Corte Plena aprueba pago por prohibición a médicos forenses
Los médicos forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibirán un pago adicional en sus sueldos por concepto de prohibición, luego de la decisión tomada por la Corte Plena, el lunes anterior. Se trata de un 30% del salario base establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), aprobada en el 2018.
Tras más de dos horas de exposiciones y discusión, 19 magistrados votaron a favor de acoger un informe de Luis Porfirio Sánchez, magistrado de Sala Segunda, que recomendaba efectuar dicho pago, otorgado a los funcionarios que no trabajen en ningún otro puesto, en el sector público o privado.
De inmediato, con 16 votos a favor, la Corte decidió aplicar el porcentaje de prohibición a todos los funcionarios que lo soliciten; siempre y cuando hayan ingresado al Poder Judicial antes de la puesta en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.
A otros 10 médicos, que entraron en fecha posterior, solo se les aplicará el salario global.
Según uno de los médicos que se beneficiaría con este ajuste, quien prefirió reservarse la identidad, ese 30% equivale a unos ¢266.000 mensuales brutos adicionales al salario, que ronda los ¢2,3 millones mensuales.
La decisión tuvo como antecedente un fallo del Juzgado de Trabajo de San José del 2022, el cual dio la razón a 28 galenos (de los cuales 19 siguen en el OIJ) que habían reclamado el pago por prohibición del 65%, que era el porcentaje anterior a la Ley 9635 y el cual se mantendrá para estos profesionales.
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El Juzgado condenó en aquel momento al Estado a pagar el concepto de prohibición con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe a todos los funcionarios ejercer fuera de la institución, y a la Ley 6451 de 1980, que autorizó a la Corte a reconocer el pago por prohibición a profesionales judiciales que lo solicitaran.
La Procuraduría General de la República (PGR) elevó la sentencia del 2022 a la Sala Segunda, órgano que ratificó el fallo de primera instancia en febrero pasado, por defectos en el recurso de casación.
La directora de Gestión Humana del Poder Judicial, Roxana Arrieta, expuso ante la Corte que se había estimado un costo de ¢262 millones a la entidad para realizar el pago de prohibición en el segundo semestre del año.
Arrieta afirmó que la entidad cuenta con fondos para cubrir la mayoría de ese monto, pero que requeriría un ajuste presupuestario que sería gestionado en setiembre por el Ministerio de Hacienda.
De igual forma, Gestión Humana confirmó a este medio que el pago se empezará a realizar en agosto.
Reclamos sindicales
Janice Sandí, vicepresidenta de la Unión Médica Nacional, sostuvo a La Nación que este es uno de los 17 puntos de las negociaciones salariales y laborales que el sindicato ha mantenido con el Consejo Superior de la Corte, encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial.
Sandí señaló que aún no les han indicado a partir de cuándo se hará efectivo el pago, sin embargo, esperaban tener más detalles en una reunión que estaba prevista para el pasado viernes.
“La Corte Plena lo único que hizo fue materializar un derecho que fue reconocido en un tribunal de la República. A igualdad de condiciones laborales, igualdad de condiciones salariales, eso fue lo que aplicó la Corte el lunes, hasta ahí sabemos porque no conocemos todo el trasfondo de la determinación”, declaró la sindicalista.
Otros de los puntos principales en las negociaciones son el manejo del tiempo extraordinario de los médicos forenses y su salario base.
Un galeno señaló a este medio, en condición de anonimato, que los forenses ganan ¢130.000 de salario base menos que un médico especialista de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Ministerio de Salud. Este asunto, incluso, lo elevaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de perderlo en los tribunales nacionales.
Otro de los temas en discusión es el de la disponibilidad (fuera de su jornada ordinaria), rubro que paga un 35% del salario base a los médicos forenses, equivalente a ¢306.000 por mes, sin importar cuántas de estas acciones se realicen.
El médico anónimo aseguró que les preocupa la salud de varios funcionarios de las unidades regionales que realizan hasta 15 días de disponibilidad al mes, y aunque algunos han buscado dejar este rol, el Consejo Superior les indica que el servicio en la Morgue Judicial no se puede afectar.
“Lo hemos dicho repetidamente a las autoridades de acá, que eso es esclavitud, eso es inhumano, les ha afectado la vida emocional, física, incluso a algunos el matrimonio”, declaró.
José Manuel Fernández Chaves, el odontólogo forense más experimentado del país y cuyos trabajos periciales resultaron claves en juicios complejos como el asesinato de la anestesióloga María Luisa Cedeño, renunció en enero al Poder Judicial, debido a inconformidades con su situación laboral.
Mediante una carta enviada al Consejo Superior del Poder Judicial, Fernández denunció sueldos poco competitivos, que no reconocen los años de experiencia y la especialización, y nulo acompañamiento para que los especialistas en medicina forense puedan renovar conocimientos en el exterior.
El experto agregó que al igual que él, otras 35 personas, entre médicos forenses y psiquiatras, se fueron del departamento de Medicina Legal.
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