, explica Gil Inoach Shawit, el primer pámuk (líder) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, una iniciativa de autodeterminación que hoy agrupa a las más de 70.000 personas que habitan en las 488 comunidades awajún de Perú. “La primera dimensión es lo espiritual; la segunda, lo material; y la tercera es espacial, los 3 millones de hectáreas que nos permiten poblar, ubicarnos, cazar, pescar, recolectar y vivir como nación originaria awajún”.

Pero la vida plena de estas comunidades de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, está afectada en sus tres dimensiones por la minería ilegal desde hace una década. Un equipo de Convoca.pe recorrió el río Comaina, que nace en las alturas de la cordillera del Cóndor y desemboca en Cenepa, y pudo corroborar que esta cuenca vital para los awajún está infestada de dragas de la minería ilegal, tanto grandes con motores de succión como balsas más pequeñas.

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La situación es especialmente grave en las comunidades de Pagata y Kusu Kubaim, en las que la minería ilegal es más intensa. En esta zona, el tránsito por el cauce del río Comaina está prácticamente bloqueado por una veintena de dragas que operan en sus aguas, a la altura de la comunidad de Pagata. Además, decenas de rampas de minería artesanal invaden las riberas del Comaina en las cercanías de la comunidad de Kusu Kubaim.

La proliferación de dragas se produce pocos meses después de que, en junio del 2024, las comunidades expulsaran a un gran número de mineros ilegales de un sector del río Comaina. Sin embargo, esta acción produjo un efecto globo y ha desplazado las dragas muy cerca de la desembocadura del Comaina con Cenepa, un río vital que abastece de agua y sustento a grandes comunidades awajún como Huampami, donde viven más de mil personas.

Ante el abandono estatal, las comunidades awajún del distrito de El Cenepa, en Amazonas, se ven enfrentadas al dilema de sobrevivir realizando agricultura y pesca de subsistencia o involucrarse con la minería.

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“No debemos justificar a ese grupo de personas [mineros ilegales] que contamina el medio ambiente con esa excusa de que el Estado no se hace presente”, advierte el pámuk Gil Inoach Shawit en relación con algunos acuerdos entre comunidades indígenas y mineros.

La gran mayoría de comunidades awajún de los distritos de Río Santiago y El Cenepa están en contra de la minería ilegal, como se demostró el pasado 10 de octubre en una asamblea general en la que participaron los líderes de los Gobiernos territoriales autónomos awajún y wampis junto con presidentes comunales de ambos distritos. 68 de los asistentes votaron contra la minería ilegal y solo 7 lo hicieron a favor.

Sin embargo, la minería ilegal persiste, y no solo en el río Comaina. Convoca.pe pudo comprobar su presencia a lo largo de todo el trayecto que conecta las comunidades de Nieva con Huampami, atravesando los ríos Cenepa y Marañón.

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Policía comunal awajún contra la minería ilegal

Convoca.pe ha corroborado a través de una solicitud de información dirigida a la Policía Nacional del Perú que no existen efectivos destacados en los distritos de El Cenepa y Río Santiago. La comisaría más cercana está ubicada en Santa María de Nieva, a un trayecto de entre seis y siete horas en bote.

Ante la falta total de presencia policial y para defenderse de la minería ilegal, las comunidades crearon en marzo de 2024 la policía comunal awajún.

“No nos queda otra cosa que organizarnos y no permitir más muertes de nuestros líderes”,  explica Hamner Manihuari, vicepresidente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica). “La minería ilegal trabaja con el sicariato y al no haber presencia del Estado ni poder contar con la policía, nadie nos puede garantizar la vida”. En los últimos 11 años, 39 líderes ambientales peruanos han sido asesinados.

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Convoca.pe visitó la comunidad de Wachapea, ubicada en el distrito de Nieva, cerca del río Marañón. Allí pudo constatar el funcionamiento de esta reciente policía comunal, integrada por indígenas awajún capacitados por la Policía Nacional.

 Actualmente, esta organización de autodefensa cuenta con 12 miembros permanentes, que operan desde un local comunal con unos chalecos identificativos como único equipamiento.

Ríos concesionados

Las comunidades awajún de la provincia de Condorcanqui no solo sufren los estragos de la minería ilegal. También la concesión de vastas extensiones de terreno para actividades mineras.

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Desde 2023, se han otorgado 19 concesiones, entre vigentes o en trámite, que abarcan un total de 11.100 hectáreas en esta zona, varias de las cuales coinciden con áreas donde persiste la minería ilegal, como evidenció Convoca durante un recorrido por los ríos Marañón y Cenepa entre las comunidades de Nieva y Huampami.

Ninguna de estas 19 concesiones corresponde a ciudadanos de la región Amazonas. Los titulares provienen de otras regiones del Perú como Madre de Dios (7), epicentro de la minería ilegal, Lima (7), Cusco (3) y Piura (2).

De los 19 concesionarios, 11 no figuran en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), 7 están suspendidos y solo uno se encuentra vigente. En Perú, la inclusión y la vigencia dentro del Reinfo es un requisito indispensable para ejercer cualquier actividad minera. Esto significa que, aunque estas concesiones estén otorgadas, muchos de sus titulares no están en condiciones legales de operarlas.

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Suspendidos en Reinfo obtienen concesiones en Amazonas

Entre los casos más destacados figuran el de Vicente Manrique Lester Dennis, titular de la concesión Samira II (1.000 hectáreas superpuestas al Cenepa), quien ha sido suspendido dos veces para realizar actividades de procesamiento de mineral en Inambari, Tambopata (Madre de Dios). A pesar de esto, mantiene vigentes otras 4 concesiones en la misma región: León del Sur 2008, Jucimavic I, Kerigma III y Águila Imperial.

También está Santos Acuña Rodrigues, con las concesiones Apu I y Apu II (700 hectáreas superpuestas al Cenepa), quien también figura como suspendido por dos concesiones en Huepetuhe, Manu (Madre de Dios). Otro caso es el de Quijhua Tipo Wilber, titular de “J Willian León de Oro 2023” (200 hectáreas en Cenepa), que se encuentra suspendido en el Reinfo por otra concesión en Laberinto, Tambopata (Madre de Dios). Del mismo modo, Roberta Tipo Calsina, quien posee la concesión Alegría Metal 2024 (600 hectáreas en el Marañón), ha sido suspendido en dos ocasiones por actividades en Paucartambo, Cusco, y Tambopata, Madre de Dios.

Esta situación evidencia que, además de estar en manos de foráneos, las concesiones en estos ríos están vinculadas a personas con antecedentes de irregularidades o limitaciones legales para operar.

En los últimos dos años, se registraron 13 nuevas solicitudes de concesión en 2023 y otras 6 en 2024, lo que refleja un fenómeno reciente y en ascenso. Estas solicitudes no solo se superponen a las áreas donde ya operan actividades mineras ilegales, como sucede en las comunidades Wawaim, Mamayaque, Tutino, Nuevo Tutino, Pagki, San Antonio y Huampami, sino que también generan un riesgo adicional al otorgar un marco de aparente legalidad a operaciones mineras en los ríos Marañón y Cenepa.

Para el pueblo awajún, reivindicar su territorio frente a este infierno de oro ilegal y petitorios  que se superponen a los ríos es una cuestión de vida o muerte.

Autogobierno frente al abandono estatal

La policía comunal es una iniciativa del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), un modelo de autogobierno nacido en 2021 y basado en la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El consejo del GTAA está formado por los líderes de las 23 cuencas de la nación awajún, siendo el pámuk su máximo representante. “Nuestro territorio es un gran capital de vida al que no podemos renunciar”, explica el pámuk Gil Inoach.

Este ejercicio de autodeterminación tiene una gran piedra en su camino: las trabas del Estado peruano para la titulación de comunidades indígenas. Según un informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en los últimos 10 años solo se han titulado 147 comunidades de las 719 proyectadas, lo que representa apenas el 20%.