El Instituto del Bienestar y los profetas de la catástrofe
La creación del Instituto de Salud para el Bienestar a partir de la desaparición del Seguro Popular (SP) ha generado un debate al que se integraron los ex secretarios de Salud Julio Frenk Mora y Salomón Chertorivski, quienes pareciera que buscan generar pánico antes que abonar a la discusión sobre cómo solucionar los persistentes y graves problemas de salud que aquejan al país. Además, usan argumentos falaces sobre la modificación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Por un lado, afirman que el gobierno federal solo utilizó un memorando para desaparecer al Seguro Popular y crear el Instituto de Salud para el Bienestar y dicen que una decisión tan trascendente se anunció de manera improvisada. Esto es falso y poco original. Falso, porque en el mismo acto en el que se leyó el memorando, el Presidente mencionó —dos veces— que presentaría una propuesta de reforma a la Ley General de Salud, y el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, presentó el pasado 7 de julio una iniciativa en el sentido de lo expresado por el mandatario. Poco original, pues la oposición recurre al adjetivo de “improvisado” —o a alguno similar— para calificar cualquier medida del Ejecutivo: la sustitución del SP se había anunciado desde la campaña presidencial.
Por otro lado, los ex secretarios afirman que desaparecerá el fondo de gastos catastróficos. Por el momento, no hay evidencia de que sea el caso. Incluso en la propuesta de Delgado se mantiene el párrafo que establece un fondo destinado a la atención de padecimientos que causan gastos catastróficos, aunque con un cambio relevante: se incluye la posibilidad de utilizar una parte para financiar la construcción de infraestructura, especialmente en las entidades federativas con mayor marginación.
Una de las principales limitaciones del SP fue que no garantizaba el acceso real a servicios de salud para buena parte de sus beneficiarios. Aunque formalmente el SP ha dado ya cobertura universal, hay 20 millones de personas que no cuentan con acceso efectivo a la atención sanitaria, según cifras del Coneval. Esta falla se debe a que la infraestructura no creció en la misma proporción que la cobertura. Además, el seguro se concibió como una protección financiera a las familias, por lo que no fue acompañado por un modelo de atención que priorizara la suficiencia y calidad de los servicios. Con esto en mente, la actual administración busca invertir parte de los fondos disponibles en recursos humanos y físicos que sostengan un modelo de atención que busca la universalidad efectiva de la salud.
Actualmente, el FPGC cuenta con 80 mil millones de pesos para atender un paquete definido de enfermedades de alto costo. Según información oficial, entre 2010 y 2018 se gastaron, en promedio, 6 mil 800 millones de pesos al año, dejando un monto significativo como reserva. Se debe asegurar la disponibilidad de recursos para estos padecimientos y buscar un uso equilibrado de los fondos para poder ampliar la cobertura tanto de infraestructura como de padecimientos.
Otro punto delicado de la mencionada columna es que minimiza el grave problema de la corrupción en el SP y argumenta que el Presidente canceló el programa por esta razón, pero sin conocimiento al respecto. Aquí una observación: múltiples estudios y reportajes, y la misma Auditoría Superior de la Federación, han demostrado que la corrupción es un problema generalizado del SP. En 2018, un estudio de la organización Impunidad Cero comprobó malos manejos por un total de 3 mil millones de pesos en cinco estados (Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca). Esta cifra es alarmante, sobre todo si se considera que, según información oficial, ese monto equivale al gasto en 2017 en la atención de personas con VIH/sida o el doble de lo que se gastó en atención del cáncer de mama. De ese tamaño es el costo en vidas de la corrupción vinculada al SP.
Sin duda, el Seguro Popular tuvo algunos resultados positivos: afilió a la mayoría de las personas excluidas de la seguridad social, incrementó el gasto público en salud para ese sector e introdujo mecanismos claros para asignar el presupuesto de manera progresiva. Igualmente importante: tras el legado del SP, es inconcebible volver a un México sin un esquema de atención a la salud de las personas sin seguridad social. La cancelación del SP no reniega de estos avances, construye sobre ellos.
Tampoco se debe rechazar la posibilidad de utilizar una parte del FPGC para la construcción de infraestructura. Sin embargo, algo que se podría mejorar en la iniciativa y que debería tener en cuenta la propuesta presidencial es la necesidad de establecer criterios claros y específicos de asignación presupuestal, de manera que se garantice el acceso efectivo a los servicios de salud a toda la población sin seguridad social y que se combatan las desigualdades regionales en el disfrute del derecho a la salud.
Convendría más que personas con amplia experiencia, como funcionarios públicos del sector salud se preocupen menos por sus legados individuales y mejor aporten sus conocimientos para la construcción de un modelo de atención en salud que sea equitativo, incluyente y de calidad.
MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ Y MARIELA SÁNCHEZ BELMONT
Investigadores de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social