¿Puede España modificar una directiva europea? Qué es y cómo funciona la trasposición de directivas europeas

Una directiva europea es una legislación aprobada por la Unión Europea (UE) que establece unos objetivos que todos los países miembros deben cumplir. Por eso, tienen la obligación de hacer una transposición de esas directivas europeas a sus legislaciones nacionales, lo que significa crear leyes para cumplir esos objetivos sin modificarlos. 

Según detalla el Parlamento Europeo en su normativa, las directivas establecen unos objetivos que no se pueden alterar. Sin embargo, Bruselas otorga cierta flexibilidad en cuanto a los medios para lograr esos objetivos. 

“Los Estados miembros gozan de facultades discrecionales en la transposición de las directivas al Derecho nacional, lo que les permite tener en cuenta las particularidades nacionales”, refleja la normativa europea. 

La encargada de supervisar este proceso de trasposición de directivas europeas es la Comisión Europea. Por eso, en caso de que un Estado miembro no trasponga una directiva de la forma adecuada, la propia Comisión puede iniciar un procedimiento de infracción contra dicho Estado​ con un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

Es el propio TJUE el que decide imponer sanciones financieras a un Estado miembro que no trasponga en tiempo y forma una directiva europea.

El trámite parlamentario para la transposición de una directiva europea en España

Después de que el Parlamento Europeo apruebe una directiva, el siguiente paso es que el Gobierno de España elabore y apruebe en Consejo de Ministros un proyecto de ley que incorpore los objetivos de esa directiva. 

Este proyecto de ley, después, sigue los trámites parlamentarios habituales de cualquier texto legislativo, primero en el Congreso de los Diputados. Esto es: presentación, debate de enmiendas y aprobación, en su caso, en el Pleno.

Tras su aprobación en el Pleno del Congreso, se remite al Senado, donde sigue un proceso similar, y también se termina por debatir en el Pleno. Si se aprueba, vuelve al Congreso donde, nuevamente en el Pleno, se aprueba de forma definitiva. 

El último paso es su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que fija su en vigor y completa el proceso de transposición.