¿Quién es el culpable?

“La mayoría de los hombres son
malos jueces de sus propios asuntos”
Aristóteles

Eduardo Medina Mora presentó su renuncia hace una semana, al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque sólo llevaba 4 y le faltaban otros 11 años para terminar su encomienda, con un sueldo de los más altos pagados en el servicio público en este país.

Derivado de ello, inmediatamente se hicieron comentarios, en relación a la intención del titular del Poder Ejecutivo, de querer tomar control del Poder Judicial Federal, ya que, con esta renuncia, aceptada por el presidente y aprobada también por el Senado, López Obrador en menos de un año, habrá propuesto 3 integrantes de la Suprema Corte, de un total de 11 con que cuenta.

Con una carrera pública de más de 20 años, y con cargos importantes en 3 diferentes sexenios, 2 del PAN y 1 del PRI, fue director del CISEN, Secretario de Seguridad Pública Federal, Procurador General de la República, y embajador de México ante el Reino Unido y en Estados Unidos.

Durante su carrera, tuvo acusaciones de todo tipo, desde temas relacionados con el narco y hasta actos de corrupción; incluyendo vínculos con litigantes como Juan Collado, actualmente preso, o haber otorgado una suspensión al “Bronco” el gobernador de Nuevo León, pero también, y no es un tema menor, tuvo que ver, con el proceso de desafuero, al actual Presidente del país.

Quizás sea cierta, la intención de querer tomar control de la Suprema Corte, tomando en cuenta la relevancia de los asuntos que ahí se discuten, pero no podemos perder objetividad, y dejar de lado, las razones por las cuales se generó esta renuncia, incluyendo una relacionada con temas médicos, derivados de la reciente muerte de su esposa.

Dice el dicho, que cuando el río suena, es porque agua lleva, y sin duda, el ahora ex ministro, ha sido un personaje polémico, y el mayor ruido viene ahora, de una investigación de la unidad de inteligencia financiera, en coordinación con la Fiscalía General de la República y autoridades del Reino Unido y de Estados Unidos, por el delito de lavado de dinero.

Y no es para menos, se hicieron públicas transferencias supuestamente por más de 100 millones de pesos, por un período de 2016 a 2018, que superan por mucho su sueldo de ministro; algo que desmintió en una carta hecha pública, alegando que, de manera dolosa, se habían cambiado cantidades en pesos a dólares y a libras.

Tomando en cuenta los montos, y el período investigado, lo relevante es, que siguen en duda y muy poco claras, las operaciones financieras de las empresas familiares, y faltaría revisar el resto de años, en que se desempeñó como servidor público, para que se tenga un panorama más completo sobre su rectitud y ética en el servicio público; no fue adecuado, mezclar la carrera pública, con la etapa de empresario.

De acuerdo con la Constitución Federal, para renunciar, se exige una causa grave, y aunque en su carta, el ahora ex ministro, nunca expuso la razón, y el solo hecho de haberla presentado, es un reconocimiento implícito, de que, si existe una motivación de esa magnitud, pensar en lo contrario, y que se trata de una amenaza o presión, resultaría incluso contraproducente para él, porque entonces valdría la pena saber, el motivo por el cual guardó silencio.

Eduardo Medina, no representaba por sí solo al Poder Judicial Federal, su salida y las razones hoy desconocidas, deben abonar a mantenerlo, en el nivel de excelencia y fama con la que ha gozado; dentro permanece mucha gente de primer nivel; se debe exigir al Presidente, que mande una terna para ocupar ese espacio, que garantice la independencia y autonomía propias de esta Institución.

México ha avanzado mucho en el combate al lavado de dinero, y con el uso de tecnología y la cooperación entre instituciones, se puede seguir por el camino correcto, y aunque la renuncia de Eduardo Medina, puede ser producto de alguna persecución, sin lugar a dudas, también es resultado de su ambición económica.

*Abogado y Maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa 2010-2017