El Supremo da cinco días al Gobierno para entregar toda la documentación sobre el decreto de alarma
El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso de un abogado que considera que la reclusión decretada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez vulnera los derechos fundamentales
El Tribunal Supremo ha dado cinco días a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, para remitir toda la documentación relativa al decreto de alarma aprobado por el Ejecutivo a raíz de la crisis del coronavirus. Lo hace, según ha informado este miércoles ABC, tras admitir el recurso contencioso-administrativo presentado por un abogado contra esta medida al considerar que vulnera los derechos fundamentales.
El abogado que ha presentado el recurso, Curro Nicolau, ha solicitado como medida cautelarísima la suspensión del artículo siete del real decreto, debido a que, considera, choca frontalmente con los derechos fundamentales de libertad de reunión y circulación. Al haber solicitado las cautelarísimas, el Alto Tribunal ha requerido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que entregue toda la documentación relativa a este decreto en un periodo de cinco días.
El artículo siete del real decreto es el que limita la libertad de movimiento de los ciudadanos a las salidas al supermercado, centros sanitarios, lugar de trabajo, etc.
El texto presentado por este abogado denuncia que "la suspensión generalizada, universal, y permanente de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución no encuentra cobertura jurídico-constitucional en el estado de alarma".
En línea con otras críticas a la alarma
Tal y como publicó Vozpópuli, en marzo, un abogado experto en seguridad nacional presentó ante el Defensor del Pueblo una queja para que el organismo formalice ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por una presunta vulneración de derechos fundamentales tras la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno.
El escrito estaba firmado por Álvaro Écija, socio director de Ecix Group y miembro del Comité de Expertos Independientes del Departamento de Seguridad Nacional, en concreto del área de Ciberseguridad.
En su queja, el letrado afirmaba que “la declaración de pandemia está basada y calculada de forma errónea e incluso me atrevería a decir que mal intencionada” y apuntaba que “científicamente la seguridad puede ser calculada de forma sencilla y objetiva.