El Ejecutivo se suma al recurso que presentó el Defensor del Pueblo contra la ley de protección de las personas trans y que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el año pasado.
El Consejo de Ministros ha acordado interponer dos recursos de inconstitucionalidad contra la ley trans y contra la norma de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid. Ambas quedan en suspenso mientras el tribunal de garantías los resuelve.
Así lo han anunciado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha señalado que estas normas “vienen a reducir, limitar e imponer nuevos requisitos a los derechos que ya se reconocían en leyes previas de la Comunidad de Madrid”.
El Gobierno solo recurrirá cuatro aspectos de la ley trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid que consideran “anticonstitucionales”, por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado:
Terapias de conversión. Redondo ha explicado que la ley autonómica hace una excepción de la prohibición “absoluta” de las terapias de conversión a personas trans que establece la normativa estatal, puesto que el artículo 13 de la ley 17/2023 permite el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, “que a menudo son formas encubiertas de este tipo de pseudoterapias”.
Menores trans. El Gobierno recurrirá también la obligación a los menores trans de someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar su transición. El Defensor del Pueblo ya llevó hace tres meses ante el Constitucional la ley trans de Madrid al entender estos requisitos como “patologizantes y desproporcionados”.
Derechos trans. Se recurrirá también la “contraposición discriminatoria” incluida en la ley trans cuando menciona que se les permite usar espacios o equipamientos “sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres”. “Garantizar los derechos de las personas trans no pone en peligro los derechos de otras personas”, señala Redondo.
Competencias estatales. Por último, el Gobierno considera que la norma autonómica trans invade las “competencias exclusivas” del Estado al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales o administrativos sancionadores
¿Y ahora qué? Estas normas quedarán paralizadas durante seis meses desde el momento en el que el Tribunal Constitucional admita los recursos que tiene previsto imponer el Gobierno, según Alegría.
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