Ábalos esconde el contrato con el desconocido proveedor de mascarillas
La compra de 24 millones de euros a cargo de Puertos del Estado se mantiene como el secreto mejor guardado del Ministerio de Transportes, después de que Sanidad haya desvelado los detalles de más de 55 adjudicaciones vinculadas a la emergencia de la covid-19
El Ministerio de Transportes acordó el pasado 21 de marzo la compra de ocho millones de mascarillas a través de Puertos del Estado a una empresa con escasa trayectoria en el sector de la importación de material sanitario con sede en Zaragoza, como adelantó Vozpópuli. Un acuerdo que se mantiene escondido bajo siete llaves en el departamento que dirige José Luis Ábalos.
Mientras el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa ha desvelado en las últimas semanas los detalles de más de 55 adjudicaciones vinculadas a la situación de emergencia, la operación realizada por el equipo de Ábalos sigue sin resolver las dudas que rondan a su contrato.
El pasado lunes, 36 días después de la firma del contrato, la Plataforma de Contratación del Sector Público revelaba dos detalles sobre esta adjudicación. En primer lugar, el proveedor se llama Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas como ya publicó este medio, así que no había ninguna novedad; y segundo, el contrato tenía un valor bruto de 24 millones de euros. Una cifra superior a la de Correos, que licitó 12 millones de euros para la compra de 4,7 millones de mascarillas.
Al contrario que hizo Sanidad desvelando un 'acta de resolución del contrato', la empresa vinculada al Ministerio de Transporte se limita a un anuncio de la adjudicación sin ampliar detalles. Por ello, no hay rastro ni de la cantidad de mascarillas ni del precio unitario. Tampoco se revela ningún dato sobre el 'socio' elegido en esta adjudicación, un proveedor sobre el que se mantienen varias incógnitas.
La información publicada en el Registro Mercantil y en su propia página web muestran que Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas es una compañía en número rojos, sin publicitar ninguna actividad desde 2017, con su actividad concentrada en Angola y con dos adjudicaciones en este país africano realizadas con una empresa procesada por corrupción -Defex-.
El Ministerio de Transporte explica a este medio que esta adjudicación se ha realizado conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Un artículo titulado 'Tramitación de emergencia' y que permite realizar un contrato público sin "tramitar expediente de contratación". No obstante, esta misma normativa asegura que, en el caso de que el contrato se haya realizado por entidades públicas, "se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días".
"No es exigible legalmente"
Ante las continúas preguntas de Vozpópuli, el departamento que lidera José Luis Ábalos confiesa que esta información se desvelará cuando finalice el contrato, aunque destacan que "no es exigible legalmente". El contrato terminará, según matizan desde Transportes, cuando finalice el suministro.
"En aras a conciliar la urgencia en la provisión de las mascarillas y por tanto en el procedimiento de contratación utilizado, con la máxima transparencia posible, a la finalización de la ejecución del contrato y, pese a que no sea exigible legalmente, las entidades contratantes procederán a dar la oportuna publicidad en la Plataforma de Contratación del Sector Público", explicaban desde el Ministerio a este medio la pasada semana.
El abogado y catedrático Eduardo Gamero ya alertaba en un artículo en Vozpópuli de que la situación excepcional de contratación que se vive con el estado de alarma no es un “cheque en blanco” para que dejen de publicar las licitaciones en los respectivos portales habilitados. A su juicio, el artículo 9/2017 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) -que aborda las contrataciones en emergencia- agiliza los trámites de preparación, adjudicación y licitación, pero no marca excepciones para la publicación de su contenido.
Gamero añade que, en virtud del artículo 154.1 de la misma ley, la formalización de los contratos deberá publicitarse en un plazo máximo de quince días; las licitaciones menores podrán remitirse de forma trimestral. En ningún caso establece excepciones para los contratos de emergencia. Ni siquiera cuando se firma una gran cantidad de ellos en un breve periodo de tiempo, como se está viviendo en la actual crisis sanitaria.