Los crímenes del Tren de Aragua contra las trabajadoras sexuales en Lima
Desde 2019, Carmen, Fernanda, Katherine, Lucía, Liliana, Marcela, Paulina y Roxi viven con miedo de ser extorsionadas, violentadas, asesinadas o desaparecidas por el ‘Tren de Aragua’, la megabanda de origen venezolano que se ha expandido por Suramérica. El miedo de estas mujeres se alimenta del hecho de que ellas actúan como el termómetro criminal de la ciudad, pues son las primeras en experimentar los efectos de las economías criminales predatorias que han sido el motor para la expansión del ‘Tren de Aragua’ en Lima.
Escribe Lara Loaiza / InSight Crime
Paulina ha laborado en las calles de Lima como trabajadora sexual desde hace 15 años. Lo ha hecho para sostener a su familia, pues no tiene otra alternativa de sustento.
“Cuando tienes niños, uno tiene que buscar dónde sea para que ellos puedan comer”, dice Paulina.
Durante todos estos años ejerciendo como trabajadora sexual, ella ha vivido en carne propia incontables violencias y ha sido testigo de los abusos que han sufrido otras trabajadoras sexuales. Paulina pensaba que lo había visto todo, hasta que en setiembre del 2022, unos criminales asesinaron a una compañera en una de las principales calles del centro de Lima.
“La mataron por no pagar y por denunciar que estaban cobrando ‘cupo’”, cuenta, refiriéndose a un tipo de extorsión que los grupos criminales cobran a las trabajadoras sexuales a cambio de dejarlas trabajar en las calles.
Paulina temía caer en el radar de los criminales y que estos le empezaran a cobrar cupo, por lo que durante los dos meses que siguieron al asesinato de su compañera no volvió a trabajar.
Sin embargo, su temor se hizo realidad en noviembre, cuando comenzó a recibir diferentes mensajes de WhatsApp. Los autores —presuntos miembros del ‘Tren de Aragua’, una megabanda venezolana que se ha expandido por Suramérica desde 2019, y se ha convertido en la principal amenaza criminal de Lima— dejaron la advertencia clara.
“Se comunicaron conmigo, que eran el ‘Tren de Aragua’ y que si no pagábamos cupos nos iban a matar”, recuerda.
Le estaban cobrando 400 soles (alrededor de US$100) como una cuota de “inscripción” para seguir trabajando en la zona en la que ejercía desde hacía años. Aparte de la primera cuota, cada semana, tenía que transferir 150 soles (US$40) a una cuenta, y enviar una foto del comprobante de pago con su nombre.
Temiendo por su vida, y la de sus hijos, Paulina comenzó a pagar el cupo.
“Tú trabajes o no trabajes, tienes que juntar su plata, porque si no les pagas, te matan”, agrega.
Sin embargo, al poco tiempo empezó a tener dificultades para recaudar el dinero completo. Los días en los que no había suficientes clientes, le resultaba imposible reunir todo el pago. Incluso, en algunos casos, había tenido que dejar de comer para poder pagar el cupo. Pero cuando no podía reunir el dinero completo, Paulina les enviaba a los criminales lo poco que lograba conseguir. Aun así, estos la amenazaban por no pagarles la totalidad de la cuota.
“Si no te gustan las reglas, te retiras de la zona mejor para no matarte”, sentenciaba uno de los mensajes.
Aunque Paulina tenía mucho miedo de sufrir represalias, denunciar la situación no era una opción para ella. En el Perú, el trabajo sexual no está penado, pero tampoco existe un marco específico para su regulación, y las trabajadoras sexuales como ella han quedado desprotegidas ante todo tipo de violencias. Además, las fuerzas de seguridad, que hasta hace poco habían sido los principales agresores de las trabajadoras sexuales en Lima, por lo general, las discriminan y no suelen ayudarlas en situaciones como esta.
“Uno va a denunciar y te dicen: ‘No, no creo, no creo que te vengan a matar’. Y cuando te matan, [dicen] ‘¿por qué no denunciaste? ¿Por qué no avisan?’. Y cuando uno los llama, ni se aparecen”, explica.
Las trabajadoras sexuales en Lima han enfrentado sistemáticamente extorsiones, golpizas, violaciones y hasta asesinatos y desapariciones. Toda esta violencia a manos de sus familias, clientes, las fuerzas de seguridad y las mafias locales. Pero a pesar de que los maltratos y abusos han sido una constante en su vida, las diferentes facciones del ‘Tren de Aragua’ han llevado la violencia a un nivel sin precedentes.
La calle está dura
Antes de la llegada del ‘Tren de Aragua’ en 2019, entre los principales perpetradores de la violencia en contra de las trabajadoras sexuales se encontraban las mafias locales lideradas por ‘mamis’ y ‘papis’, como se les conoce a los proxenetas que, en ocasiones, cobraban extorsiones a pequeños grupos de trabajadoras sexuales. Las ‘mamis’ y ‘papis’ también manejaban redes locales de trata de personas con fines de explotación sexual.
“Siempre ha habido mafias”, explica Ángela Villón, líder de Miluska Vida y Dignidad (MVD), una asociación de trabajadoras sexuales de Lima. “Te cortaban [la ropa] y te decían ‘si no pagas la próxima, te hacemos lo mismito, igualito, pero en la piel’… Es algo de terror, pero no te mataban”.
Pero, además de las ‘mamis’ y los ‘papis’, por décadas, los principales agresores de las trabajadoras sexuales de Lima fueron miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP) y el Serenazgo Municipal, una institución a cargo de la seguridad ciudadana.
Valiéndose de los vacíos legales en Perú alrededor del trabajo sexual, miembros de la PNP y los serenazgos realizaban operativos contra las trabajadoras sexuales y las detenían de manera arbitraria, según una docena de trabajadoras sexuales que hablaron con InSight Crime. Ellas aseguran haber recibido golpes, maltratos, haber sido extorsionadas y hasta abusadas sexualmente en medio de estos operativos.
Otra lideresa de las trabajadoras sexuales, Leida Portal, quien encabeza la organización Rosa Mujeres de Lucha, dedicada a abogar por las trabajadoras sexuales, fue víctima de tres policías que irrumpieron en su lugar de trabajo, la golpearon, le robaron su dinero, y la llevaron a la comisaría, donde la sometieron a más abusos y discriminación.
Sin embargo, para las trabajadoras sexuales, las cosas comenzaron a empeorar con la llegada de los grupos criminales de origen venezolano en 2019. Hace una década, miles de venezolanos comenzaron a salir de su país huyendo de la crisis económica y política. Uno de los primeros destinos de los migrantes fue Perú, donde actualmente residen 1,6 millones de venezolanos, según cifras de la plataforma de coordinación humanitaria R4V. En 2018, cuando el flujo migratorio de Venezuela llegó a un pico sin precedentes, el ‘Tren de Aragua’ comenzó a expandirse por Suramérica, valiéndose del tráfico de migrantes para establecerse por fuera de Venezuela.
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Para echar raíces en la capital peruana, una infame facción del grupo conocida como ‘Los Gallegos’ comenzó a desplazar a los pequeños grupos criminales peruanos. Entre sus principales objetivos estaban las redes que cobraban cupos a las trabajadoras sexuales en Lima.
Según las trabajadoras sexuales y miembros de la PNP que hablaron con InSight Crime, la llegada y expansión de ‘Los Gallegos’ en la zona fue anunciada la noche del jueves 9 de enero de 2020, cuando tres hombres asesinaron a Isaac Hilario Huamanyalli, conocido como Cholo Isaac. Isaac presuntamente controlaba el cobro de cupos en el distrito de Lince, un epicentro del trabajo sexual en el centro de Lima.
El asesinato del Cholo Isaac fue una de las movidas clave que pusieron de relieve la expansión de la facción del ‘Tren de Aragua’ en la ciudad. Pero no fue la única señal. De acuerdo con las trabajadoras sexuales que hablaron con InSight Crime, una de las ‘mamis’ peruanas también les abrió la puerta a ‘Los Gallegos’.
“[Una] chica se juntó con un venezolano. Le enseñó cómo era el trabajo de cobrar cupos y el venezolano de la mafia la sacó a la chica, y él es el que se quedó con todo”, afirma Roxi, una trabajadora sexual venezolana que lleva tres años trabajando en Lima.
Las facciones del ‘Tren de Aragua’ desplazaron a otras redes de ‘mamis’ y ‘papis’ peruanos y les usurparon el trono en el negocio del cobro de cupos. Con la competencia local fuera de juego, los grupos criminales venezolanos extendieron sus tentáculos sobre las trabajadoras sexuales.
‘Los Gallegos’ comenzaron a extorsionar a las trabajadoras sexuales venezolanas y luego pusieron su foco en las trabajadoras peruanas, colombianas y ecuatorianas.
“Lo que hacían en ese momento era secuestrar a las trabajadoras sexuales y las tenían dos, tres días (…) en un espacio donde no las dejaban dormir (…) todo el tiempo les decían cómo las iban a asesinar”, precisa Ángela.
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Con la llegada de la pandemia del COVID-19, las trabajadoras sexuales que no podían salir a las calles de Lima migraron a aplicaciones de mensajería como WhatsApp para coordinarse entre ellas y agendar los encuentros con sus clientes. ‘Los Gallegos’ supieron aprovechar esto: no solo retenían los teléfonos celulares de las trabajadoras sexuales, sino que recopilaban los números de otras a través de los chats grupales de los que hacían parte y así atrapaban nuevas víctimas en su telaraña de extorsión.
“Cuando todavía estábamos en plena pandemia, nos mandaron el primer mensaje donde ellos se presentaban,” recuerda Ángela. “Estaban comunicando que a partir de ese momento les teníamos que pagar los cupos a ellos”.
Pagar o morir
Hoy, seis años después de la llegada del ‘Tren de Aragua’ a Perú, todas las mujeres que se dedican al trabajo sexual en las calles de Lima deben pagar cupo a esta banda, o a alguna de sus facciones asociadas, como ‘Los Gallegos’, ‘Los Hijos de Dios’ o la ‘Dinastía Alayón’.
“A ellos lo que les interesa es su plata. O les pagas o te matan”, dice Liliana, una trabajadora sexual venezolana.
Las extorsiones están en todas partes. A algunas, como Paulina y Liliana, los grupos criminales les envían mensajes amenazantes a sus celulares y a los grupos que tienen para comunicarse con otras trabajadoras sexuales. A otras las acorralan en las calles y hasta en sus hogares.
“Te van cerrando todos los espacios, de alguna u otra forma terminas metida en ese círculo de criminalización donde si no pagas, no trabajas”, agrega Lucía, una trabajadora sexual peruana que trabaja por medio de anuncios en páginas web.
A las trabajadoras sexuales que trabajan por anuncios, como ella, los grupos criminales les hacen seguimiento y utilizan su número de contacto para cobrarles cupo.
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“Son constantes los mensajes que te envían por WhatsApp. Ven tu anuncio y ya están amenazándote”, precisa Lucía.
Los mensajes de texto terminan llevándolas a números de cuenta en los que deben depositar una cantidad específica de dinero.
Primero, deben pagar el permiso, o la “inscripción”, como lo llaman los extorsionadores, para poder trabajar en las zonas bajo control del grupo. El precio depende de la facción y la zona, que puede ser desde 200 hasta 400 soles (US$50-100). Luego, como Paulina, deben hacer un pago semanal que está entre los 150 y 250 soles (US$40-66), aunque a veces puede llegar a los 500 (US$130). Los cobros no son iguales para todas. Las venezolanas, que fueron las primeras en ser extorsionadas, deben pagar más simplemente por ser venezolanas. Y si se atrasan con el pago, su deuda se va acumulando.
A pesar de que los mensajes amenazantes casi siempre vienen de hombres, las mujeres que hacen parte del ‘Tren de Aragua’, o en algunos casos que son víctimas de trata de personas, son quienes cobran los cupos en las calles.
De acuerdo con los testimonios de las trabajadoras sexuales y las lideresas, estas mujeres pasan todos los días por las zonas donde se concentra el trabajo sexual a cobrar los cupos. Algunas, a pesar de estar asociadas con el grupo criminal, también son objetivos. Una de ellas fue asesinada por el grupo tras volverse conocida en la zona, según las trabajadoras sexuales que hablaron con InSight Crime.
“Nos cobraba y la mataron los mismos [criminales]”, afirma Katherine, otra mujer que habló con InSight Crime. “Ella cobraba todo a las peruanas, pero como se puso ambiciosa, se juntó con otra gente más fuerte. Pero con la mafia nadie juega, porque a la mafia la aburres y te mata”.
Si alguna se niega a pagar o no tiene el “permiso” del grupo para trabajar en la zona, la amenazan, la golpean, e incluso pueden llegar a asesinarla.
La violencia no es aleatoria. Es una advertencia escrita con sangre para las demás trabajadoras sexuales: la que se niegue a pagar correrá con el mismo destino.
A Lucía, miembros de grupos criminales la secuestraron en 2023. Ella había acordado encontrarse con un cliente en una casa, pero al llegar al lugar se dio cuenta de que la situación no era la que esperaba. Al interior de la vivienda se encontró con un hombre armado, que le dijo que ella no estaba en su listado de mujeres autorizadas para trabajar y abusó de ella mientras la amenazaba con el arma. Aunque logró escapar, Lucía teme volver a ser atacada.
Las familias de las trabajadoras sexuales también están en la mira. En agosto del 2023, el esposo de Katherine estaba almorzando con su familia en la capital. Sin darse cuenta de que unos hombres armados lo estaban siguiendo, salió a la calle a pedir un taxi, pero momentos después los hombres le dispararon y lo mataron.
“Fue porque no pagué el cupo”, dice Katherine.
Los asesinatos de trabajadoras sexuales año por año
Según los registros de las organizaciones de trabajadoras sexuales y el monitoreo de prensa de InSight Crime, entre 2018 y 2019, al menos 7 mujeres fueron asesinadas. Entre 2020 y 2021 se registraron 8 asesinatos. En 2022, 35 mujeres fueron asesinadas, según el monitoreo de Miluska Vida y Dignidad. Otras 36 fueron desaparecidas, y se cree que varias están muertas.
“No encontramos sus cuerpos, pero nadie nos hace caso”, comenta Ángela Villón.
En 2023 se registraron 36 mujeres asesinadas y 39 desaparecidas, y en 2024, al menos 39 fueron asesinadas o desaparecidas.
Fue hasta febrero del 2022 que la violencia atrajo la atención nacional. Ese mes, dos trabajadoras sexuales —una venezolana y una ecuatoriana— fueron asesinadas en pleno centro de Lima.