La Comisión Europea censura la "relación" entre la Fiscalía y el Gobierno
Además, en su informe, Bruselas urge a España a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
Por primera vez, la Comisión Europea somete a examen la calidad y situación del Estado de derecho en todos los países de la Unión Europea (UE).
En la evaluación sobre España, se pone el foco en la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un tema del que no para de hablarse en las últimas semanas. Además, este el órgano procederá a realizar los nombramientos clave en el Tribunal Supremo, que se encuentra en funciones. El informe se hace eco de que el consejo lleva funcionando de forma interina y con el mandato caducado desde diciembre de 2018.
Además también hace hincapié en la "relación" entre el Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado por su régimen de nombramiento, el periodo de su mandato y el sistema de comunicación con Justicia.
Aunque la primera revisión del informe ha coincidido con algunas de las fases más agudas del procés y con el encarcelamiento de los principales líderes independentistas. el documento no menciona el conflicto catalán ni las actuaciones judiciales contra el Ejecutivo de Carles Puigdemont o el ya expresidente Quim Torra, según publica 'El País'.
Falta de renovación y la relación entre la Fiscalía General del Estado y el Ejecutivo
Este miércoles, Bruselas publicará el informe sobre España y el resto de países tras un acalorado debate previo sobre los puntos más conflictivos que afectan a algunas capitales.
Polonia y Hungría son los países más zarandeados. Aunque España supera el examen que se repetirá anualmente para detectar cualquier deriva antidemocrática entre los socios, el documento sí señala varias flaquezas del Estado de derecho español: en especial la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde diciembre de 2018, y el vínculo entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado.
El texto comienza exponiendo que el sistema judicial español "afronta desafíos en lo relativo a su eficiencia, con una creciente duración de los procesos judiciales". Sin embargo, inmediatamente después se centra en lo más espinoso: "La situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es otro reto, en particular porque todavía no se ha procedido al nombramiento de sus nuevos miembros".
Mejorable sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado
Ante el bloqueo político existente, Bruselas recuerda que las asociaciones profesionales han hecho continuos llamamientos a su renovación, y que el Consejo de Europa ha remarcado una y otra vez la "importancia" de asegurar que no sea percibido como un órgano "vulnerable a la politización". Las críticas de la Comisión coinciden con la presión ejercida por la mayoría de los partidos sobre el PP por el bloqueo en varias instituciones, entre ellas el CGPJ.
Bruselas también critica otro aspecto. El informe elaborado por el Ejecutivo comunitario considera muy mejorable el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado, en manos actualmente de la exministra socialista Dolores Delgado.
Bruselas pone el énfasis en que "la coincidencia del periodo de mandato” del Gobierno y la Fiscalía pueden "afectar a la percepción de independencia". Además aboga por una mayor transparencia en las relaciones entre la Fiscalía y el ministerio de Justicia al recordar que la legislación no obliga a hacer públicas sus comunicaciones.
Corrupción en las instituciones
Bruselas resalta asimismo que la ciudadanía percibe una generalización de la corrupción en las instituciones, con cifras en las encuestas muy superiores a la media europea. Aunque admite que España ha mejorado, echa en falta una estrategia para combatirla y critica la falta de coherencia en las normas sobre divulgación de patrimonio que han adoptado los diferentes niveles de administración.
La Comisión destaca que la libertad de prensa está protegida por ley, pero cree que debería haber más medidas de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación impresos; apunta que la cárcel "es una de las sanciones previstas por grave difamación contra algunos miembros de la familia real", y recoge las agresiones a periodistas en los últimos tiempos o "los obstáculos al acceso efectivo a la información, como la denegación selectiva de la acreditación de medios por parte de un partido político".
España remitió más de 100 páginas en respuesta a las preguntas planteadas por los departamentos de la vicepresidenta Vera Jourová y el comisario de Justicia, Didier Reynders.