Bajo la celebración de una “asamblea popular” los autores del ataque planeaban una "destitución del poder", según informa el Servicio de Seguridad de Ucrania.
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) ha asegurado este lunes que ha logrado frustrar un intento de “golpe de Estado” contra el Gobierno del presidente, Volodimir Zelenski.
El intento de golpe. Según el comunicado, un grupo de sospechosos “activistas” tenía “previsto tomar el Parlamento“ y expulsar a la “cúpula militar y política“ del país.
Estas personas convocaron el 30 de junio –día de la Constitución en el país– un acto público “pacífico” en la capital ucraniana. En realidad, según los servicios de seguridad, su objetivo era un “golpe de Estado“ mediante el derrocamiento de las autoridades civiles y militares ucranianas para ”apoderarse del edificio del Parlamento de Ucrania y bloquear su trabajo”.
La idea de estos supuestos subversivos era elegir, en el mismo acto, un nuevo “Gobierno interino”.
La Fiscalía ucraniana ha indicado que al menos cuatro personas están siendo investigadas por un suministro de materiales y por “hacer un llamamiento a un cambio violento de Gobierno”. De ellas, dos han quedado arrestadas de forma preventiva.
El líder. Las fuerzas de seguridad aseguran que el evento fue organizado por “el cofundador de una ONG” que “tiene experiencia en participar en actos provocativos que no han dado resultados» y que llevaba realizando “acciones antiucranianas desde 2015”.
Para llevar a cabo el asalto, esta persona “había alquilado una sala con capacidad para 2.000 personas y había buscado también personal militar y guardias armados de estructuras privadas”.
La investigación llevada a cabo por las autoridades apunta a que, entre los meses de mayo y junio, esta persona “y varios cómplices” habrían difundido mensajes desacreditando al Ejecutivo en los que llamaban a una “toma del poder“. Para evitar sospechas, “si se reunían, lo hacían en pequeños grupos de tres”.
“De esta manera esperaban socavar la situación sociopolítica dentro de Ucrania, lo que habría beneficiado a Rusia” aseguran las autoridades en el comunicado.
Los implicados en el delito se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión con confiscación de bienes.
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