Limitaciones a la justicia alternativa

Un sistema eficiente de impartición de justicia y de solución de conflictos es fundamental para lograr un desarrollo con equidad y en paz. Estudios como Doing Business del Banco Mundial sobre los servicios judiciales, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa coinciden en que debe promoverse la justicia alternativa como una vía efectiva y eficiente de dar acceso a la justicia y de resolver los conflictos en una sociedad.

En Estados Unidos solo 2% de las reclamaciones por accidentes automovilísticos llegan a juicio y solo 10% de las reclamaciones por mala práctica médica (citado por Richard Posner). El resto se resuelve por negociación o mediación. ¿Por qué entonces en Jalisco sólo 15% de los asuntos atendidos por el Poder Judicial (la tasa más alta del país) se resuelven por mecanismos alternativos? ¿Por qué en 2018 nos dimos el lujo de iniciar 9,488 carpetas de investigación y 647 procesos penales por el delito de daño en propiedad ajena (derivados en su mayoría de accidentes de tránsito) con costos para el erario (más los costos, pérdidas y desgaste emocional para las partes) de 14 mil y 29 mil, respectivamente? Resolver un asunto en el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) cuesta al erario 3,300 pesos, es gratuito para las partes (aunque si lo desean pueden asesorarse por sus abogados) y 98% de los convenios pactados por las partes (que se equiparan a una sentencia ejecutoriada) se cumplen de manera espontánea.

La razón por la que no ha desarrollado su potencial la justicia alternativa, es que además de que los costos de los procesos judiciales son muy altos, dichos costos se distribuyen de manera inequitativa entre las partes: hay grandes empresas que tienen sus oficinas de abogados que llevan todos sus asuntos, en tanto que cada uno de sus demandados tiene que recurrir a abogados en lo particular (un gremio en el que no se han logrado garantizar la responsabilidad ética y legal, ni la calidad de sus servicios) y asumir altos costos de representación legal (respecto de su nivel de ingresos). De igual forma la incertidumbre ante el resultado del litigio no es lo mismo para las personas con recursos que puede pagarse una buena representación que para personas de menores ingresos. También la duración de los procesos les cuesta distinto a las partes: las personas ricas se pueden dar el lujo de esperar. Las partes que tienen más certeza y anticipan una victoria casi segura, no tienen la menor intención de renunciar a sus ventajas procesales para buscar un acuerdo equitativo. Por ello, la mayoría de los usuarios de la justicia alternativa son personas con una posición económica similar (sean de escasos o altos recursos) y con vínculos que les hacen luchar por preservar su relación (familiares, socios, vecinos, compañeros de trabajo).

El Poder Judicial del estado de Jalisco está impulsando una política integral para mejorar las condiciones del litigio y desarrollar el potencial de la justicia alternativa: se está haciendo reingeniería de procesos para reducir la incertidumbre y la duración de los procesos, los jueces y magistrados están convencidos de las bondades de estos mecanismos y se está incrementando la canalización de procesos judiciales a las instancias de mediación. Nuestra meta es que el arreglo justo sea la regla y que la descongestión de los tribunales permita la evolución hacia las reglas de aplicación más justas y eficientes para garantizar certeza y justicia para todos los jaliscienses.