La libertad de expresión y el disenso
La vigencia del derecho a la libertad de expresión en una democracia republicana lleva implícito el respeto de la pluralidad, de los disensos, así como la necesidad de contar con un entorno adecuado para que las opiniones y puntos de vista de la sociedad se manifiesten y conformen las discusiones públicas. La generación y preservación de este entorno constituye uno de los indicadores más relevantes sobre el compromiso y convicción democrática de gobiernos y autoridades, en tanto solo donde la libertad de expresión existe y se garantiza pueden darse el debate y la pluralidad política propios de un régimen de esta naturaleza.
La libertad de expresión está estrechamente vinculada con el derecho que tienen las personas a contar con información veraz, pertinente y oportuna, que les permita formarse una opinión propia sobre los asuntos públicos para participar en las reflexiones y debates sobre los mismos, así como ponderar fundádamente el sentido de su intervención en los procesos democráticos. Si no se respeta y garantiza el derecho a la información, tampoco se esta preservando el derecho a la libertad de expresión, pues no solo se trata de decir lo que se piensa, sino también de poder comunicarlo. En los últimos meses, la vigencia de estos derechos parecería estarse cuestionando en nuestro país.
Por una parte, mediante los ataques perpetrados contra periodistas y comunicadores (5 homicidios durante 2019) donde, con independencia de los mecanismos de protección que se revisen o establezcan, es necesario que en cada caso se realicen investigaciones prontas, objetivas, integrales y eficaces, que no excluyan la actividad profesional de las víctimas y permitan determinar las responsabilidades correspondientes. La violencia contra periodistas y comunicadores es una forma de censura y un desafío para la justicia, de ahí la necesidad de que se articulen y coordinen esfuerzos y capacidades para su abatimiento, pero, sobre todo, para su prevención con un compromiso real, eficiencia, pertinencia y dignidad.
En este sentido, el mayor desafío es el abatimiento de la impunidad. Conforme al último análisis realizado por la CNDH a las indagatorias relacionadas con homicidios de comunicadores, se determinó que en cerca de 90 por ciento de los casos existe impunidad, cifra que se eleva a 100% tratándose de los 21 casos de comunicadores desaparecidos y de los 52 atentados a instalaciones de medios de comunicación que se han presentado desde 2000. Las autoridades que tienen a su cargo estas investigaciones deberían presentar a la sociedad un informe pormenorizado sobre el avance que guardan las mismas. Aun cuando algunos expedientes hayan superado los plazos lógicos para una investigación, el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas debe hacerse efectivo.
Por otra parte, es preciso que las autoridades ratifiquen su compromiso con la libertad de expresión y la información, promoviendo el debate público, respetando el disenso y tomándolo como base para la construcción de consensos. Los servidores públicos tenemos más restricciones y responsabilidades que los particulares y estamos sujetos a un menor grado de protección frente a las críticas y el escrutinio, en atención al interés que la sociedad tiene en nuestras actividades.
El derecho de réplica de una autoridad debe ejercerse de manera respetuosa e informada. Si en lugar de hechos objetivos y razones fundadas se emplean calificativos, frases que denosten o ridiculicen la labor de un medio de comunicación o de quienes ahí laboran, el legítimo debate democrático puede transformarse en un acto de intimidación y abuso del poder.
El que exista disenso no significa que se agreda a las autoridades o al gobierno. El disenso enriquece el debate público y fortalece la conciencia crítica de la sociedad, de ahí que su garantía sea un elemento esencial dentro de un Estado democrático.
* Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos