Las redes de trata del Tren de Aragua: la historia de las ‘multadas’
En esta segunda entrega de InSight Crime (pueden ver la primera en este enlace) sobre las formas de explotación sexual que practica el Tren de Aragua, nos centramos en el mundo de las extranjeras que son traídas con engaños a nuestro país. Todas ellas son retenidas por la fuerza y deben pagar un cupo a los maleantes. Quienes tratan de escapar son torturadas o asesinadas.
Escribe Lara Loaiza / InSight Crime
Cuando Isabel aceptó el trabajo de vendedora en un local comercial que su prima, Catalina, le estaba ofreciendo fuera de Venezuela, jamás se imaginó que meses después estaría tendida en una carretera de Perú, haciéndose pasar por muerta y con una bala en el cuello.
Isabel tenía 22 años y no quería dejar pasar la oportunidad de trabajar con su prima en el local ubicado en Mollendo, una ciudad en el departamento de Arequipa, al suroeste de Perú. Esta oferta era su boleto para escapar del colapso económico de Venezuela. Sin embargo, poco después de llegar a Perú, descubrió que la oferta había sido un engaño y que estaba a merced de una red de trata de personas.
Isabel fue una de las cientos de mujeres venezolanas que son captadas por redes de trata de personas año tras año. Su historia se entreteje en las páginas de un caso judicial con al menos 43 personas acusadas de pertenecer al Tren de Aragua, una megabanda de origen venezolano que se ha expandido por Suramérica. En varias ciudades de Perú, el grupo ha implementado un complejo sistema de captación, transporte y explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes.
Las víctimas de este esquema criminal son conocidas entre las trabajadoras sexuales como “las multadas”, en referencia a como las víctimas de trata deben pagar una deuda a sus captores por el costo de su viaje y manutención.
“Las traen multadas”, dice Roxi, una trabajadora sexual venezolana que vive en Lima. “Les pagan todo y cuando llegan aquí, llegan engañadas, llegan a explotarlas”.
PUEDES VER: Trata de personas: el perverso delito que afecta a adultos y menores crece ante un Estado indiferente
El brazo rosa
La ruta de las víctimas hacia la explotación usualmente comienza en línea. Para Isabel, todo comenzó con los mensajes de su prima, que actuaba como captadora.
Las y los captadores, son el primer eslabón en la cadena de la trata de personas y se encargan de identificar y engañar a las víctimas para que acepten viajar al exterior.
Cada vez más, las redes de trata se valen de otras mujeres para este proceso, pues inspiran más confianza en las víctimas. Las autoridades peruanas han denominado a esta figura de captadoras como “brazo rosa”.
“Llegan chicas, muchas veces captadas por otras chicas que ya están en la situación de trata, es decir, ese mecanismo de utilizar a las víctimas para captar otras víctimas”, cuenta a InSight Crime Joel Jabiles Eskenazi, coordinador de la Unidad de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Perú.
Según el testimonio de Isabel y la información recolectada por los fiscales, luego de que Catalina la convenció de viajar a Perú, solicitó la aprobación de su traslado a un presunto líder de la célula de Los Gallegos en Perú. Los Gallegos son una facción del Tren de Aragua que llegó al país en 2019, aprovechándose de los flujos migratorios que salían de Venezuela hacia el país andino para expandirse.
Una vez con la aprobación del líder, Isabel, quien para este momento seguía convencida de que se trataba de un trabajo real, comenzó su viaje hacia Perú. Catalina la puso en contacto con un supuesto “asesor de viajes”, quien se encargó de toda la logística del viaje y cubrió los costos, que, según los documentos del caso, varían dependiendo del país de origen. Por las mujeres que viajan desde Venezuela, los “asesores de viaje” reciben US$500, y por las de Colombia, US$300.
El asesor llevó a Isabel hasta Ecuador. Una vez en el país, el hombre la contactó con otro operador, que le compró sus pasajes a Lima, desde donde viajaría a Mollendo, donde supuestamente vivía Catalina.
Al llegar a Mollendo no se encontró con su prima, sino con otra mujer que, con brutal franqueza, le informó que el trabajo que le habían prometido no existía y que, en cambio, debía trabajar en nightclubs o chongos —como se les conoce en Perú a los bares donde se venden servicios sexuales— para poder pagar la deuda de su viaje.
En un instante, Isabel se dio cuenta de que había sido atrapada por una red de trata.
Aunque intentó contactar a su prima para aclarar la situación y salir de la pesadilla en la que estaba envuelta, nunca lo consiguió. Los documentos de su caso dejan constancia de que perdió todo rastro de Catalina, quien dejó sus cuentas en Facebook y WhatsApp abandonadas.
PUEDES VER: López Aliaga pide declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista para tener ayuda de EE.UU.
La explotación
La mujer que recibió a Isabel en Mollendo la llevó a una casa donde vivían otras nueve mujeres y un hombre, el encargado de vigilarlas para que no se escaparan. Allí, le dijeron que tenía que pagar una deuda que tenía con Los Gallegos por los costos de su viaje, además de lo que le cobrarían por hospedarla y alimentarla en Perú.
Las deudas, o “multas”, varían según la nacionalidad de la víctima. Si venían de Colombia, la multa era de US$3,200, pero si habían llegado desde Venezuela, la suma ascendía casi a los US$4,000, según los documentos. Para Isabel, que había accedido a lo que creía que era un trabajo de vendedora en un local comercial, pagar esa cantidad de dinero era prácticamente imposible.
Estas “multas” son una de las formas de control que usan grupos como Los Gallegos para someter a las víctimas de trata. Cualquier acto de desobediencia era castigado con un incremento en la multa de entre US$250 y US$500. Otras, para pagar su deuda, captaban a mujeres como Isabel para que tomaran su lugar.
Como se lo había sentenciado la mujer que la recibió en Mollendo, Isabel se vio obligada a trabajar en un chongo, y al final del día nada del dinero quedaba para ella. Según los documentos del caso, los clientes de la red pagaban alrededor de US$34 por media hora, US$40 por una hora, y US$186 por amanecer con alguna de las mujeres. Todo lo que ganaban debían entregarlo al hombre que las vigilaba en el establecimiento y en la casa donde dormían como parte del pago de su deuda.
Para mantener a las víctimas bajo su control, Los Gallegos no solo las violentan y amedrentan, sino que también ejercían otras formas de coerción. Su estrategia incluía la manipulación psicológica acompañada de constantes amenazas de lastimar a sus familiares, incluso en sus países de origen. Y es que la estructura descentralizada del Tren de Aragua y su presencia en varios países les permite encontrar y amenazar a las familias de sus víctimas, incluso si están en el exterior.
“Ellas ya no se van, ya no se escapan porque saben lo que puede pasar a sus hijos, y a su familia en Venezuela”, explica Ángela Villón, líder de Miluska Vida y Dignidad, una asociación de trabajadoras sexuales en Lima que ha conocido casos de trata de primera mano.
Además, las mujeres “multadas” son vigiladas todo el tiempo. Para evitar que busquen ayuda o que generen vínculos, son trasladadas de calle y ciudad constantemente.
“[Las] mueven aquí una semana, [las] mueven acá en otra semana, ... hasta las llevan a provincias”, afirma Liliana, otra trabajadora sexual venezolana que reside en Lima.
Un laberinto sin salida
Semanas después de que Isabel llegara a Mollendo, una de las mujeres que vivía con ella logró escapar y llegar a las autoridades. Para evitar a la policía, Los Gallegos decidieron mover a Isabel y a las demás mujeres a la ciudad de Arequipa. Una vez allí, las obligaron a trabajar en las calles, mientras un hombre armado en moto las vigilaba desde lejos.
Isabel, por su parte, intentó escapar dos veces. Tras el primer intento fallido, la encerraron en un cuarto sin poder hablar con nadie. En su segundo intento llegó más lejos, hasta el terminal de transportes, pero de nuevo, la alcanzaron. Con la vigilancia constante a la que estaba sometida, no era fácil escapar. Además, incluso si hubiera logrado pagar la multa con el grupo, era casi imposible que la dejaran ir.
“Hay casos que ellas pagan y las siguen explotando, (...) no las dejan respirar pa’ nada. Tienen que hacer lo que ellos digan”, sostiene Roxi.
Los documentos judiciales hacen eco de su testimonio. Las mujeres que habían pagado su deuda no tenían más opción que continuar trabajando, y debían pagar 150 soles (US$40) al día por estar en el territorio de Los Gallegos, pues pocas contaban con redes de apoyo que les permitieran salir de la explotación o volver a sus familias.
En entrevistas con InSight Crime, miembros de La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) y de la División de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (PNP) comentaron que la mayoría de las mujeres rescatadas durante los operativos contra la trata de personas vuelven a la situación de explotación. De 2,500 personas rescatadas en 2023, solo 5% tienen investigaciones abiertas, según datos de la PNP. Esto se debe a que el sistema judicial peruano solo comienza una investigación cuando una persona hace una denuncia formal, algo que muy pocas víctimas hacen por miedo a sufrir alguna represalia.
“Nosotros tenemos la limitación de poder continuar [las investigaciones], porque muchas veces tenemos que buscar otros elementos de convicción para que nos puedan conducir a determinar que estas son víctimas de trata, porque ellas no lo aceptan”, explica a InSight Crime el General Aldo Ávila Novia, Jefe de la División de Trata de Personas de la PNP. “Es bien difícil que ellas puedan aceptar que son víctimas por las circunstancias [de violencia]”, agrega.
Las denuncias son pocas. Existen falencias en las investigaciones y operativos contra la trata de personas y, en ocasiones, se registra a trabajadoras sexuales como víctimas de trata.
Y los casos reportados siguen aumentando. En 2020, la PNP registró 372 denuncias por trata de personas en el país, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú. Para 2022, la cifra fue de 631, de las cuales, el 85,3% fueron mujeres (538), y 153 eran venezolanas. Para 2024, solo en los primeros seis meses del año, la PNP registró 458 denuncias, de las cuales el 78,7% de las presuntas víctimas fueron mujeres y de ellas el 54 tenían entre 13 y 17 años.
Cuando Isabel intentó escapar, el castigo no se hizo esperar.
“Le hicieron poner sus manos en una mesa y le dieron golpes con la cacha de una pistola, diciéndoles que tenía que hacerlo cuando ellos le dijeran, que era de ellos”, dicen los documentos judiciales.
Desde entonces las amenazas aumentaron. Los criminales le daban golpes constantemente, le quitaban su celular para ver las conversaciones con su familia, e incluso le dijeron que habían enviado personas a Venezuela a buscar a sus familiares.
Una luz al final del túnel
Una tarde, alrededor de las 2:00 p.m., dos hombres llegaron a la habitación de Isabel. Le dijeron que se levantara y recogiera sus cosas, que se tenía que ir con ellos. Había pasado poco tiempo desde la captura de uno de los miembros del grupo. Aunque los documentos no son claros, parece ser que la policía también detuvo a Isabel en ese momento y luego la dejaron en libertad.
Salieron en un carro por una carretera. Le dijeron que la tenían que cambiar de sitio, a uno donde estaría mejor, y, sigilosamente, le preguntaron que qué le había dicho a la policía, a lo que ella respondió que no había dicho nada.
Después de unas tres horas de camino, la hicieron bajar del carro. Uno de los hombres le pasó un celular, mientras que el otro sacó una pistola y le disparó.
Isabel cayó al piso. La bala solo la había rozado. Uno de los hombres le dio una patada, para asegurarse de que el trabajo había quedado bien hecho. Ella sabía que si se movía, le dispararían de nuevo, así que aguantó el dolor. Lo último que les escuchó decir fue “móntate, móntate rápido, que esta quedó lista”.
Minutos después escuchó el carro irse, y comenzó a pedir auxilio. Alguien la ayudó a llegar a la comisaría, donde le tomaron su denuncia y la trasladaron al hospital. Aunque Isabel logró escapar de su situación de explotación y hoy el caso judicial contra sus victimarios avanza en las cortes de Arequipa, es la excepción a la regla.