Bomberos en llamas
Demasiadas denuncias ponen en duda el manejo del Cuerpo de Bomberos, y a eso se suma una cláusula que permite despidos sin justa causa, la cual puede ser usada para ocultar irregularidades.
La situación en el Cuerpo de Bomberos se torna preocupante. A medida que recibe más financiamiento —producto del impuesto del 4% sobre las primas de pólizas que se venden en el país más el 1,75% sobre la factura de electricidad—, las denuncias por presuntas irregularidades también aumentan.
Lo grave es que, en ese contexto de suspicacia, la entidad reactivó el artículo 123 de la convención colectiva, que permite los despidos sin justa causa. Curiosamente, entre los primeros despedidos hay 10 que le reportaron anomalías administrativas a Mónica Araya mientras presidió, durante dos años, el Instituto Nacional de Seguros y el Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, hasta que el mandatario Rodrigo Chaves la destituyó el 8 de mayo.
Desde octubre del 2022, Araya había pedido suspender el 123 porque temía que se usara “para callar a la gente y que no denunciaran”. No había pasado un mes desde su remoción cuando el Consejo Directivo revivió la cláusula para, en cuestión de días, hacer despidos. Esto es extraño, máxime si se tiene en cuenta que Araya dijo haber recibido 100 denuncias anónimas en su gestión.
Una, precisamente, la llevó a suspender la compra de 15 extintoras por la suma de $10 millones en un proceso con un único oferente, adjudicado, dijo, en tiempo récord. Hay más. Están el viaje privado en avioneta pagado con fondos de Bomberos; los ¢10 millones de caja chica para abonar diseños de esculturas compradas en ¢102 millones; los presuntos “vínculos personales” entre funcionarios de Bomberos y la Fundación Bomberos por Siempre, o la sospecha de uso de vehículos institucionales para que, en tiempo laboral, funcionarios recolectaran firmas en favor de un candidato al Consejo Directivo.
Ya eso es mucho con demasiado, como dice la frase popular, pues hasta en la no tan chica caja chica, la auditoría interna determinó “riesgo de fraude” por el descontrol con que se manejó entre el 2020 y el 2022. Si a eso se añade que a quien se atreva a denunciar se le puede despedir sin justa causa, la alarma es más que suficiente: Bomberos está en llamas. Lo más sano y transparente es renovar sus mandos para dar confianza en que los millonarios ingresos por impuestos están diáfanamente invertidos.
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El autor es jefe de Redacción de La Nación.
