El futuro del trabajo
El Informe del Futuro del Trabajo, publicado por el Foro Económico Mundial, confirma que la automatización y la inteligencia artificial están redefiniendo el mercado laboral a un ritmo más acelerado de lo previsto. Si bien el informe proyecta la creación de 170 millones de empleos nuevos a nivel global para 2030, también estima la desaparición de 92 millones de puestos por efecto de la automatización. Un saldo neto positivo que, en el papel, sugiere optimismo.
Pero, ¿cómo se traduce esto para un país como Costa Rica? En un contexto donde la estabilidad económica es frágil y la inversión social sigue a la baja, el país enfrenta un desafío estructural: la capacidad para formar talento en línea con las nuevas demandas laborales es limitada, debido a la ausencia de políticas públicas consistentes que alineen la educación y la capacitación con las necesidades del mercado.
El informe subraya que los empleos con mayor crecimiento en demanda están vinculados con la tecnología: especialistas en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad, lo que requiere formación en capital humano en áreas especializadas.
Además, el informe revela que el 50% de los empleados necesitarán recapacitación en los próximos cinco años. Sin embargo, el acceso a programas de formación para trabajadores en Costa Rica sigue siendo desigual. El INA, por ejemplo, aún no se adapta plenamente a las demandas del sector productivo, y las iniciativas de educación continua en universidades son costosas y de difícil acceso para amplios sectores de la población.
Además, la seguridad laboral basada en títulos universitarios está en crisis. El informe resalta que las empresas están contratando cada vez más en función de habilidades y menos en función de credenciales académicas. En otras palabras, un título sin actualización constante tiene fecha de vencimiento. Esto es un problema en un país donde la universidad sigue siendo vista como la única vía legítima para la movilidad social, mientras la formación técnica sigue relegada a un segundo plano. Aumentar la inversión en educación con sentido estratégico debe ser visto no solo como un compromiso constitucional, sino como una obligación del Estado para no condenar a algunos sectores de la población a empleos de baja calidad.
Andrés Fernández Arauz es economista.