La imposibilidad de hacer nombramientos se traduce, entre otras cosas, en un aumento del número de asuntos sin resolver.
En los últimos días, Pedro Sánchez ha dado una cifra sobre el coste que supondría el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El presidente ha dicho que “está costando a los ciudadanos, de media, unos 12,5 millones de euros al año”. Una cifra similar a la que dio el ministro de Justicia.
Y que “por cada año que no se renueva, el Supremo acumula mil asuntos de retraso y un 30% de plazas sin cubrir”.
Contexto. El mandato del CGPJ caducó en diciembre de 2018. Desde entonces, los partidos no han llegado a un acuerdo para renovarlo.
Además, en 2021 el Gobierno de coalición aprobó una ley que impide al Consejo nombrar a nuevos magistrados del Supremo mientras esté en funciones.
Todo esto ha dificultado cubrir los puestos que han ido quedando vacantes en el Alto Tribunal (entre otros), causando una “grave perturbación en su funcionamiento”, como advertía la dirección de su gabinete técnico.
El coste económico del bloqueo del CGPJ del que habla el Gobierno viene de un cálculo que hace el Ministerio de Justicia y se refiere al dinero extra invertido en su plan de refuerzo del poder judicial.
En 2021 la inversión fue de 10,9 millones, también según el ministerio.
Se ha invertido, entre otras cosas, en “reforzar el Supremo para suplir las bajas no cubiertas por otros jueces”, explica a Newtral.es Edmundo Rodríguez, magistrado de la Audiencia de Bizkaia y portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia.
La solución que se propuso fue enviar a varios magistrados al Supremo para asumir parte del trabajo.
“Esto supone pagar esos sueldos, además de los de los magistrados sustitutos que hay que colocar en su primitivo lugar de trabajo”, añade.
La falta de personal. El Poder Judicial calcula que hay unas 25 vacantes en total en las salas del Supremo (por jubilaciones y fallecimientos, entre otros), un 31,25% de su plantilla.
Lo que deriva en un aumento del número de asuntos pendientes de resolver (46.758 en 2024, un 7,2% más que en 2023).
Ya en 2021, con menos de la mitad de vacantes, el gabinete técnico del Supremo estimaba que esta situación implicaría “dictar unas 1.000 sentencias menos al año”.
En perspectiva. El bloqueo del CGPJ tiene otros costes y no solo afecta al funcionamiento interno del sistema de justicia, denuncia a Newtral.es Javier Jordán, presidente del sector nacional de Justicia de CSIF (la Central Sindical Independiente y de Funcionarios).
También “a los ciudadanos a los que se les ralentizan sus asuntos en los juzgados por la falta de magistrados”, explica.
Jordán teme las consecuencias a futuro, cuando “se restablezca la normalidad y haya que regularizar todo este atasco en un plazo razonable de tiempo”.
Fuentes
Edmundo Rodríguez, magistrado de la Audiencia de Bizkaia y portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia
Javier Jordán, presidente del sector nacional de Justicia de CSIF
Informe de la dirección del gabinete técnico del Tribunal Supremo sobre las vacantes de plazas de magistrado en el Alto Tribunal (2021)
Notas de prensa del Ministerio de Justicia sobre el aumento de refuerzos en el poder judicial (2022)
Datos del Poder Judicial sobre el número de vacantes y asuntos pendientes de resolver en las distintas instancias judiciales
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