La Fiscalía del Supremo investigará al rey Juan Carlos por blanqueo y descarta el cohecho
La investigación se refiere solo a hechos posteriores a 2014, por lo que no se podrá imputar ningún delito al monarca en relación al cobro en 2008 de una comisión por la adjudicación del AVE entre las ciudades de La Meca y Medina
La Fiscalía del Tribunal Supremo asume la investigación del AVE a La Meca al considerar que el rey Juan Carlos I podría estar "involucrado" en los hechos. Según ha informado este lunes el ministerio público en una nota de prensa, "resulta preciso la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado".
Las pesquisas pretenden delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
Según la información adelantada por El País, el ministerio público tendrá que decidir si se le pueden imputar al monarca varios delitos fiscales y blanqueo de capitales por mover el dinero que habría recibido tras la adjudicación por el Gobierno de Arabia Saudí de un macrocontrato de más de 6.000 millones a un consorcio de empresas españolas liderado por la constructora OHL.
Por el contrario, el ministerio público descarta investigar si Juan Carlos I cometió un presunto delito de cohecho al cobrar 100 millones de dólares en 2008 de la Monarquía saudí. Por el contrario, las pesquisas que desarrolla el fiscal suizo Ives Bertossa apuntan a que el rey emérito pudo haber percibido una comisión a cambio de una rebaja en la oferta del consorcio de empresas españolas que ganó el concurso para construir el AVE entre La Meca y Medina.
Diciembre de 2018
A partir de ahora, la Fiscalía del Alto Tribunal se hará cargo de las pesquisas que desde diciembre de 2018 dirigía el fiscal de anticorrupción Luis Pastor; aquellas vinculadas a la Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado "AVE del desierto", que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.
El fiscal especializado en delitos económicos Juan Ignacio Campos Campos estará al frente de la investigación. Según ha informado el ministerio público, el pasado 5 de junio la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, dictó un Decreto en el que le designaba por el "conocimiento exhaustivo de lo que se denomina Derecho penal económico" y por "su dilatada experiencia como Fiscal Jefe de una de las secciones penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo".
"Dada la transcendencia institucional de esta investigación", Campos Campos estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la "innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación".
Investigación en Suiza
Los hechos que ahora asume la Fiscalía del Supremo forman parte de una investigación que se lleva a cabo en Suiza por presuntos delitos de blanqueo de capitales. Según informaron a Vozpópuli fuentes jurídicas, las autoridades del país alpino sospechan que Juan Carlos I recibió 65 millones de euros (100 millones de dólares del año 2008) de parte de la familia real saudí a cambio de rebajar el coste de construcción del AVE a La Meca. La defensa de la que fuera amiga íntima del rey Corinna zu Sayn-Wittgenstein aseguró que fue un "regalo" ente monarquías.
El fiscal helvético Yves Bertossa se reunió en octubre con varios interlocutores españoles, en el marco de sus contactos por la investigación que se sigue en aquel país para esclarecer el origen de los fondos del entorno del rey emérito. En esa reunión, reclamó información al ministerio público español para proseguir con sus pesquisas. Entre otras cosas, solicitó la grabación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la que Corinna zu Sayn-Wittgenstein reconocía que ella había recibido importantes cantidades de dinero del propio Juan Carlos I.
Esta grabación fue adelantada por los diarios OKDiario y El Español, y entregadas al anterior instructor de la causa sobre Villarejo, Diego de Egea, quien abrió la pieza separada número 5, Carol, en la que se investigaba las presuntas comisiones ilegales y la existencia de testaferros en las negociaciones del AVE a La Meca. Estas pesquisas fueron rápidamente sobreseídas, al considerar que Juan Carlos I, como jefe de Estado, no puede ser investigado en virtud de la Constitución Española.
Comunicado de la Casa del Rey
Dos meses después de aquel encuentro entre las autoridades suizas y españolas, la Fiscalía anticorrupción envió una comisión rogatoria al país helvético para obtener información sobre los movimientos de dinero vinculados presuntamente a Juan Carlos I. Fuentes jurídicas han asegurado a Vozpópuli que la información aún no ha sido entregada a Madrid.
Desde entonces la prensa nacional e internacional ha publicado información relativa a las cuentas del rey emérito en el extranjero. El 15 de marzo, tras darse a conocer que el primogénito del monarca figura como beneficiario de dos fundaciones investigadas en Suiza, el propio rey Felipe VI anunció que renunciará a su herencia. Ese mismo día, la Casa de Su Majestad el Rey se desmarcó de las presuntas actuaciones del emérito e hizo público la decisión de Don Juan Carlos de designar un abogado para su defensa.