Hacienda renuncia a crédito de $25 millones para comprar escáneres
Ministro Nogui Acosta sostiene que adquirir los escáneres no es rentable para el Estado y que se evalúa dar otro uso al dinero del crédito del Banco Mundial.
El Ministerio de Hacienda renunció a utilizar un crédito de $25 millones del Banco Mundial para comprar los escáneres antidroga que el gobierno de Rodrigo Chaves ofreció instalar en las fronteras terrestres y marítimas.
El jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, argumentó que adquirir los escáneres “no es el modelo de negocio idóneo”. Insistió en que no es rentable que el Estado compre los aparatos, pues después se debe analizar cómo costear su operación y mantenimiento.
“Es evidente que comprar los escáneres es una mala decisión, dado el nivel de sofisticación y mantenimiento, por lo cual buscaremos otro modelo de negocio, para tener el servicio y brindar seguridad y continuidad en el escaneo de exportaciones e importaciones”, argumentó el ministro.
Los $25 millones forman parte de un préstamo del Banco Mundial por un total de $156,6 millones, el cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 21 de noviembre del 2020 con el objetivo de que Hacienda modernizara y digitalizara sus sistemas tecnológicos.
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Desde entonces, los recursos para los escáneres están engavetados y, según Nogui Acosta, existe la posibilidad de desobligarlos y darles otro fin, algo que el gobierno aún no ha definido.
“El monto reservado estará disponible en el tanto no se excluya del Plan de Adquisiciones del Proyecto Hacienda Digital”, añadió el jerarca a través de su oficina de prensa.
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La opción de comprar los escáneres se desechó después de realizar un estudio de mercado, aunque nunca se hizo un proceso de recepción de ofertas.
Al 30 de noviembre del 2023, por ese préstamo de $156,6 millones, Hacienda había pagado $697.763 en intereses. Si se calcula el peso de los $25 millones de los escáneres dentro del monto total, el Estado ha desembolsado $111.364 por no usar esos recursos para dicho fin.
Para justificar la decisión, Nogui Acosta puso como ejemplo lo que sucedió con los dos escáneres que están en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), en Limón, los cuales comenzaron a funcionar hasta que APM Terminals contrató a un tercero –Radiográfica Costarricense (Racsa)– para que se encargara de su operación y mantenimiento.
El mismo argumento expuso su antecesor, el exministro de Hacienda, Elian Villegas.
“El Estado no puede ser el propietario de esos escáneres. Básicamente, lo que voy a hacer es comprarlos, colocarlos y nunca más van a volver a funcionar, porque al momento van a estar malos. El arreglo por parte del Estado va a ser demasiado caro. No se tienen los mecanismos o herramientas para darles el mantenimiento y sostenerlos en el tiempo”, afirmó el exjerarca de Hacienda.
Contratación directa de Racsa
En vez de usar los $25 millones, el gobierno pretendía adquirir los escáneres mediante una contratación directa a Racsa. Inicialmente, mediante el decreto 43806, del 29 de noviembre del 2022, el Poder Ejecutivo estableció que la empresa estatal proveería “la solución y equipamiento de última tecnología que permita la digitalización de imágenes e inspección no intrusiva por medio de hardware y software”.
La idea era que Racsa cobrara a los usuarios de los puertos marítimos y terrestres $25 por cada contenedor escaneado.
Sin embargo, el 13 de junio del 2023, la Contraloría General de la República (CGR) reprendió a Nogui Acosta y le advirtió de que no podía seleccionar de forma directa y sin concurso a Racsa, sino que debía cumplir con los lineamientos de la Ley General de Contratación Pública para escoger la mejor oferta.
Ante esa negativa, el ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, fue designado por el presidente Chaves como el líder político del proyecto.
A mediados de diciembre pasado, a través del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), se publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) un concurso público para contratar, de manera directa y sin concurso, a Racsa, utilizando una figura de excepción prevista en la Ley de Contratación Pública para hacer contrataciones entre entes públicos: en este caso, el SFE y Racsa.
No obstante, pocos días después, la Contraloría se trajo abajo ese procedimiento, pues para usar esta figura de excepción, Racsa debía garantizar que facilitaría al menos el 70% de los servicios y bienes contratados, sin el uso de un tercero.
Según el órgano contralor, esta condición no se cumplía, porque el giro de negocio de Radiográfica no son los escáneres. Racsa, mediante un proceso confidencial, había firmado una alianza estratégica con el consorcio Corp Low Risk Costa Rica S. A., el cual se iba a encargar de proveer los aparatos para el escaneo.
Para la Contraloría, esa contratación se llevó a cabo de manera improvisada y poco transparente. En ese momento, Rafael Picado López, gerente del área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la CGR, explicó que, contrario al fin que se persigue con el servicio de inspección, el mecanismo escogido por el Poder Ejecutivo genera diversos riesgos al país. Por tanto, exigió respeto al marco legal vigente.
Días antes de ese rechazo del órgano contralor, La Nación había revelado que Braulio Venegas Dijeres, ahora expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), fue el contacto entre Racsa y el consorcio Corp Low Risk para la compra de escáneres.
Venegas debió renunciar al Incop por su relación con un sospechoso de narcotráfico y lavado indagado en el marco del Caso Corona.
El plan consistía en colocar los aparatos en los muelles de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en Limón; así como en Paso Canoas, en la frontera con Panamá; puerto Caldera, en Puntarenas, y Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua.
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El pasado viernes 22 de marzo, Laura Richardson, comandante en jefe del Comando Sur de Estados Unidos, informó de que su país financiará a Costa Rica la adquisición de cuatro escáneres antidroga.
El presidente Chaves afirmó que Estados Unidos hará la donación junto con las inversiones para instalarlos y el entrenamiento adicional a las fuerzas de seguridad.
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La decisión de no usar el crédito de $25 millones salió a luz pública el pasado 1.° de febrero, durante una reunión que el mandatario, Rodrigo Chaves, y varios de sus jerarcas sostuvieron con la contralora general, Marta Acosta.
En esa conversación, Nogui Acosta insistió en las desventajas de que el Estado adquiriera los escáneres. “No deberíamos comprar un equipo que no podamos operar, que no podamos mantener y que no podamos generar los recursos para poder repararlo, porque al final del día, es una inversión que el Ministerio de Hacienda no puede recuperarla”, alegó.
En esa ocasión, la contralora y su equipo cuestionaron a Chaves y Acosta por esa postura y les solicitaron tomar una decisión sobre el uso que le darán al crédito, entre otras razones, porque el país sigue pagando intereses.
