La Fiscalía retira el cargo de rebelión contra Trapero y se abre a una condena sin cárcel
El Ministerio Público propone como alternativa una pena por desobediencia que le evitaría entrar en prisión y castigada con inhabilitación de un año y ocho meses y 60.000 euros de multa
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado esta mañana lo que era una renuncia anunciada. El Ministerio Público ya no acusará por rebelión en lo referente al proceso soberanista. En este caso, la rebaja afecta al mayor de los Mossos d’Esquadra durante el 1-O, José Luis Trapero, y la cúpula política del cuerpo autonómico. El fiscal, Miguel Ángel Carballo, ha pedido para ellos penas de prisión por sedición con la alternativa de desobediencia.
Carballo ha explicado su cambio de parecer por la sentencia del Tribunal Supremo, que no consideró probada la rebelión en el caso de los líderes soberanistas. No obstante, la rebaja en cuanto a los años de cárcel solo es de un año con respecto a la petición inicial. Ha pedido para el mando policial una pena de diez años de prisión por sedición al igual que para sus dos superiores. En caso de que no lo viese así el tribunal, propone una alternativa un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia y 60.000 euros de multa.
Ha sido en la sesión número 28 que se sigue contra Trapero y contra los exjefes políticos de los Mossos César Puig y Pere Soler. Para lo tres, la Fiscalía comenzó pidiendo penas de once años de cárcel por rebelión en sintonía con la acusación de sus compañeros en el Tribunal Supremo. Para la cuarta acusada en el banquillo de los acusados, la intendente Teresa Laplana, pedía cuatro años de cárcel por sedición y lo mantiene. En su caso, la alternativa que propone por desobediencia es de 30.000 euros de multa y un año de inhabilitación.
En caso de que Trapero y el resto fuesen condenados solo a desobediencia por el tribunal, no tendría que entrar en prisión. El fiscal Carballo ya dejó claro el primer día del juicio, el 20 de enero, que tenía en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado otoño condenó por sedición a los líderes del proceso independentista catalán, por lo que en su calificación definitiva podría cambiar el delito de acusación.
Una renuncia a plazos
Ha sido una renuncia a plazos por parte de la Fiscalía después del revés que supuso para su relato aquella sentencia del alto tribunal. Los jueces abogaron por la tesis de la Abogacía del Estado, que defendía que era sedición, con penas más bajas. La abogada del Estado Rosa María Seoane consideró que no se había probado el grado de violencia necesario para sostener una acusación por rebelión. A su juicio, lo que estaba en juego era el orden público y no el orden constitucional.
La Abogacía del Estado había defendido la acusación por rebelión durante toda la instrucción del caso, pero semanas antes del juicio cambió a sedición. La variación vino de la mano de la nueva responsable del Departamento, Consuelo Castro, designada por la nueva ministra de Justicia Dolores Delgado, llagada tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. Eso provocó la renuncia del abogado del Estado encargado del caso, Edmundo Bal, hoy portavoz parlamentario de Ciudadanos.
Nada hacía prever que la Fiscalía insistiese en la rebelión. Más si se tiene en cuanta que la actual responsable de la Fiscalía es Dolores Delgado, quien ya defendió el criterio de aportar por la acusación de sedición cuando era ministra. El fiscal Carballo comunicó que aplazaba su decisión de sobre la acusación al final del juicio pocos días después de que se anunciase la candidatura de Delgado a dirigir el Ministerio Público, aunque antes de que tomara oficialmente posesión de ese cargo.
Trapero y el resto de acusados fueron autorizados por el tribunal a seguir la primera sesión del juicio tras la crisis sanitaria desde Barcelona, dado que solo estaba previsto conocer la postura del fiscal. Será la próxima semana, ya con presencia de los acusados, cuando la Fiscalía desarrolle ante el tribunal los motivos de este cambio y los argumentos por los que cree que debe condenar a los acusados.