La Fiscalía pide imputar a Fernández Díaz y a Cospedal por el espionaje a Bárcenas
El juez tiene pruebas de que la Policía trazó un plan pagado con fondos reservados para robarle al extesorero del PP información sensible sobre dirigentes del partido. La Fiscalía atribuye al ex ministro y la ex secretaria general los delitos de malversación, prevaricación y revelación de secretos.
La Fiscalía anticorrupción quiere que el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, cite a declarar como investigados por el presunto espionaje a Bárcenas al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, según ha avanzado eldiario.es y ha confirmado Vozpópuli. Se trata de las pesquisas que se siguen en la Audiencia Nacional en el marco de la llamada pieza Kitchen.
Lo que investiga el juez es si el Ministerio del Interior orquestó un plan sufragado con los fondos reservados para espiar al extesorero del PP y su entorno para robarle documentación comprometedora sobre el partido que en ese momento lideraba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Eran los años en los que el partido vivía inmerso en diversas investigaciones de corrupción sobre su caja B como Gürtel o los papeles de Bárcenas.
Los presuntos delitos por los que la Fiscalía pide investigar a Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal son malversación, prevaricación y revelación de secretos. Por estos hechos ya hay altos cargos de la seguridad del Estado imputados además del propio excomisario José Manuel Villarejo. Hasta ahora ha permanecido bajo secreto de sumario, pero el lunes se alzará y se dará traslado a las partes del contenido de las pesquisas, según informan a Vozpópuli fuentes jurídicas.
El primer juez que tuvo el caso Villarejo, Diego De Egea, firmó en 2018 una exposición razonada dirigida al Ministerio del Interior solicitando información. En este escrito, el magistrado explicaba que los fondos reservados empleados para en esta operación "presentarían un carácter formalmente oficial, pero de contenido manifiestamente ilícito lo que conllevarla una desviación de los recursos estatales para la consecución de finalidades espurias ajenas a las que son propios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".
"Me estoy enterando ahora"
Uno de los imputados es el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Era el número dos de Fernández Díaz. Cuando trascendió a los medios de comunicación que esta operación estaba bajo el foco de la Audiencia Nacional, el exministro se desvinculó de ella en declaraciones a Vozpópuli: “Me estoy enterando ahora. No me consta para nada”. Al mismo tiempo defendió a su secretario de Estado: “Él me ha garantizado que es falso y creo en su palabra”.
Para entonces, otro de los comisarios imputados en la causa, Enrique García Castaño, ya había declarado ante el juez que Francisco Martínez fue el destinatario de la información extraída a Bárcenas de sus móviles antiguos. Entre esos datos había mensajes aún inéditos entre el extesorero y Mariano Rajoy, según el relato del policía ya retirado. El pasado marzo, la Policía acudió a registrar la casa del secretario de Estado e incautó diversa documentación.
En el mismo escrito de 2018, el juez De Egea sostenía que el operativo policial investigado "excedería del marco legalmente previsto y que se dirigirla sin habilitación legal, o con exceso manifiesto de la que inicialmente podría haber tenido, a la localización de documentos y archivos de audio que resultarían comprometedores para determinados dirigentes del Partido Popular. Dicho operativo, habría tenido un resultado positivo".
María Dolores de Cospedal
Entre los investigados también está el que fuera director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y el ahora comisario Andrés Gómez Gordo. Este último trabajó como jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal durante el tiempo que la dirigente popular desempeñó el cargo de presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Este mando, según las pesquisas fue uno de los contactos con el chófer de Luis Bárcenas y por el que lograron infiltrarse en el entorno del extesorero.
Ese chófer se llama Sergio Ríos y también figura entre los investigados. Según las pesquisas, la trama policial le pagaba 2.000 euros al mes procedentes de los fondos reservados para que les diese información de Bárcenas. Luego obtuvo una plaza dentro de la Policía.