Un programa para el Perú: hacia un nuevo Estado democrático, nacional, ambiental y popular, por Manuel Rodríguez Cuadros

Vivimos una de las más graves crisis de la República. Las migraciones en las últimas décadas han desbordado al Estado. Y  lo han hecho por la vía de la ilegalidad y la informalidad. De los 5 millones de onzas de oro que el Perú exporta anualmente, más de un millón (aproximadamente el 22%) provienen de la minería ilegal. En 2022, la producción potencial de cocaína fue de 869 toneladas métricas, con aproximadamente 95,008 hectáreas de cultivos de coca. Las organizaciones criminales de trata de personas generan ingresos anuales que ascienden aproximadamente a 1,300 millones de dólares. Según la Contraloría, en 2017 la corrupción produjo pérdidas al país equivalentes al 15% del presupuesto público ejecutado.

El desborde popular se ha transformado en un desborde político. Para Transparency International, existirían evidencias de que las actividades ilegales promueven, financian y controlan representaciones políticas e influyen en las elecciones parlamentarias. La informalidad ha penetrado en el sistema político a través del voto preferencial. El Estado de derecho se ha debilitado y  se ha distorsionado el equilibrio de poderes. El sistema electoral se encamina a la opacidad. La estructura constitucional y funcional de la gobernabilidad ha colapsado. Esencialmente, es autoritaria y excluyente. O el Ejecutivo tiene mayoría parlamentaria o la posee el Congreso; en ambos casos se imponen las decisiones. El Perú ha dejado de ser una “democracia defectuosa” para convertirse en un régimen híbrido: una mezcla de democracia electoral y autoritarismo.

Se ha perdido la identidad del bien común, del "nosotros" como patria y nación. Las provincias y los pueblos están cada vez más marginados y se sienten excluidos. Es indispensable una profunda reforma del Estado.

En las condiciones de vida de la población, punto de partida y fin último de lo político y la política, la situación también es crítica. Según el Banco Mundial, uno de cada tres peruanos vive en pobreza. En el área urbana, la pobreza es mayor que durante la pandemia. Se ha incrementado en 21 de las 25 regiones.

La economía es primario-exportadora. En 1970 exportábamos un 70% de cobre refinado y un 30% de concentrados. Hoy es al revés. Hay una reprimarización. El crecimiento es insuficiente, a pesar de los altos precios y la demanda creciente de minerales y metales. El Banco Mundial, el FMI y la CEPAL prevén un crecimiento por debajo del 3% para los próximos dos años, menos de la mitad del crecimiento del 6% de la pasada década. Con esa proyección, no se reducirá la pobreza.

Las microempresas son más del 96% de las empresas que existen en el Perú. Emplean al 45.8% de la PEA, pero el 86.7% son informales. El Estado no tiene políticas efectivas de financiamiento, formalización y creación de competitividad. El Perú, como Italia, tiene una base productiva de microempresas, pero la política económica las subestima, las margina y, en ocasiones, las reprime. Es indispensable una reforma de la legislación y la elaboración de un Plan Nacional de Productividad y Competitividad para las microempresas. PROMPERÚ debería reconvertirse para promover exclusivamente la competitividad y la promoción de exportaciones de los microempresarios. Es indispensable una reforma para la transformación productiva de la economía nacional, la competitividad y el acceso al financiamiento de las microempresas. Esta reforma debe basarse en la intangibilidad de la disciplina macroeconómica y la estabilidad monetaria.

Esta es una aproximación a la realidad nacional, aquella que ha sido relegada en los archivos de la vida política desde hace mucho tiempo. La misma que concentró las reflexiones e interpretaciones de derecha, centro o izquierda de Francisco García Calderón, Riva Agüero, Víctor Andrés Belaúnde, Mariátegui, Haya y José Matos Mar. El régimen híbrido del sistema político actual no se acerca a las elecciones a partir de diagnósticos de la realidad nacional, sino más bien por el deseo de poder, ya sea por una curul parlamentaria o el acceso al sueño del control del Ejecutivo.

Las elecciones del próximo año pueden representar una oportunidad o una sepultura. La promesa de la vida peruana debe apostar por la oportunidad, promoviendo una alternativa de gobierno democrático, nacional, ambiental y popular.

La filiación democrática no es, en nuestros días, un atributo exclusivo de una sola orientación política. Existen derechas e izquierdas democráticas. Pero la democracia no debe ser solo electoral, sino republicana, donde la representación de los electores incida en la gobernabilidad del Ejecutivo y del Parlamento día a día. Esto supone mecanismos de participación y supervisión, además de cambios radicales en la ley de partidos. El régimen de gobernabilidad establecido en la actual Constitución requiere una reforma integral del sistema político de la Nación.

Pero la democracia y el Estado de derecho implican el imperium de la ley, una recta administración de justicia, un Poder Judicial eficaz, autónomo y respetado, una policía honesta y técnicamente eficiente. Es urgente combatir con eficacia  la delincuencia y las bandas criminales. Es necesario devolver al ciudadano, a la gente, la paz y la seguridad en su vida cotidiana: en su casa, en la calle o en los espacios públicos. Hay que acabar con el robo, los cupos, las extorsiones y los asesinatos.

Un gobierno democrático debe basarse en una estructura social que cierre las brechas, elimine las injusticias y la discriminación, incluyendo la racial y lingüística. Es necesario disminuir la pobreza en al menos cinco puntos porcentuales y erradicar la desnutrición infantil en un plazo de cinco años. Esto ya no son solo opciones de política, sino imperativos éticos y humanos. Por ello, es indispensable una reforma social para fortalecer la cohesión social.

Un gobierno nacional supone asumir el Perú como una entidad social, económica, política e histórica que posee una identidad cultural plural. Donde la búsqueda del bienestar y la seguridad de todos sus habitantes debe prevalecer sobre cualquier otra consideración individual, grupal, de clase, faccional o ideológica. La patria de todos debe ser el referente de toda decisión de gobierno, tanto en lo interno como en lo externo. Esto implica una diplomacia autónoma e independiente, que actúe en función del interés nacional de todos los peruanos y no solo de algunos.

La perspectiva ambiental supone la reconciliación con nuestro medio geográfico, nuestro territorio. Es necesario definir una relación de armonía y equilibrio entre el medio ambiente, los habitantes y las actividades productivas, especialmente la minería.

El carácter popular del programa es su rasgo distintivo, junto con la opción democrática. Ser popular significa gobernar para todos los habitantes de la patria, pero priorizando a quienes más lo necesitan: los pobres, las clases medias, los microempresarios, los sectores vulnerables. Lo popular es lo contrario al populismo. El populismo, sea de izquierda o de derecha, es demagógico, incentiva el enfrentamiento entre sectores sociales, fomenta la división y subordina las políticas estatales al objetivo de preservar el control del poder político y su ejercicio autoritario. Además, afecta la estabilidad macroeconómica, mientras que el gobierno popular la preserva como requisito de un crecimiento inclusivo, que disminuya la pobreza y fortalezca la cohesión social.