Ingeniero tico ligado a Caso Madre Patria movió 11,8 millones de euros en criptomonedas

En mayo del 2021, un ingeniero electrónico costarricense de apellidos Barrientos Campos, movilizó en dos días el equivalente a 11,8 millones de euros en criptomonedas en un Exchange o punto de intercambio en España conocido como Bit2me. El movimiento, cercano a los ¢6.525 millones, se tradujo en un reporte de operaciones sospechosas por posible lavado de dinero.

Dichas transacciones, reportadas ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por la Brigada de Bloqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía de España, se investigan dentro del megacaso Madre Patria, por fraude registral y blanqueo de capitales.

Según la ampliación 7 del informe INF009IPSECCRO-22, de la Oficina especializada contra la Delincuencia Organizada, del OIJ, posterior a los movimientos en criptomonedas, Barrientos presentó un “crecimiento patrimonial exponencial incompatible con su perfil financiero”, renunció al trabajo donde se desempeñaba como ingeniero electrónico y en un corto plazo “conformó gran cantidad de sociedades anónimas con Fernando Gómez González, Unai León Muñoz y Abraham Chaves Arias, adquiriendo gran cantidad de vehículos y propiedades” valorados en $3 millones.

Barrientos, los cabecillas de la banda: Gómez y León y el abogado Chaves son parte de las 36 personas que fueron detenidas, el pasado martes 25 de junio, como sospechosos de participar en una red que robaba propiedades para luego venderlas o hipotecarlas. El dinero recaudado se lavaba comprando vehículos de alta gama e invirtiendo en criptomonedas y en servicios de transporte de pasajeros, afirma la Policía Judicial.

El informe detalla que entre el 24 de mayo del 2021 y el 26 del mismo mes, Barrientos recibió varias transferencias equivalentes a 11,8 millones de euros en bitcóines. Luego, movió la moneda de Bit2me a una segunda plataforma electrónica conocida como Wasabi, que opera en la red oscura (Deep web), donde las criptomonedas se introdujeron en un servicio conocido como “mixer”, que son sistemas de alta complejidad que efectúan gran cantidad de transferencias o particiones de los bitcóines para aumentar el anonimato u obstaculizar el rastreo.

Luego de pasar el “mixer”, las criptomonedas pararon a “fiat” (dinero en efectivo) en plataformas en Finlandia (Localbitcoins) y Estados Unidos (Kraken).

Caso Madre Patria: Adultos mayores extranjeros eran víctimas predilectas de estafas registrales

Entre esos movimientos, hubo uno cercano a los ¢500 millones que fue bloqueado por Bit2me porque el usuario omitió la política de la plataforma para la prevención del lavado de dinero, “dejando en evidencia que el dinero proviene de un posible origen ilícito”, indican los investigadores en el reporte incluido en el expediente 22-0050180042-PE, del cual La Nación tiene copia.

En un correo emitido por un funcionario de la Policía Española, de apellidos Sanz Ayuso, se explica que cuando Barrientos abrió su billetera electrónica en el Exchange de Bit2me, en mayo del 2021, registró como domicilio Coslada de Madrid, en España; sin embargo, en fuentes públicas era verificable que el ingeniero, hoy de 34 años, tiene su residencia en Heredia.

Sociedades

Tras la alerta española, los agentes de la Policía Judicial confirmaron que entre junio 2021 y febrero 2022 Barrientos Campos, en asocio con otro hombre de apellidos Fernández Gustavino, constituyó doce sociedades anónimas donde mantenía representación judicial y extrajudicial. Además, en 11 de ellas, figuraba como gerente o presidente de la junta directiva, con la mayoría del capital social.

En un análisis de las constituciones de las sociedades también se determinó que en cuatro de ellas figuran como integrantes los hermanos Jonathan y Abraham Chaves Arias, Unaí León Muñoz y Fernando Gómez González, “sujetos conocidos por la Policía de Costa Rica y la Policía de España por la ejecución de delitos de estafas, falsedad ideológica y recientemente legitimación de capitales”, se lee en el informe policial.

Cabecillas de caso Madre Patria se hacían pasar por empresarios de bienes raíces

Además, el documento agrega que mediante esas sociedades “fantasma” que no registran actividades económicas en el pasado, los sospechosos adquirieron 35 vehículos de alta gama, “icónicos y de colección”, valorados en $1 millón. Por ejemplo, se menciona un BMW M2 de edición limitada, pues solo se fabricaron 2.200 en todo el mundo. Está valorado en España en 103.900 euros, ¢57,4 millones al tipo de cambio actual.

Por último, meses después, Barrientos y Fernández “mediante una serie de movimientos registrales, entre esos simulación de venta de bienes, de manera abrupta se desligaron de todas las sociedades que fundaron, para que los españoles Gómez y León, junto a los hermanos Chaves Arias, tuvieran posesión de la totalidad del patrimonio en una sola sociedad”, afirma la Policía Judicial.

Organización desarticulada

El martes anterior, luego de 42 allanamientos, el OIJ logró la detención de 36 personas sospechosas de asociación ilícita, falsedad ideológica, estafa mayor, legitimación de capitales, cohecho (en modalidad de penalidad del corruptor) y procuración de impunidad. Entre los detenidos hay abogados, notarios, policías de tránsito, un juez penal y tres funcionarios judiciales.

Supuestamente, el grupo escogía a adultos mayores extranjeros, que no vivían en Costa Rica, para suplantarlos y robarles las propiedades. Luego, vendían o hipotecaban los bienes y limpiaban el capital mediante criptomonedas, vehículos y servicios de transporte público.

Once de los sospechosos quedaron en libertad, sujetos al proceso penal, y los otros 25 están a la espera de que concluya la audiencia de medidas cautelares. Este lunes, trascendió que la Fiscalía pidió un año de prisión preventiva.

Permanecen en fuga otras cinco personas identificadas como Abraham Chaves Arias, de 38 años; Mauricio Martínez Parada, de 56 años, y Allen de Jesús Pérez Barboza, de 44 años. Así como Erick Duarte Tijerino, cuya edad no se especificó, y José Martín Zúñiga Brenes, de 61 años.

Las autoridades judiciales indicaron que se puede brindar información al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.