El actual vocal del Consejo General del Poder Judicial ha sido el candidato propuesto por PP y PSOE tras el acuerdo alcanzado entre ambos.
Jose María Macías, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido propuesto como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC) tras el acuerdo al que han llegado PP y PSOE. La propuesta del nuevo magistrado se enmarca en el pacto para renovar a los vocales del CGPJ después de cinco años y medio de mandato caducado.
Macías ocupará el cargo de Alfredo Montoya, quien formaba parte del Constitucional que fue elegido a propuesta del PP en el Senado y que renunció a su cargo en julio de 2022 por motivos de salud. El TC llevaba dos años con un magistrado menos a causa de esta dimisión y ante la falta de acuerdo para una nueva propuesta.
Trayectoria. José María Macías (Barcelona, 1964) se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1988 y comenzó su carrera judicial en 1990, ejerciendo en el ámbito contencioso-administrativo hasta el año 2005. Como indica su biografía oficial del Poder Judicial, ha desempeñado funciones como miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Desde 1991 ha ejercido como profesor asociado de Derecho Administrativo y de la Unión Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona.
De 2002 a 2003 ha sido profesor asociado de Derecho Orgánico Judicial en la Escuela Judicial de España.
En 2005, a través de una excedencia, dejó sus cargos y se incorporó como socio al bufete Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
Vocal del Consejo General del Poder Judicial. En la actualidad Macías forma parte del Consejo General del Poder Judicial como vocal. En este cargo ha mantenido una postura dura contra el Gobierno de Pedro Sánchez llegando a pronunciarse sobre la ley de amnistía asegurando que era “inconstitucional” y puntualizando que «los mismos señores que van a salir beneficiados de la amnistía son los que con sus votos la están sacando adelante». En esta línea, aseguró en una entrevista que consideraba que el Estado de Derecho quedaba “abolido” a causa de esta ley.
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