La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal penal internacional creado para enjuiciar a los autores —y no a los países— de los crímenes más graves de derecho internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra.
¿Cuándo entró en vigor? El Estatuto de Roma, Tratado que regula las competencias de la Corte y su funcionamiento, así como las distintas obligaciones de los Estados que forman parte, se aprobó en 1998 y entró en vigor el 1 de julio de 2002.
¿Dónde está? Su sede está en La Haya (Países Bajos) y no forma parte de la estructura de Naciones Unidas, sino que es independiente.
¿Qué países forman parte?En la actualidad, 124 países han firmado y ratificado el Estatuto de Roma. En febrero de 2024, Armenia se convirtió en la última incorporación a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, ninguna de las principales potencias mundiales se han comprometido con el organismo, lo que limita enormemente las competencias del tribunal.
Mapa de los países adheridos al Estatuto de Roma. Mapa: CPI
Hay 30 países que firmaron el estatuto, pero nunca lo ratificaron. Entre ellos Irán, Israel, Rusia o Estados Unidos.
Otros que nunca firmaron el tratado, como China, India, Corea del Norte, Arabia Saudí o Turquía.
¿Cómo se financia? Principalmente a través de los Estados miembros y de aportaciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales o particulares.
¿Qué procesos ha llevado a cabo? La Corte Penal Internacional ha llevado a cabo 31 procesos en los que ha enjuiciado a 51 personas, entre ellas los exmandatarios Muamar el Gadafi (Libia), Hasán Ahmad al Bashir (Sudán) y Uhuru Kenyatta (Kenia). Los tres fueron encausados por alguno de los crímenes de extrema gravedad sobre los que tiene competencias el tribunal.
¿Cómo funciona? Existen tres vías para que la CPI inicie una investigación: a petición de un Estado parte del Estatuto de Roma; por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —donde tres de los cinco miembros permanentes no reconocen al órgano— incluso contra un país no firmante; o por propia iniciativa del fiscal de la Corte.
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