Fiscalía de Nicaragua acusa a ‘críticos’ sandinistas de fraude y malversación
San José. La fiscalía de Nicaragua anunció este viernes que ocho funcionarios están presos y serán juzgados por “fraude” y “malversación de caudales públicos”, pero la oposición afirma que se trata de un grupo de militantes sandinistas críticos del gobierno de Daniel Ortega.
Según la fiscalía, acusada de servir a los dictados de Ortega, los ocho funcionarios permanecen en prisión preventiva y serán juzgados a partir del 11 de setiembre “en atención a la gravedad de los ilícitos cometidos contra el erario público”.
Sin embargo, medios opositores editados en el exilio aseguraron que los ocho son militantes del Frente Sandinista que integraban un grupo de WhatsApp denominado “La Comuna”, en el que criticaban decisiones del gobierno de Ortega.
Según estos medios, fueron detenidos el 26 de julio junto a Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador, asesinado en 1976 bajo la dictadura de Anastasio Somoza.
“Fiscalía acusa a todos los que estaban en un grupo de WhatsApp con Carlos Fonseca Terán, menos a él”, indicó el portal del diario La Prensa, que se edita en Costa Rica.
“Los amigos de Carlos Fonseca Terán son presentados por la fiscalía como un ‘grupo delictivo’ que robó fondos del erario público”, agregó.
“Aunque ninguno de los integrantes de ‘La Comuna’ renegaba del liderazgo de Daniel Ortega, sí cuestionaban algunas decisiones del régimen”, indicó el portal Confidencial.
El portal agregó que el hijo del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se encuentra bajo arresto domiciliario.
“Fonseca Terán lideraba el grupo de WhatsApp de ‘La Comuna’, pero el régimen no lo acusa ni informa sobre su detención bajo arresto domiciliario”, indicó Confidencial.
Rosario Murillo, la supuesta ‘bruja’ que odia a la Iglesia
El gobierno de Ortega y de su poderosa esposa, Rosario Murillo, endureció su postura frente a sus críticos tras las protestas opositoras de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Tras acusarlos de traición a la patria, en 2023 el gobierno excarceló, expulsó del país y despojó de nacionalidad y bienes a 316 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos.
También arremetió contra la Iglesia católica y cerró unas 5.500 oenegés, muchas de ellas religiosas.