Gobierno se comporta de manera desigual con nombramientos en BN y Banco Popular
En tiempos de remezones en el sistema financiero, el gobierno se comporta de manera desigual en relación con nombramientos clave en dos bancos sistémicos: el Banco Nacional (BN) y el Banco Popular (BP).
En el BP, el Gobierno mantiene un presidente que incumple la idoneidad, según Sugef y exauditor
El jueves 5 de setiembre, el exauditor general del Banco Popular (BP), Manuel González Cabezas, calificó de “grosero” el nombramiento del exdiputado Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), como directivo y presidente del BP.
Este es un nombramiento hecho por el gobierno de Rodrigo Chaves que, en criterio del exauditor, incumple con la reglamentación financiera sobre la idoneidad de los directivos bancarios.
La posición de Manuel González es coincidente con la que emitió oficialmente la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
El exdiputado carece de los requisitos y la experiencia requeridos para un cargo de este tipo, dijo el exauditor, quien advirtió de lo delicado del asunto tomando en cuenta que el BP es un banco sistémico, al igual que el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica (BCR) y el BAC.
El concepto sistémico se refiere a que el peso del banco tiene el poder de impactar a todo el sistema financiero y la economía del país, si sufriera un deterioro en su funcionamiento o cayera en insolvencia.
Según el exauditor, la experiencia de Sánchez es casi nula porque, para ser directivo de un banco sistémico, el reglamento sobre idoneidad exige haber ejercido un cargo de directivo o alta gerencia en al menos ocho años de los últimos diez años.
Ante la Comisión Legislativa para el Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, Manuel González adujo que la única experiencia de Sánchez en cargos públicos es su paso por la Asamblea Legislativa, además de un breve periodo como directivo del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) en 1993. Por esta razón, no se explica cómo logró llegar a la presidencia del Banco Popular.
El gobierno de Chaves nombró al exdiputado en setiembre del 2022 y, un año después, la Junta Directiva lo designó presidente. Además, el Poder Ejecutivo lo designó en la Junta Directiva del Cuerpo de Bomberos.
La situación llegó al grado de que, el pasado 30 de junio, la Sugef recomendó al gobierno revocar el nombramiento del exdiputado, así como los de otros dos directivos nombrados sin contar con la experiencia necesaria (María Clemencia Palomo y Eduardo Navarro).
No obstante, la administración de Rodrigo Chaves decidió mantenerlos en sus puestos, con el argumento de que es necesario evitar una disrupción en la gobernanza del banco. Jorge Eduardo Sánchez sostiene que él sí cumple con los requisitos para el cargo.
En tanto, el BP entró en irregularidad financiera principalmente por problemas en la calidad del gobierno corporativo.
Gobierno exige revocar nombramiento de gerente del BN
El mismo jueves 5 de setiembre, el Consejo de Gobierno solicitó a la Junta Directiva del Banco Nacional revocar el nombramiento de la gerente general, Rosaysella Ulloa Villalobos, tan solo dos días después de su designación, efecutada el 3 de setiembre.
De inmediato, la Junta Directiva del BN comunicó públicamente que rechazó la petición de Casa Presidencial y se puso a la orden de cualquier autoridad administrativa o judicial que quiera revisar el proceso de selección.
En un comunicado público, pero sin precisar hechos, el gobierno alegó que la selección careció de transparencia y anunció una investigación preliminar, así como el envío del caso al Ministerio Público y la Procuraduría de la Ética.
Del proceso de selección se encargó la firma Doris Peters & Asociados, la misma que la campaña de Rodrigo Chaves contrató para escoger candidatos como el actual primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner.
En una ocasión anterior, el gobierno también envió una denuncia al Ministerio Público al estar disconforme con nombramientos, pero finalmente se demostró que no hubo anomalía alguna.
Así ocurrió con las exdirectivas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Sandra Rojas Araya, María Elena Feoli Peña y Carla Murillo Solano. El presidente Chaves las destituyó al atribuirles un nombramiento ilegal por falta de requisitos, pero la Fiscalía concluyó que no existió ningún hecho controversial o doloso.
La Junta Directiva del BN alegó que el proceso de selección de su gerente fue transparente y señaló al gobierno que la Constitución Política otorga a los bancos comerciales del Estado y a las juntas directivas absoluta independencia para tomar decisiones.
Además, argumentó que la ley respalda la posibilidad de colocar en la gerencia general a personas que han desarrollado su carrera dentro del banco.
La designada era la gerente general interina del Banco. Inició su carrera en el BN en 1992 y es licenciada en Administración de Negocios por la Universidad Latina de Costa Rica, así como máster en Administración de Empresas, con especialización en Banca y Finanzas de Desarrollo, por el Incae Business School.
Chaves insiste en venta del BCR
Esta semana, el presidente Chaves también insistió en su proyecto de venta del BCR, a la luz de lo ocurrido en la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del BCR (BCR SAFI) con la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) a un grupo de otro exdiputado del PUSC, Humberto Vargas Carbonell (2014-2018).
Chaves insistió en que el BCR genera poca rentabilidad social.En torno a la compra del Parque Empresarial del Pacífico, una investigación de la Auditoría determinó que la SAFI BCR pagó $35 millones de más.
Por su parte, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) concluyó que BCR SAFI podría caer a un nivel en el que ya “no sea viable su operación”, debido a la compra del PEP, por lo que exigió al BCR tomar medidas como una capitalización por ¢22.000 millones. El Banco acató la medida.
Fiscal señala intromisión de Chaves
Esta semana, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, estimó que Rodrigo Chaves incurre en intromisión en la pesquisa judicial que involucra a un conocido del mandatario, el empresario Allan Pacheco Dent, quien visitó en al menos siete ocasiones la Casa Presidencial.
La pesquisa examina las actuaciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) en el otorgamiento de un permiso para talar árboles en fincas que, en criterio del Ministerio Público, contienen bosques y humedales que deberían estar protegidos dentro de los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
En declaraciones al medio de comunicación Puro Periodismo, el fiscal general respondió afirmativamente cuando se le preguntó si consideraba que declaraciones pronunciadas por el presidente constituían una “abierta intromisión en las funciones jurisdiccionales”.
Díaz calificó las afirmaciones de Chaves de desafortunadas y señaló un desconocimiento del proceso judicial. En todo caso, estima que las acciones del presidente son meramente políticas, no técnicas.
El mandatario ha salido en defensa del empresario Pacheco Dent y cuestionó allanamientos hechos por la Fiscalía.
En julio, dijo que solo se habían cortado 23 árboles y que el “escándalo” era un distractor. A finales de agosto, también dijo que visitó Gandoca-Manzanillo y no observó tala de árboles en la zona de protección.
Los peritajes judiciales, en cambio, señalan que, en la zona donde se hizo la tala, había bosques y humedales.
Nos contactamos de nuevo en una semana. Se despide Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.