Después de que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) diera a conocer un informe en el que reveló que más de mil 500 cuerpos sin identificar fueron incinerados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) de 2006 a 2015, la Fiscalía General del Estado (FGE) consideró que en un plazo de dos semanas habrían revisado los expedientes para determinar bajo qué circunstancias se autorizó la incineración de los cadáveres.
“El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a partir del proceso entrega-recepción que hizo a partir del 6 de diciembre, así como en la Fiscalía y el proceso de actualización de todas las bases de datos de desaparecidos, nos ha llevado a realizar trabajos en conjunto con Ciencias Forenses para determinar en cuántos casos pudieran haber expedientes incompletos.
“Partimos de la base que seguramente va a suceder eso, que va a haber expedientes que no están completamente integrados, el estudio nos marca un universo de mil 560, lo estamos revisando con mucha puntualidad”, explicó el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez en rueda de prensa.
El funcionario aseguró que “esperaría que antes de dos semanas podríamos tener ya en cuántos casos, específicamente en tema de cenizas, hay expedientes completos y en cuántos incompletos y las circunstancias particulares de cada una de las autorizaciones para incinerar”.
La Ley en Materia de Desaparición de Personas establece que “los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozcan o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias”.
Asimismo, señala que es obligación de las autoridades “recabar, ingresar y actualizar las muestras necesarias para ingresar los datos al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas con el propósito de la identificación de un cadáver o resto humano antes de inhumarlo a partir de los procedimientos establecidos por el protocolo homologado aplicable”, se lee en el documento.
La incineración de los cadáveres no reconocidos pueden representar otra forma de desaparición forzada. Según la investigación del Cepad, los cuerpos incinerados tuvieron tres destinos diferentes: unos fueron resguardados por el instituto, otros enviados a panteones y otros se entregaron a personas sin tener la certeza de que los restos corresponden a su familiar desaparecido.
Ante esto, Solís Gómez afirmó que “vamos a hacer un análisis de todos y cada uno de los expedientes”, y señaló que “si existe una responsabilidad se tendría que iniciar la carpeta y citar a los servidores públicos”.
Según datos otorgados a la Cepad, el instituto informó que de 2006 a 2015 se incineraron mil 571 cuerpos, de los cuales a mil 430 no se les realizaron las pruebas de ADN ni se le practicaron confrontas genéticas para su posterior identificación.
Estrategia
Tras la presentación del plan para Búsqueda de Personas Desaparecidas, presentada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Solís Gómez señaló que Jalisco no se aislará de la política nacional.
“Hay una serie de estrategias que se llevan coordinadas en todos los estados a través de las comisiones de búsqueda estatales. No podemos aislarnos de una política nacional, definitivamente la Ley General en Materia de Personas de Desaparecidas establece unos lazos de coordinación mediante los cuales vamos a ajustarnos a la estrategia nacional respetando las particularidades del trabajo operativo que tenemos en el estado; y seguramente en el aspecto presupuestal, vamos a ver de qué apoyos pudiéramos hacer uso para implementar los apoyos financieros que ya se cuentan en el estado”, señaló Solís Gómez, quien agregó que se duplica el personal ministerial y policiaco de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.
