La Fiscalía avala la gestión del Gobierno ante la covid: "Fue idónea para contener la pandemia"
El Ministerio Público del Tribunal Supremo emite un extenso informe en el que se opone a investigar hasta 20 querellas presentadas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y descarga en las Comunidades Autónomas la responsabilidad del 8-M
La Fiscalía del Tribunal Supremo avala el papel desempeñado por el Gobierno ante la covid-19 y descarga en las Comunidades Autónomas la responsabilidad sobre las manifestaciones del 8-M. En un extenso informe en el que rechaza que se investiguen un total de 20 querellas presentadas contra el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez sostiene que su respuesta fue "idónea y razonable para contener la pandemia".
Sobre las marchas en defensa de la mujer remarca que las Delegaciones de Gobierno no tienen competencias en materia sanitaria y que solo podrían haber impedido las concentraciones en caso de suponer un problema de orden público. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que no admita a trámite las más de veinte querellas que se han ido interponiendo a lo largo del estado de alarma contra miembros del Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus.
Sobre “la acción desarrollada por el Gobierno a partir del día 14 de marzo de 2020, tras la declaración del estado de alarma, no puede sino concluirse que la acción ejecutada por los querellados en pro de la tutela de la salud pública de todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en territorio nacional resultó frenética, así como -cuando menos con arreglo al actual estado de la ciencia- idónea o, al menos, razonable para contener la pandemia”, dice el documento recogido por Vozpópuli.
Gestión del 8-M
Argumenta que “hasta la fecha no se han hallado otras alternativas efectivas frente al contagio de COVID-19, al margen de las medidas de confinamiento, prevención e higiene impuestas por el Gobierno, igualmente idóneas para paliar o mitigar los efectos de aquella enfermedad”. Destaca además la “ingente actividad desarrollada por el Gobierno de España con la aprobación de cientos de normas dirigidas a tutelar la vida e integridad de todos los ciudadanos".
A lo largo de un extenso informe de 310 folios, la Fiscalía contesta una a una todas las querellas presentadas contra el Gobierno, incluida una secundada por 3.000 personas. Se les acusaba entre otros delitos de homicidio y prevaricación. En sus argumentos incluye un apartado titulado: “Actuación desarrollada por el Gobierno en relación a las manifestaciones celebradas el 8 de Marzo de 2020 con ocasión del “Día Internacional de la Mujer”. En este punto, la Fiscalía del Alto Tribunal, descarga la responsabilidad en los gobiernos autonómicos.
“En fecha 8 de marzo de 2020 los miembros del Gobierno de España no ostentaban competencias para prohibir las manifestaciones que se celebraron a lo largo y ancho de España”, dice. A su juicio, eso es una competencia de los delegados del Gobierno, pero al mismo tiempo matiza que estos “no ostentan competencias en materia sanitaria”. “De ahí que pueda concluirse que la única administración competente en fecha 8 de marzo de 2020 para aprobar restricciones a la libertad de circulación o al derecho de manifestación por razones de protección de la salud pública correspondiera a las administraciones autonómicas”, concluye.
En descargo del Gobierno cita un documento difundido por el Ministerio de Sanidad, (“Comparecencia sobre las actuaciones desarrolladas en relación con el Coronavirus (Covid-19”) según el cual, fue justo la noche del 8 de marzo, horas después de la manifestación central de la jornada, cuando les comunicaron un repunte significativo de contagios en Madrid: “Fue en la noche del domingo 8 de marzo, como ya hemos contado, cuando se nos comunicó un importante incremento del número de casos en la Comunidad de Madrid”.
Compra de mascarillas
En cualquier caso, la Fiscalía expone que “el conocimiento científico de la covid-19 existente a finales de febrero y principios de marzo de 2020 se hallaba notablemente alejado del actual” y a modo de ejemplo dice que la mayoría de países del “entorno cultural han padecido situaciones muy próximas a las sufridas” en España. “En definitiva, las reglas de la lógica y la sana crítica permiten concluir que resulta sencillamente imposible afirmar que nuestras administraciones debieran haber previsto un escenario como el que finalmente se produjo”, concluye.
El ministerio público también rechaza que el Gobierno cometiera cualquier tipo de delito en la compra de 8,8 millones de mascarillas FFP2 a la empresa china Garry Galaxy, "ya que no incumplió ningún procedimiento establecido en la adquisición de las citadas mascarillas y la defectuosidad de las mismas estaba en ese momento fuera de su conocimiento. Además, todo ello hay que situarlo en el contexto de aquellas fechas, con una escasez muy importante de equipos de protección en los mercados nacionales e internacionales, así como la premura para la adquisición y distribución de los mismos", completa el escrito de la Fiscalía, que contesta a las querellas de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF) y del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España.
La Fiscalía tampoco ve delito en la compra y reparto de test del coronavirus defectuosos, pues el contrato se adjudicó a Interpharma; "siendo esta la que se comprometió a adquirir test idóneos para el diagnóstico rápido de Covid-19. Y, por lo tanto, resultando esta la empresa que, con claro incumplimiento de sus obligaciones contractuales, adquirió de una mercantil de de origen chino productos defectuosos", destaca el escrito, que exonera al Gobierno.
Y finalmente el Ministerio Fiscal también rechaza que el Ejecutivo de Sánchez pudiera ser cometido prevaricación al negarse a facilitar la composición de los expertos en sanidad que asesoran al Gobierno de España durante el estado de alarma: "Lo cierto es que en el artículo de opinión que se adjunta al texto de la querella se indica la identidad de aquellos expertos, apostillándose que la misma resultó ofrecida por el presidente del Gobierno en fecha 1 de febrero de 2020", zanja el documento dirigido al Tribunal Supremo.
El Supremo debe decidir
El informe lleva la firma del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas. Aún tiene pendiente de informar sobre su parecer al respecto de una treintena de denuncias presentadas también contra el Gobierno. Quien presenta una querella, manifiesta su voluntad de ser parte en el procedimiento. En la denuncia sólo se exponen hechos, pero no implica ser parte en el procedimiento ni es necesario identificar a los responsables. Tras este pronunciamiento de la Fiscalía, el Tribunal Supremo tendrá que tomar la decisión de si decide investigar o no al Ejecutivo.
En la elaboración del informe han colaborado el Fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos y la fiscal de Sala Delegada en materia de Tutela y Protección de los intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce, así como la Unidad especializada de Siniestralidad Laboral.
Los querellantes son el partido político Vox, asociaciones como la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (Cesif), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3268 personas.