Policías y guardias civiles acusan al Gobierno de improvisar el reparto de mascarillas
Los Ayuntamientos no recibieron detalles del plan hasta unas horas antes de su puesta en marcha y los agentes lamentan que el Gobierno anunciase la medida antes de estudiar su viabilidad
"Nos enteramos por rueda de prensa". El anuncio del reparto generalizado de mascarillas en los lugares más concurridos no sentó bien en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Califican la actuación del Gobierno de "improvisada" y consideran que había otros métodos más eficaces para hacer llegar el material a la población: "Sólo nos utilizaron por la foto". Todo ello con unos horarios y unas localizaciones que se modificaron a última hora.
La cronología de esta actuación arranca en el pasado viernes. El ministro de Sanidad Salvador Illa anunció que a partir del lunes -coincidiendo con la reapertura de actividades esenciales- se repartirían mascarillas en estaciones de metro, autobús y otros lugares concurridos. La actuación correspondía a miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas, policías locales y municipales y voluntarios de Protección Civil.
"La noticia provocó mucha sorpresa", afirma Pablo Pérez, portavoz del sindicato policial Jupol, con mayoría en el Consejo de la Policía Nacional. Las unidades no habían recibido ninguna notificación de que el lunes se desplegarían para llevar a cabo esta actuación. Primero fue el anuncio y después el planeamiento, afirman voces del cuerpo molestas con la gestión.
Reuniones a última hora
Durante el sábado, sin noticias del plan. La mayoría de los Ayuntamientos no recibieron instrucciones hasta el domingo por la tarde sobre cómo iban a coordinar el reparto de mascarillas. Reuniones coordinadas por las delegaciones del Gobierno que, en algunas ciudades, estuvieron marcadas por la "estupefacción", según fuentes políticas consultadas por Vozpópuli: "Proponían un plan que era imposible de cumplir y que retirásemos a miembros de la Policía Local que cumplían labores en espacios críticos para que repartiesen el material". Sobre la marcha se adecuaron nuevos planes de despliegue.
El Sindicato de Policía Local Asociada -con un alto número de representados en la Policía Municipal de Madrid- también tilda el plan de "improvisado": "No puede ser que unas horas antes llamen a las administraciones para organizar un despliegue de estas características", asevera José Francisco Horcajo, secretario general del sindicato. "La decisión sentó mal, teniendo en cuenta que el material escasea en algunos turnos y que ese día íbamos a repartir miles de mascarillas".
Complicaciones a las que hay que añadir la falta de información que reprocharon algunos Ayuntamientos: "Una vez detallado el operativo, nos dijeron que no nos anunciarían hasta el día siguiente dónde teníamos que recoger las mascarillas", detallan las fuentes políticas. "Al día siguiente" era ya el lunes, el mismo día en el que empezaría el reparto. Fue de madrugada cuando algunos consistorios recibieron la información del lugar donde los agentes podrían recoger el material, lo que provocó un profundo malestar en las policías locales.
Todo ello siguiendo unas instrucciones precisas. "Deberá remitirse un reportaje fotográfico de cada dispositivo montado de reparto. [...] Cualquier comunicación debe contener la información de que el reparto se hace desde el gobierno de España y en colaboración con el Ayuntamiento", detallaba el escrito remitido por las delegaciones del Gobierno a los pertinentes consistorios que publicó El Confidencial.
Fines "electoralistas"
"Hubo cambios de horario de última hora y sobre la marcha en muchas comisarías", apunta Pablo Pérez, de Jupol. "La falta de previsión y la improvisación trastoca la vida de los policías, que están para servir, pero no es válida toda falta de planificación". Y añade: "Muchos compañeros no supieron hasta última hora que les iba a tocar a ellos repartir el material".
El sindicato policial Jupol, junto a la asociación de guardias civiles Jucil, esgrimió un duro comunicado en el que acusaban a Pedro Sánchez de utilizar a ambos cuerpos con fines "propagandistas": "Pone a disposición de los intereses electoralistas a los 64.510 policías nacionales y de los 78.000 guardias civiles convirtiendo a una de las instituciones policiales más valorada y mejor preparada de Europa en un auténtico ejército de
apoderados al servicio de los intereses espurios de los partidos políticos que forman este Gobierno".
Los agentes también lamentaron tener que cumplir las funciones de "recaderos" en plena crisis sanitaria en España. Planteaban que la red de farmacias hubiese sido el lugar más adecuado para repartir el material: "Fernando Grande-Marlaska desoyó y rechazó la invitación de los farmacéuticos que hace días ofrecieron su red de 22.000 establecimientos para distribuir las mascarillas".
Malestar entre policías nacionales y guardias civiles por la gestión de esta iniciativa, que resumen de "improvisada" y que "supone un riesgo añadido para todos los agentes" que están en contacto directo con la población.