Democratización de la pauta estatal nunca existió, concluye investigación de UCR
Socióloga señala que, por el contrario, parece haber una reducción de la pauta estatal en los medios que no han estado alineados al gobierno de Rodrigo Chaves; informe de UCR urge un marco legal contra decisiones arbitrarias.
El IV Informe del Estado de la Libertad de Expresión concluyó, con base en el análisis de los presupuestos de publicidad de la instituciones públicas, que la “democratización de la pauta estatal” promocionada por el gobierno de Rodrigo Chaves nunca existió.
En el capítulo dos, la socióloga Johana Rodríguez analizó la distribución de la publicidad para determinar si, en efecto, la administración de Chaves democratizó la pauta.
“Desde el análisis de los datos, no hay una evidencia concreta que respalde que realmente la asignación de publicidad no discrimine a los medios; por el contrario, y a partir de los planteamientos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, parece haber una reducción a ciertos medios de comunicación que no han estado alineados al gobierno y que el propio Chaves los ha considerado ‘prensa canalla’.
“Asimismo, algunos hechos ocurridos en 2022 y 2023 ponen en entredicho que realmente la asignación de la pauta sea democrática”, detalla el segundo capítulo del informe.
La investigación la elaboraron el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) y el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), ambos de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El 2 de marzo del 2023, Rodrigo Chaves dijo al presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Fernando Sandí, que su labor era “optimizar el uso de los recursos públicos que se dedican a la comunicación del Estado, lo que nosotros llamamos democratizar la pauta”.
Sin embargo, la socióloga Rodríguez recordó la publicación realizada por La Nación el 25 de octubre del 2023, en la cual la exministra de Comunicación de Rodrigo Chaves, Patricia Navarro, reveló que el exjefe de despacho presidencial y actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, ordenó dar más publicidad a dos medios de comunicación en específico.
Se trata de los sitios web El Mundo CR y El Guardián. La exministra negó que se le haya dado una argumentación técnica para esa asignación de recursos. Jorge Rodríguez, por su parte, negó los señalamientos y restó credibilidad a Navarro.
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‘Democratización de pauta’ tampoco ocurrió en campaña presidencial
La investigadora Johana Rodríguez también analizó la inversión de los partidos políticos en publicidad durante la campaña presidencial de 2022, y encontró que el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó a Rodrigo Chaves al poder, fue el que más invirtió en pauta en periódicos.
De la totalidad de dinero de deuda pública que se destinó a periódicos, el 42% fue a nombre del PPSD, principalmente en Diario Extra. El gasto del partido oficialista en prensa escrita fue superior al de las agrupaciones con más gastos durante la campaña: Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Incluso, Rodríguez encontró que el PLN, PPSD y Nueva República (PNR) fueron los tres partidos que más dinero en publicidad colocaron en la televisora Repretel.
Televisoras regionales como TV Norte y Canal TV Sur recibieron pagos del PLN y el PPSD, pero por montos inferiores a los ¢16 millones, prácticamente simbólicos en comparación con las televisoras y cableras más grandes. Situaciones similares ocurrieron en el sector radiofónico.
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Urge un marco legal para regular la pauta estatal
Tras su análisis, Rodríguez consideró urgente crear un marco legal y transparente que regule la asignación de la pauta oficial de manera igualitaria, lejos de decisiones arbitrarias.
Además, motivó a crear procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios para la asignación de pauta, de manera que la contratación a medios de comunicación de forma directa sea solo en casos excepcionales, de emergencia o imprevistos.
“La pauta estatal no debe ser un mecanismo para premiar a aquellos medios de comunicación afines al Gobierno, o para castigar a los medios críticos y cuya línea editorial no sea afín al Gobierno de turno. Por el contrario, debe ser la manera en que las instancias públicas muestren a la sociedad todas las acciones que realizan a partir de los principios de transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos públicos”, explicó la investigadora.
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