Purga ideológica en la Fiscalía
La democracia está mutando a pasos agigantados en ‘pedrocracia’, que equivaldría a un sistema democrático, pero no al servicio de las necesidades de los ciudadanos sino al de Pedro Sánchez
Lo que marca el tránsito de un régimen liberal y democrático a uno totalitario es la quiebra del principio de legalidad. Que la actuación de todos los ciudadanos, incluida la de los poderes públicos, esté sometida al imperio de la ley, es la base sobre la que se construye la división de poderes y la garantía del principio de igualdad. Cuando los derechos de las élites dirigentes se tornan en privilegios y sus actos contrarios al ordenamiento jurídico no obtienen reproche legal, cuando las instituciones dejan de servir al ciudadano y se convierten en instrumentos de agitación y represión al servicio del poder, podemos concluir que la legalidad ha muerto. Y cuando ésta desaparece, la arbitrariedad toma el relevo y la democracia deja paso a la tiranía.
Entenderán ahora por qué la neutralidad institucional es una necesidad de primer orden que ha de trascender al juego político. Considerar colmadas sus exigencias porque quienes colonizan las instituciones pertenezcan a un bando político determinado no es sólo irresponsable sino también muestra de un burdo colaboracionismo con los aspirantes a dictatorzuelos.
En España, esta transición ya se ha puesto en marcha, de una manera bastante sui generis: la democracia está mutando a pasos agigantados en ‘pedrocracia’, que equivaldría a un sistema democrático, con su correspondiente entramado institucional, pero no al servicio de las necesidades de los ciudadanos sino al de Pedro Sánchez y de su Gobierno. Los pasos que se están tomando en pos de la consecución de este objetivo son bastante reveladores de las intenciones subyacentes de sus protagonistas. Cuando el Gobierno anuncia la reforma del delito de sedición para beneficiar a los políticos independentistas presos, miembros de los partidos que son sus socios naturales de Gobierno, está asestando un golpe mortal el principio de legalidad. Pero el origen del mal, el “navajazo” que dejó a la neutralidad institucional moribunda, lo asestaron cuando colocaron a Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Dolores dejó la cartera ministerial de Justicia para tomar posesión en la fiscalía sin solución de continuidad y sin disimulo. No crean que fue nada casual ni una mera exhibición impúdica de nepotismo: fue un desembarco en toda regla en el poder judicial, cuya independencia resulta muy molesta a quien anhela el poder omnímodo. Hasta tal punto es así que lo del delito de sedición ya lo tenían en mente entonces, pues el ministerio público tiene una intervención relevante en el procedimiento que permitiría que a unos condenados por sentencia firme se les aplique un tipo penal más beneficioso creado con posterioridad.
El abotargamiento de nuestra sociedad pandémica parece animarlos a avanzar en su agenda instrumentalizadora. La semana pasada desayunamos con un informe que el teniente fiscal Luis Navajas emitió en sustitución de Delgado. En él exoneraba de cualquier responsabilidad al Ejecutivo por su actuación en la gestión de la covid-19. Podemos discutir las consideraciones jurídicas del informe (yo comparto algunas), pero no podemos ignorar las de índole político, intolerables en un dictamen de estas características. Las víctimas del coronavirus que hay tras las querellas no merecen que la inadmisión de sus escritos vaya acompañada de loas a la gestión gubernamental. Lo razonable es exigir cierto decoro a alguien que se mantiene en su puesto de manera irregular desde hace casi un año gracias a los favores de la fiscal general más politizada de la historia democrática. Y si les cuento que Navajas coadyuvó a la defensa del exjuez Baltasar Garzón, con el que Lola mantiene una “estrecha relación”, pidiendo su absolución en la causa de los crímenes del franquismo por la que finalmente resultó condenado, reconocerán que demandar al teniente fiscal cierto pudor es lo mínimo.
Pero ni eso. Ante el malestar generado dentro de la fiscalía por el informe exculpatorio, don Luis decide conceder una entrevista a los medios de comunicación en los que califica a algunos de sus compañeros de “tropa” y los acusa de querer presionarlo.
No se engañen sobre las intenciones de Navajas, porque no acudió a la prensa para ser escuchado ni para dar su versión: el objetivo era proveer a Dolores de un pretexto para iniciar una purga ideológica en la Fiscalía. Ya me dirán si no cómo se explica que la fiscal general abra una investigación interna por las presuntas presiones denunciadas por Navajas no por los cauces reglamentarios, sino de manera prepotente y bravucona en un programa de radio. No me digan que esto de denunciar a la gente ante la prensa, en lugar de siguiendo el procedimiento establecido, no les suena de algo. Y es que parece que el ‘Me Too’ ideológico ha llegado al Ministerio Fiscal y mucho me temo que, más pronto que tarde, trascenderá a la judicatura. La disidencia con Dolores se pagará cara, y no sólo por sus compañeros de la fiscalía, sino también por los sufridos ciudadanos.