Editorial: Opacidad en el MEP
El Ministerio de Educación Pública (MEP) sigue una política de sigilo y, en el mejor de los casos, posposición de la entrega de informes requeridos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes y, por extensión, la labor de la cartera. Ni siquiera es oportuna y completa la información necesaria para examinar el sistema de evaluación del desempeño educativo, objeto de bien fundadas críticas.
Dos meses y medio después de haber hecho la solicitud, el prestigioso programa Estado de la Educación no ha recibido información clave para producir su décima edición. Con tanta experiencia, los investigadores del informe saben perfectamente el tiempo requerido por las autoridades para responder a sus solicitudes de información y no encuentran precedente para la demora actual.
A finales de julio, la diputada liberacionista Rosaura Méndez, de la Comisión de Educación del Congreso, pidió al MEP entregar los datos, pero su llamado no surtió efecto. La Nación preguntó, el 19 de agosto, por la fecha de entrega de la información solicitada, pero no recibió respuesta.
Se trata de información inequívocamente pública sobre los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas y las pruebas de diagnóstico del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), hechas en el 2022. En el caso de las primeras, el MEP tardó seis meses para hacer públicos los resultados y, cuando lo hizo, suscitó una oleada de cuestionamientos.
Los resultados se tradujeron a la simbología de los colores de un semáforo para clasificar a los estudiantes en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. A partir de esa simplificación, es imposible saber el aprendizaje logrado por los alumnos, sobre todo porque el MEP se abstuvo de ofrecer una clara definición de cada categoría.
Un estudio de la Unesco encontró, en el 2019, que el 46 % de los niños costarricenses no alcanzaban desempeños de aprendizaje mínimos aceptables en lectura al final de la primaria. Con el semáforo del MEP no podemos saber, por ejemplo, si los alumnos en el nivel básico poseen un dominio suficiente de las habilidades examinadas en aquella oportunidad, o si intermedio (o amarillo) significa bueno por comparación, pero insuficiente.
El país tiene derecho a conocer la información y tiene derecho, también, a exigir su oportuna entrega a la comunidad académica para adelantar la investigación, el análisis y el debate. La insistencia en demorar el suministro de datos, indispensables para valorar el desempeño de los estudiantes y del propio Ministerio, no tiene justificación. Solo cabe sospechar temor de las autoridades a la crítica por resultados poco halagadores.
En ningún otro ámbito tiene mayor asidero esa sospecha que en el programa de formación tecnológica, anunciado después de la ruptura con la Fundación Omar Dengo, y el descarrilamiento del Programa Nacional de Informática Educativa, ejecutado con éxito durante tres décadas. Precisamente, el VIII Informe Estado de la Educación, publicado en el 2022, elogió los resultados de ese programa y su contribución a la formación de docentes en competencias digitales, en cuya ausencia “la situación del país sería alarmante”.
La probabilidad de un fuerte contraste entre esos resultados y un programa de formación tecnológica del cual se sabe poco, salvo por sus dificultades de arranque, podría ser el motivo de la retención de los datos solicitados por el Estado de la Educación en el ámbito específico de la informática educativa. No obstante, la información recopilada por el MEP no es suya. Pertenece al país y debe estar disponible para quien la solicite, sea un medio de prensa o un programa académico especializado.